Por reparar a la comunidad Nasa, el Ministerio del Interior en tiempos del gobierno Uribe, le entregó terrenos ancestrales de los afro en el Cauca. Después de siete años, y la intervención de varias instituciones, llegaron a un acuerdo.En la vereda Mazamorrero, entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, en el norte del Cauca, comunidades indígenas del Cabildo de Toribío y afrodescientes del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero se enfrentaron durante tres años por el predio San Rafael, de 517 hectáreas. Después de varias conversaciones entre ellos hicieron las paces, una vez más, confiando en que el gobierno les cumplirá con los compromisos sobre compras de tierras.
Ahora indígenas y afros se refieren entre sí como hermanos. Con la intermediación de la Contraloría Nacional, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Universidad Javeriana de Cali, los acuerdos comenzaron a concretarse a finales de 2013. El 18 de diciembre de ese año el Incoder entregó a los indígenas Nasa la mitad del predio Barrancón, en Buenos Aires, para cumplirle al Cabildo de Toribío. El 28 de febrero de 2014 los indígenas por su parte hicieron una entrega simbólica de la finca San Rafael al Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero.
“A pesar de las agresiones que sufrimos tanto afros como indígenas, entendimos que era importante llegar a un arreglo concertado, que las dos comunidades ganaran”, dice Edier Loboa, presidente del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero.
Por su parte, Esneider Gómez, gobernador del Cabildo de Toribío, asevera que “como organización hemos dicho que por medio del diálogo podemos solucionar cualquier tipo de conflicto. Y esta es una demostración más. El diálogo nos lleva a la convivencia y fraternidad entre pueblos y hermanos”.
El conflicto, desatado por una decisión apresurada del gobierno, terminó siendo tardíamente solucionado. Para ambas comunidades, esa demora del Estado, causó la muerte de los indígenas Luis Ever Vitonás Ramos, el 22 de mayo de 2011, y de Luis Heber Casamachín Yule, el 23 de noviembre ese mismo año.
“Esta es una muestra de dos cosas: primero, de la irresponsabilidad estatal en generar una situación administrativa que enfrentó a dos comunidades excluidas; segundo, que el Estado, cuando actúa de manera coordinada, puede solucionar cualquier tipo de inconveniente”, indica Luis Higuera, contralor delegado del sector agropecuario.
Las comunidades esperan ahora que el proceso continúe. Los indígenas esperan que el Estado compre para ellos un predio en Caquetá o en Putumayo para lo cual hay destinados 4 mil millones de pesos; mientras los afros confían en que el Ministerio del Interior les entregue la resolución que los reconozca formalmente como Consejo Comunitario y que el Incoder les titule de manera colectiva, como se ha hecho con las comunidades del Pacífico, el predio San Rafael. “Esto nos ayuda a blindar el territorio. Hoy, con la minería, creemos que con el título podemos hacer una mejor defensa”, argumenta Loboa.
De lograr una resolución del Incoder, los afros de Zajón serían la primera comunidad negra del Cauca, y la segunda del país después de San Basilio de Palenque (Bolívar), en tener un título colectivo fuera de la franja del Pacífico. Por interpretaciones de la Ley 70 de 1993, las comunidades más avanzadas en la titulación y conformación de consejos comunitarios son las del Pacífico y no las de los Valles Interandinos.
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