La Fiscalía 13 de Justicia y Paz está reconstruyendo los hechos en torno a la toma de institución académica por parte del paramilitarismo. La documentación deja claro cómo desde La Capilla, finca de Salvatore Mancuso, se nombraron y destituyeron rectores, y se dictaron las políticas universitarias y laborales.
Sede de la Universidad de Córdoba en MonteríaLuego de infiltrar con éxito las entidades gubernamentales y los organismos de seguridad cordobeses, Salvatore Mancuso emprendió un macabro plan para tomarse el poder de la Universidad de Córdoba. Y lo logró. En su empeño, dejó una dolorosa estela de muerte y desarraigo de la cual aún no se recupera este claustro universitario.
Este es, quizás, uno de los capítulos más dolorosos de las acciones paramilitares en este departamento que, gracias a las confesiones de ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre ellos el propio Mancuso, así como a los relatos de los sobrevivientes de aquella inclemente persecución, la opinión pública puede conocer en detalle lo que pasó en el Alma Mater entre los años 1998 y 2004.
La exhaustiva labor de documentación que viene realizando la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, con sede en Montería y encargada de investigar los crímenes de los bloques que ejercieron su dominio en tierras cordobesas, permite conocer aspectos inéditos de esta historia. Varios de estos pormenores fueron presentados recientemente en audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.
Uno de ellos guarda relación con la polémica elección de Claudio Sánchez Parra como rector de la Universidad de Córdoba. Parra Sánchez fue designado como rector por el Consejo Superior Universitario tras la renuncia de Víctor Hugo Hernández Pérez, el 4 de junio de 2002. Para aquel año ya era un secreto a voces que la agenda universitaria era trazada por Mancuso desde su finca La Capilla.
Y no andaban equivocados. Las indagaciones de la Fiscalía 13 han permitido ratificar que tanto el nombramiento de Sánchez Parra como la renuncia de Hernández Pérez se dieron por orden del exjefe paramilitar. Él fue quien diseñó varias de las políticas para este centro universitario entre 2000 y 2004, como la renegociación de la convención colectiva del sindicato, la eliminación del servicio de salud universitario, el congelamiento de los aumentos salariales a los docentes por obtención de méritos académicos, entre otros.
Paradójicamente, varias de estas medidas, según lo dijo el Fiscal 13 de la Unidad de Justicia y Paz, fueron aplaudidas en su momento por el Ministerio de Educación e, incluso, fueron referenciadas como modelo a seguir por otras universidades públicas con problemas de sostenibilidad financiera.
Lo que también fue un modelo replicado en otras universidades públicas de la Costa Caribe y del interior del país, como lo pudo documentar el Ente acusador, fue la sangrienta arremetida de facciones paramilitares contra estudiantes y profesores sindicados de ser “simpatizantes o auxiliadores de guerrilla”. (Ver: Los crímenes de Mancuso en la Universidad de Córdoba)
VerdadAbierta.com reconstruye apartes de esta historia, profundizando en detalles hasta ahora poco conocidos.
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