Próximamente se dará inicio simultáneo a dos mecanismos que buscan la participación de las víctimas en la agenda de La Habana. Por un lado, los cuatro foros en regiones colombianas que han sufrido con rigor el conflicto. Por el otro, el arribo a la Isla, escenario de las negociaciones, de una comisión que representa a las víctimas.
En una entrevista que Reconciliación Colombia le hizo a Paula Gaviria, directora gubernamental de la Unidad de Víctimas, la funcionaria fue tajante en afirmar que este es el momento, principalmente, de las víctimas de las Farc. “Puede ser una oportunidad. Las Farc tienen que oír a sus víctimas que son las que tendrán más que decirles y más que preguntarles”, dijo.
A juicio del Gobierno, la declaración de principios de La Habana en relación con las víctimas ratifica que los derechos de las víctimas no hacen parte de la negociación. “No se van a transar esos derechos y tampoco se ha hablado de que el mecanismo de reparación por esta organización va a ser el perdón”, insistió Gaviria.
Lo cierto es que en el marco de las negociaciones de paz de La Habana y después de 50 años de lucha armada, las Farc han decidido hablar sobre el reconocimiento de las víctimas, el derecho de estas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Meses atrás habían dicho que son estas –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc- las víctimas del conflicto.
Por eso, el tema de la impunidad no deja de generar tensión.
Críticos del proceso de negociación, como el expresidente Álvaro Uribe, han sido recurrentes en manifestar que “no se puede pensar en paz por encima de la justicia», donde no se reconozcan los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por las Farc y la responsabilidad legal de estos.
Frente a este tipo de posturas y fruto del nuevo ciclo de negociaciones y de cara al quinto punto de la agenda, en un comunicado conjunto, los representantes del Gobierno Nacional y de las Farc han acordado una declaración de principios para la discusión del tema de víctimas. Donde se expone que el reconocimiento del conflicto y las víctimas se configura como un escenario fundamental para después abordar la discusión sobre el tema de justicia.
‘Iván Márquez’, jefe del equipo negociador de las Farc, manifestó que «no se ha ido a La Habana a negociar impunidades. No. Somos conscientes de que en Colombia hay un conflicto. Que las víctimas son víctimas del conflicto. Que el Estado también es responsable por acción o por omisión”.
Representantes del Gobierno y de las víctimas de la violencia han visto con optimismo el comunicado realizado por el equipo negociador. Nelly González, representante de 300 organizaciones de víctimas del país, en conferencia de prensa en el Senado de la República, leyó la declaración de respaldo a los avances logrados frente al tema de víctimas.
Así mismo, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, manifestó que “es la hora de las víctimas y llega también la hora de la verdad donde los colombianos no deben dejarse confundir por las campañas de mentira que buscan opacar el proceso”.
Sin embargo, el reconocimiento de las víctimas y la determinación de impulsar procesos de esclarecimiento, no logran apaciguar los enfrentamientos que se han venido presentando entre el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez.
Montealegre, en el marco del foro “De la mano por la paz”, manifestó que en la actualidad “en Colombia se presenta una colisión entre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y el derecho a la paz que tiene toda sociedad”. Por lo cual no se podría acudir a los mecanismos ordinarios de administración de justicia en un futuro escenario de posconflicto. Planteando la necesidad de un marco de penas y de justicia penal transicional. Es decir de transición de un estado de cosas anormal a un estado de cosas normal.
En respuesta al Fiscal, en entrevista con RCN Radio, Ordóñez manifestó que es fundamental que se den espacios para la participación de las víctimas en el proceso de paz. Pero fue crítico en señalar que “hay sectores del gobierno del Estado que consideran que la paz se obtiene con esa condición de impunidad total”.
Frente a esto la ONU considera prioritario analizar a fondo la relación entre el fin de la impunidad y la prevención de amenazas emergentes en escenarios de posconflicto. Naciones Unidas considera que la justicia transicional es esencial para desarrollar sociedades justas y en paz.
En Colombia desde el año 2005 se vienen aplicando marcos normativos transicionales. La “Ley de Justicia y Paz” junto con la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR- marcaron la voluntad de reconocer los derechos de las víctimas y avanzar en garantías de no repetición.
Estos, sumados al Decreto 1290 para la indemnización de víctimas, a la Ley 1424 de Acuerdos de Verdad, a la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, al Acto Legislativo 01 de 2012 de Marco Jurídico para la Paz y a la Ley 1592 de Reforma de Justicia y Paz, se configuran como la estructura normativa para buscar el esclarecimiento de los crímenes con procesos de justicia y reparación para las víctimas.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional -ICTJ-, a través de su vicepresidente Paul Seils, manifestó que es de vital importancia “el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la creación de comisiones de verdad porque ya se entiende que la impunidad es inaceptable”.
Comisiones de la verdad, o de esclarecimiento histórico, junto con medidas de restablecimiento de derechos han sido parte de las experiencias adoptadas en los procesos de transición de Guatemala, Perú, Nepal y Sudáfrica. Donde se impulsaron escenarios de reconocimiento de víctimas, esclarecimiento de verdad y aplicación de marcos de penas transicionales para impulsar procesos de administración de justicia.
Sin embargo, todavía queda mucha tela por cortar en la discusión de fondo de estos temas que se ventilan en el marco de las negociaciones de los acuerdos de este proceso de paz que ya completa 18 meses. Y solo el tiempo dirá quién tenía la razón.