El 18 de agosto de 1989 es una fecha que ha quedado guardada en la memoria y grabada para siempre en las páginas de la historia de Colombia. Y no es para menos. A las 8:45 de esa noche asesinaron a Luís Carlos Galán Sarmiento.
Acababa de subir a una improvisada tarima en la plaza del municipio de Soacha, Cundinamarca, para acudir a un acto político cuando se sintieron las ráfagas de las ametralladoras y las balas acabaron con su vida. Con su muerte el país no solo perdió a quien, según las encuestas de la época, sería elegido presidente de la República en las elecciones del año siguiente. Con su asesinato Colombia se quedó sin uno de los más brillantes y valientes políticos de su generación. Un líder que por su talante, sus ideas y sus propuestas era la única ilusión de cambio y la luz al final del túnel para una nación que en esa época, por cuenta del narcotráfico y la violencia, había perdido el rumbo y la esperanza.
Ese asesinato devastó al país. Pero la investigación por el crimen fue una vergüenza plagada de irregularidades desde el comienzo. Unos días antes del magnicidio Galán se había salvado de ser asesinado el 4 de agosto en Medellín en un ataque planeado por hombres de su peor enemigo y a quien había denunciado y combatido: Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín. Sin mayor explicación y ante las reservas de la familia del propio líder del Nuevo Liberalismo tres días antes de ir al acto en Soacha el jefe de su esquema de seguridad fue cambiado por el entonces jefe del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, general Miguel Maza Márquez. Inexplicablemente la plaza a la que acudiría el hombre más amenazado del país en ese momento brillaba por el pobre dispositivo de seguridad por parte de la Policía.
Tan solo cuatro días después del magnicidio comenzó el largo camino hacia la impunidad. El 22 de agosto el director de la Dijín, el entonces coronel Óscar Peláez Carmona, anunció la captura de cinco personas en Bogotá que fueron presentadas como los asesinos de Galán entre los que estaba el farmaceuta barranquillero Alberto Júbiz Hazbún. Un mes más tarde se descubrió que un esmeraldero vinculado al narcotraficante alias el Mexicano, socio de Escobar, llamado Orlando Chávez confesó que él junto con los hermanos Jaime Eduardo y José Ever Rueda fueron los responsables del crimen. Insólitamente un juez otorgó libertad provisional en septiembre de 1990 a Chávez y José Ever y fueron asesinados al poco tiempo. Jaime Eduardo escapó de prisión de la cual salió por la puerta principal por medio de una suplantación y también fue asesinado en 1992. Hazbum y sus compañeros permanecieron en la cárcel 42 meses antes que un juez los dejara en libertad al comprobar que nada tenían que ver con el asesinato de Galán y salieron en marzo de 1993. El crimen quedó en la impunidad.
Pocos días después del asesinato, varias personas fueron detenidas y acusadas de haber participado en el crimen. Muchos de ellos pasaron varios años en la cárcel mientras probaban su inocencia. Foto Cortesía de El Tiempo
Pasaron casi dos décadas en las que gracias a la incansable lucha de la familia la Justicia volvió a poner sus ojos sobre el caso declarado delito de lesa humanidad. En agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia condenó a 24 años de prisión al exsenador tolimense Alberto Santofimio al considerar que se había aliado e instigado al jefe del Cartel de Medellín para matar a Galán, quien era su principal rival político. Desde entonces, está preso en la cárcel La Picota de Bogotá. En noviembre de 2013 la Fiscalía ordenó la detención del general Maza para llevarlo a juicio al considerar que pudo tener una participación en el asesinato, entre otras razones por cambiar el esquema de seguridad de Galán. Otros dos generales, Peláez, y Argemiro Serna, comandante de policía de Cundinamarca para la fecha del crimen, también fueron llamados por la Fiscalía a dar explicaciones sobre sus actuaciones. En junio de este año las autoridades también vincularon a Ezequiel Sanabria, el juez que en su momento ordenó la injusta detención de Hazbum y sus compañeros. Con estas recientes determinaciones la Justicia trata de armar el incompleto rompecabezas del crimen que hace 25 años enlutó a Colombia.
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