Más de 5.800 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2000 y 2010 son la expresión de una política sistemática articulada desde altas instancias del Estado, en la cual no ha habido esfuerzos eficaces por parte del Estado Colombiano por esclarecer estos crímenes de sistema. Los más altos responsables no han sido individualizados ni vinculados a las investigaciones judiciales ni las estructuras criminales que los diseñaron, implementaron, y ordenaron su ejecución. Por el contrario nuevas iniciativas para dejar la investigación y procesamiento de estos crímenes en la Justicia Penal Militar han sido presentadas nuevamente por el actual Gobierno ante el Congreso.
La Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que reune 23 organizaciones de defensa de derechos humanos que acompañan y representan judicialmente a víctimas de estos delitos presenta en este documento 12 Propuestas para abordar el tratamiento a estos crímenes en el marco del proceso de paz y propone medidas para prevenir nuevas víctimas y para la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.