Pese a los esfuerzos institucionales para que los desmovilizados vuelvan a la vida civil, en varias zonas del departamento hay un rearme, y los casos exitosos son pocos. Ver qué está fallando puede ser el punto de partida para hacer un mejor proceso con la guerrilla ante un eventual acuerdo de paz.
Aunque en Santander no hubo ninguna desmovilización colectiva de grupos paramilitares como sí ocurrió en otros departamentos, en la región viven excombatientes del Bloque Central Bolívar y de otras facciones de las Auc que provienen del Bajo Cauca antioqueño, sur del Cesar y del norte de Boyacá. También hay exguerrilleros de las Farc, del Eln y Epl, que individualmente se han ido entregando a las autoridades.
Según datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el organismo creado por el gobierno para lograr que los desmovilizados vuelvan a la vida civil, en Santander hay 2.254 excombatientes de grupos armados ilegales, de los cuales 2.120 decidieron participar del proceso que ofrece esta agencia estatal.
De esos 2.120 desmovilizados que decidieron reintegrarse, 89 han sido suspendidos por incumplimiento a Ley, entre ello haber cometido algún delito después de que entregaron las armas. Pero de este total, 91 murieron en distintas circunstancias y 216 ya terminaron el proceso, lo que supone que en la actualidad por lo menos 1.724 ex combatientes siguen vinculados de alguna forma al proceso de reintegración.
Pero las cifras también evidencian el panorama complejo de los desmovilizados en la región. De los 2.254 ex paramilitares y exguerrilleros que el gobierno determinó hay en el departamento, 210 fueron capturados por haber cometido algún delito y 68 fueron asesinados.
En terreno, tanto instituciones estatales como organizaciones sociales y de derechos humanos coinciden con dos realidades sobre los desmovilizados. La primera es que en la región hay ejemplos positivos de excombatientes que después de un proceso de reintegración de siete años logaron estudiar, formar empresa, trabajar con comunidades vulnerables y ser aceptados como vecinos o compañeros de trabajo. Todo ello tuvo el apoyo de empresas públicas y privadas que se ha preocupado por poner en práctica una política integral de reintegración.
La segunda es que en el departamento hay un rearme. En Bucaramanga y el área metropolitana los medios de comunicación informan de forma recurrente que en los barrios más pobres hay enfrentamientos entre ‘parches’, asesinatos de jóvenes y capturas de jefes de bandas.
En la región del Bajo Magdalena Medio, donde históricamente ha habido una disputa por las riquezas de la zona y las rutas del narcotráfico, las comunidades advierten sobre la presencia de bandas criminales. En ambos casos la violencia le ha sido atribuida a la mutación de algunos excombatientes en ‘Águilas Negras’, ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, ‘Paisas’ y ‘Botalones’.
La ACR nacional calcula que de las 56 mil 200 personas que se desmovilizaron en todo el territorio nacional, solo 25 por ciento, cerca de 14 mil, han vuelto a cometer delitos.
VerdadAbierta.com presenta una radiografía sobre cómo fue el proceso de desmovilización en el departamento, las dificultades que afrontan, los municipios donde hay presencia de bandas criminales y algunas experiencias positivas con desmovilizados.
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El caldero del conflicto
Santander es un departamento con ubicación estratégica: tiene salida a la Costa Caribe a través del río Magdalena, está cerca de la frontera con Venezuela, y se conecta con centro del país a través de varias vías. Es, además, el polo de desarrollo del nororiente por su explotación de hidrocarburos y desarrollo de empresas agroindustriales.
Esas bondades han influido para que las expresiones del conflicto armado daten de los años sesenta, con el surgimiento de la guerrilla del Eln en el municipio de San Vicente de Chucurí, y más tarde con la llegada de las Farc (ver mapa de las Farc, mapa del ELN y mapa del EPL).
La Unidad de Justicia Transicional (antes de Justicia y Paz) de la Fiscalía documentó que en los años ochenta surgieron en este departamento varios grupos de autodefensa, integrados por campesinos y finqueros cansados de asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por los grupos insurgentes.
A finales de los años noventa, los hermanos Carlos y Vicente Castaño promovieron la constitución de una organización federalizada de esos grupos de autodefensa y los rebautizaron con la sigla de Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El Sur de Bolívar fue clave en la evolución y expansión del proyecto paramilitar. Esta región fue un bastión de la guerrilla durante los años ochenta, pero en los años noventa, las Auc, a través del Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco, consolidó su proyecto contrainsurgente y económico, y lo exportó a otras regiones del departamento y del país. (Lea: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar) En Bucaramanga, Barrancabermeja y otras provincias santandereanas, este bloque operó entre 2000 y 2006 (Ver mapa Los frentes del Bloque Central Bolívar Sur Bolívar en Santander).
Según datos oficiales, en Santander viven en la actualidad por lo menos 2.200 ex combatientes, la mayoría de las Auc, seguidos por ex guerrilleros de las Farc y el Eln. Los ex paramilitares se desmovilizaron colectivamente entre 2005 y 2006 en distintas partes del país y los exguerrilleros se han ido entregando a las autoridades ya que con las Farc ni con el Eln el gobierno ha logrado un proceso de paz. (Ver mapa de desmovilizaciones aledañas a Santander)
Del limbo a la preocupación
Expertos en derechos humanos, líderes sociales, abogados y desmovilizados coinciden en que nadie estaba preparado para la desmovilización colectiva de 33 mil paramilitares, cómo el Estado los iba a atender y si la sociedad los iba o no a aceptar.
“Con nosotros lo que hicieron fue un experimento. Ojalá esta experiencia sirva para que con la guerrilla no se improvise. Las fallas hacen que la gente no crea en las promesas del gobierno”, dice Saúl Porras*, un excombatiente.
De estos 33 mil desmovilizados, 3 mil se acogieron a la Ley 975 de 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta norma de justicia transicional permitió que exparamilitares responsables de delitos de lesa humanidad (como masacres, torturas y desplazamientos) recibieran una pena alternativa de 8 años de cárcel sólo si decían la verdad, reparaban a sus víctimas y se comprometían a no reincidir en la vida armada.
En Santander, tuvieron una presencia significativa Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, jefes del Bloque Central Bolívar en el Sur de Bolívar, presos en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, desde agosto de 2006, que afrontan ya un juicio por diversos crímenes ante los Tribunales de Justicia y Paz.
Los otros 30 mil ex paramilitares, aquellos que integraron el grupo ilegal pero no cometieron delitos de lesa humanidad, estuvieron en un limbo jurídico varios años. Lo único que tenían claro era que supuestamente no los iban a capturar ni a condenar pues el artículo 71 de la Ley 975 los cobijaba con el indulto, es decir el perdón, por haber cometido un delito político, conocido en el argot jurídico como sedición. “Con esa promesa fue que muchos nos desmovilizamos, les creímos. Pero luego nos salieron con otro cuento”, dice Porras.
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