La posición de las víctimas ha adquirido un lugar preponderante en el marco de los diálogos de paz que adelantan el gobierno y las FARC. Sin embargo las tensiones políticas y controversias sobre quiénes son las víctimas y sobre la representatividad de los voceros en La Habana amenazan con desestabilizar o hasta quizá con frustrar las negociaciones.
Por eso importa explorar el proceso de selección de las víctimas que van a participar directamente en la mesa de negociación, las críticas que se han formulado al proceso, y las posibles implicaciones para la continuidad de los diálogos de paz.
Ante la gran oportunidad de participar en la definición de acuerdos tan trascedentes en materia política, económica y social, quienes no se sienten (bien) representados expresan por supuesto el desacuerdo.
Como ha dicho en diversas ocasiones el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, el proyecto de justicia transicional colombiano se basa en una serie de elementos que buscan darle eficacia y legitimidad, y entre estos se destaca la participación de la sociedad civil, en especial de las víctimas del conflicto, en el desarrollo de los diálogos.
Por eso mismo hay consenso sobre la importancia de la Ley de Víctimas de 2011, que revivió el proyecto de ley de 2009 (hundido por las mayorías uribistas en el congreso) y legitimó el comienzo de las conversaciones con las FARC, como una línea de base para las subsiguientes tareas de reconstrucción, transformación y reconciliación en el posconflicto.
Así pues la satisfacción de los derechos de las víctimas (justicia, verdad y reparación integral) representa no solo una respuesta institucional a las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sino también la posibilidad de producir cambios sociales que conduzcan a la paz “estable y duradera”.
¿Quiénes son y quién las represente?
Tras la ola de debates sobre la conformación y representación de los actores del conflicto en la mesa de La Habana, las partes informaron que el próximo 16 de agosto, 60 víctimas, seleccionadas conjuntamente por Naciones Unidas y la Universidad Nacional, viajarán a esa ciudad en 5 grupos de 12 personas para participar directamente en la mesa de diálogo.
Ese ejercicio permitirá transmitir las posiciones, inquietudes y propuestas de quienes han sido más directamente afectados por el conflicto y quienes, en teoría, habrían de ser los primeros beneficiarios de los acuerdos, según las conclusiones de los tres foros regionales de víctimas (reunidos en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y de un foro nacional que tuvo lugar la semana pasada en Cali.
Sin embargo, una idea tan ambiciosa como constituir una delegación que encarne todo el universo de víctimas de un conflicto armado tan prolongado y complejo como el nuestro plantea muy serias dudas. Ante la gran oportunidad de participar en la definición de acuerdos tan trascedentes en materia política, económica y social, quienes no se sienten (bien) representados expresan por supuesto el desacuerdo.
– Así, las víctimas de las FARC acudieron como grupo distintivo al foro nacional de Cali, y manifestaron su temor de que “haya desequilibrio” en la delegación que viajará a La Habana. Por tanto solicitaron que al menos el 50 por ciento de los participantes sean víctimas directas de esa guerrilla.
– Por otra parte han surgido las propuestas y controversias acerca de si los actores armados del conflicto (legales e ilegales) pueden ser considerados como víctimas y, por ende, sobre si deben participar en los diálogos de paz:
El gobierno solicitó que los miembros de la fuerza pública no fueran excluidos en tanto han sido directamente afectados en el desarrollo de las hostilidades.
Las FARC respondieron que en ese caso los guerrilleros presos también deberían ser tenidos en cuenta al conformar las delegaciones.
Con el ánimo de avanzar en el proceso, este 5 de agosto el gobierno y las FARC expidieron un comunicado conjunto donde anuncian medidas para que las delegaciones sean representativas y la participación de las víctimas sea satisfactoria.
El problema más grave no son las víctimas sino el uso político que están haciendo de ellas quienes pretenden deslegitimar o desestabilizar la continuidad de los diálogos.
Si bien comienzan por reconocer la gran complejidad del procedimiento, suponen que es posible que los participantes representen o encarnen los diferentes sectores sociales, poblaciones, afiliaciones políticas y grupos vulnerables, con un enfoque territorial. Afirman igualmente que este grupo debe representar todo el universo de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario acaecidas con ocasión del conflicto.
Sin embargo, el problema más grave no son las víctimas sino el uso político que están haciendo de ellas quienes pretenden deslegitimar o desestabilizar la continuidad de los diálogos. Según balance de El Espectador, el foro de Cali tuvo que suspenderse ante las grescas entre grupos de víctimas aupadas o instrumentalizadas por ciertos movimientos de oposición y personajes con posiciones radicales sobre el manejo del conflicto armado.
El próximo 16 de agosto varias víctimas se sumarán a los Diálogos de Paz en La Habana.
Cualquier análisis en materia de representatividad debe partir de una idea clara: la participación de las víctimas del conflicto en las conversaciones de paz resulta fundamental para su éxito.
Primero, porque un espacio donde las partes del conflicto rindan cuentas a los damnificados directos de más de medio siglo de hostilidades legitima el proceso.
Segundo, porque esto permite que los acuerdos reflejen las aspiraciones o necesidades de quienes habrán de ser beneficiarios principales de lo acordado.
Y tercero, porque más allá de los resultados judiciales, la confrontación directa entre víctimas y victimarios es condición para el ejercicio de establecer la verdad histórica.
La suma de estas razones permite afirmar que esta fase del proceso de paz es la más importante para llegar al acuerdo final que valide todo lo acordado hasta ahora.
Si bien la pretensión de representatividad de las víctimas no solo es válida sino esencial bajo un Estado democrático, hay que tener en cuenta dos precisiones:
Por una parte, que el objetivo raya en los terrenos de lo imposible debido a las complejidades mismas del conflicto.
Por otra parte, que la aspiración de legitimidad tiene límites marcados por los instrumentos legales de carácter internacional o nacional sobre quiénes son víctimas de un conflicto armado. Por ejemplo, sobre si los militares o los guerrilleros (quienes a la luz del derecho internacional humanitario tienen la calidad de “combatientes”) pueden o no ser vistas como víctimas (Mario Madrid-Malo aclara bien este asunto en esta misma edición de Razón Publica).
En todo caso, las tensiones alrededor de la representatividad de las víctimas resaltan la alta carga política que un proceso de paz trae consigo y hacen visibles los resquicios a través de los cuales las posiciones radicales de parte y parte tratan de colarse en las negociaciones, lo que debe ser controlado antes de que ellas adquieras proporciones inmanejables.
Estas disputas en materia de representatividad tristemente reflejan la extensión, profundidad y complejidad del conflicto armado colombiano.
Estas disputas en materia de representatividad tristemente reflejan la extensión, profundidad y complejidad del conflicto armado colombiano.
Conflicto que nació alrededor de ajustes de cuentas bipartidistas impuestos por las élites en el campo, se desarrolló bajo la dinámica del despojo de la tierra y de una guerrilla que perdió paulatinamente sus ideales y apoyo popular, y maduró con la llegada de las sanguinarias autodefensas, el dinero del narcotráfico y el terrorismo.
Al final de cuentas, si se tratara de lograr una verdadera representatividad respecto de todos los efectos negativos que este conflicto fratricida le ha traído a nuestro país, 46 millones de personas, llevando en sus labios las palabras de muchos que ahora yacen en un cementerio o una fosa común, deberían estar sentadas en la mesa de negociación. Todos somos víctimas, y eso es lo que al final debería unirnos para permitirle al conflicto morir en paz.