A Luz Alba Figueroa Castillo los paras le desaparecieron a su hermano José Alejandro cuando ella tenía 16 años. Dos décadas después, esperanzadas con las promesas de reparación de Justicia y Paz primero y de la Ley de Víctimas ahora, finalmente se decidieron a denunciar su muerte y comenzaron a documentar su caso. Pero -pasados 23 años de su muerte y seis desde que la vienen reconstruyendo- ni Luz, ni su madre ni sus dos hermanas son aún oficialmente ‘víctimas’.
No lo son porque, enpantanadas por la ausencia de documentos que soportan su caso y perdidas en lo que ellas ven como un laberinto burocrático sin salida, no han podido completar los trámites que les permiten ser reconocidas como víctimas del conflicto y clasificar para una reparación en alguno de los ocho años que le quedan de vigencia a la Ley de Víctimas.
La historia de esta tolimense, que trabaja en una fábrica de confecciones en Bogotá, es una muestra de las dificultades y los retos que todavía tienen muchas víctimas en llevar sus casos ante las autoridades y ser incluidas en el registro que lleva la Unidad de Víctimas, que ya contabiliza 6.739.978 personas en el país (2,1 millones desde que nació la Ley en 2011 y otros 4,6 millones que venían del censo de desplazados). Y que, dependiendo de cuántas personas se encuentran en un limbo como el de Luz, podrían ser más.
Sólo hasta 2008, 17 años después de que su hermano José Alejandro Casas fuera asesinado por los paramilitares al mando de Ramón Isaza, Luz tomó la decisión de denunciar su caso. Tras oír en la radio un anuncio explicando que el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares repararía a sus víctimas, le contó a su madre y sus hermanas y comenzó a documentar los eventos que habían ocurrido esa mañana del 1 de junio de 1991.
Lo único que tenía su madre Ana Dolores Castillo, una campesina que llegó a Guayabal tras la erupción del Nevado del Ruiz, era el certificado de defunción que indicaba que su único hijo hombre había muerto a los 22 años de un trauma craneo-encefálico severo.
Era el único papel que contaba, de manera muy fragmentaria, la historia de José Alejandro. Esa mañana el hermano mayor de Luz había salido, como todos los sábados, a esperar el carro que lo llevaría a Ambalema a cobrar su salario como regador nocturno en los cultivos de algodón en una hacienda de la zona y también el de su madre, que recogía algodón allí pero estaba incapacitada tras cortarse los dedos del pie con un machete.
De una camioneta roja se bajaron varios hombres armados y lo obligaron a él y a un vecino a subir. José logró sacar la cabeza por la ventanilla mientras los hombres perseguían a un tercer vecino, llamado Ovidio Aguirre, que arrancó a correr por el pueblo. “Nos van a matar. Me llamo José, yo soy hermano de Luz Alba, por favor avísenle que nos van a matar”, gritó.
Tras la advertencia de los vecinos, los Castillo salieron a buscarlo: mientras Ana Dolores fue a Armero, Luz recorría las orillas del río hasta Honda. Regresaron con el ocaso, sin nada.
Esa noche vino a su casa un cuñado de Ovidio, que también había salido a buscarlo. “No busque más, está en Ambalema”, le dijo a Luz Alba. “Ah, ¿está allá?”, le preguntó ella, iluminándosele el rostro. “Está muerto”, le dijo él, contándole que había llegado al cementerio del pueblo vecino guiado por la noticia de una campesina de que habían encontrado un ‘n.n’ en el río Lagunilla. Era él.
Luz y su madre nunca pusieron la denuncia. No lo hicieron porque el día que velaron a José, dos hombres en moto le preguntaron a una vecina si ellas vivían solas y si pensaban llevar el caso a las autoridades.
En su casa marcaban siempre el aniversario de la muerte de José Alejandro, pero fuera de ella no hablaban del tema. Sobre todo a medida que consolidaron su poderío en la zona -y comenzaron aamontonarse los asesinatos– de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el bloque paramilitar que comandaba Ramón Isaza alias ‘El Viejo’.
Con ese único documento en mano Luz -ya de 31 años y viviendo en Bogotá- arrancó su pesquisa, un proceso que ha sido igual de intermitente y en ocasiones sin norte.
Pidió permiso en el hotel en el norte de Bogotá donde trabajaba y se fue a Ambalema a sacarle una copia al certificado de defunción. Unos meses después la citaron a exponer su caso en Justicia y Paz. El fiscal le habló de los beneficios para las víctimas, de un psicólogo y una ayuda económica para su mamá. Y le preguntó si quería ir a una audiencia de Ramón Isaza, que ella declinó -“¿yo para qué quiero ver al señor que mandó matar a mi hermano?”-. Les asignaron una abogada que llevaría su caso, a la que le firmó un poder y le envió su historia manuscrita en cinco folios. Luz sentía que todo avanzaba bien: dejó de seguir activamente el caso y se confió que saldría solo.
Un par de meses después el caso se comenzó a enredar: le llegó una carta de su abogada, pidiéndole una larga lista de documentos faltantes, pero cuando ella los llevó a la Defensoría le advirtieron que su caso estaba cerrado porque había pasado la fecha para presentarlos. Cuando fue a Acción Social con su formulario para inscribirse en un programa de ayudas, el programa para víctimas ya había cerrado.
En la Defensoría le dijeron que tenía que arreglar con su abogada. “Ella me dijo que no había problema y que le llevara todo a su casa en Bulevar Niza. Un mes después, cuando la volví a llamar, me dijo que no había abierto el sobre porque tenía mucho trabajo. Nunca me llamó”, dice Luz.
Se convenció que sus hermanas, que siempre le decían que “eso es una perdedera de tiempo”, tenían razón y abandonó su caso por varios años.
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