A dos meses de su desaparición, nada se sabe de los 43 estudiantes de los que hoy habla todo México. Los normalistas que fueron a protestar y que presuntamente fueron masacrados despertaron un enojo social a lo largo de todo un país donde el narcotráfico se infiltró, a través de violencia y extorsión, en todos los niveles de la sociedad. ¿Qué pasó y quiénes son los principales involucrados en este misterioso caso?
1. DESAPARICIÓN, MISTERIO E INDIGNACIÓN
El 26 de septiembre pasado, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tenía previsto realizar una protesta en Iguala, en el sureño estado de Guerrero. Para ellos, era una protesta más. Pero para el entonces alcalde, José Luis Abarca, de Iguala, no. Es que su mujer, María de los Ángeles Pineda, también funcionaria municipal, iba a encabezar un acto cerca de aquella manifestación, y no quería interrupciones. Entonces, presuntamente por órdenes del intendente, la policía de Iguala atacó a los estudiantes. Seis murieron, 25 resultaron heridos y 43 desaparecieron.
La hipótesis principal apunta que la misma policía se los entregó al cartel Guerreros Unidos, el mayor de esa zona, también con vínculos con el alcalde. Una perfecta y perversa coordinación entre políticos, policías y carteles.
La pregunta es qué pasó después con aquellos jóvenes que estudiaban para ser maestros. Según las autoridades, tres sicarios detenidos confesaron que los policías se los entregaron, que los mataron y quemaron en una hoguera que ardió por 15 horas, y lanzaron a un río los restos. Los agentes federales siguieron la pista de los «arrepentidos» y finalmente dieron con los supuestos restos de los estudiantes, que todavía son analizados.
Pero los padres se rehúsan a creer en esa teoría, aseguran que siguen secuestrados y exigen continuar la búsqueda. «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!», exclaman en masivas manifestaciones desde hace dos meses.
2. «LA PAREJA IMPERIAL», DETRÁS DEL CASO
A comienzos de este mes, la policía detuvo en la ciudad de México a José Luis Abarca, alcalde de Iguala al momento de las desapariciones, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos acusados de ser los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes.
El matrimonio, conocido en Iguala como «la pareja imperial», huyó unos días después del ataque cuando aún no había orden de detención contra ellos. Su fuga no hizo más que aumentar la indignación en Iguala.
La fiscalía acusó a Abarca y a Pineda de estar al servicio de los Guerreros Unidos. El alcalde, elegido en 2012 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue investigado en varias ocasiones por presuntos nexos con delincuencia organizada y, además, está acusado del homicidio de un líder campesino en 2013.
Su esposa tiene vínculos de sangre con el cartel: es hermana de tres narcotraficantes y fue señalada por la fiscalía de ser la principal operadora entre los Guerreros Unidos y las autoridades de Iguala. Ella aspiraba a suceder a su esposo en la alcaldía para el próximo mandato.
3. «GUERREROS UNIDOS», EL CARTEL QUE HACE TEMER A IGUALA
Además de los alcaldes y funcionarios de Iguala, y una veintena policías de Iguala y el vecino Cocula, detuvieron por este caso a miembros del cartel Guerreros Unidos, incluido su líder, Sidronio Casarrubias, quien reveló que el cartel entregaba mensualmente elevadas sumas de dinero al intendente a cambio de tener bajo su control a la policía de la ciudad.
El cartel, que aprovecha la debilidad institucional del estado de Guerrero, el más violento y pobre de todo México, nació con una muerte, la de Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, un antiguo aliado de El Chapo Guzmán al que la Marina mexicana dio muerte a tiros el 16 de diciembre de 2009.
Los hermanos Alberto y Mario Pineda Villa -hermanos, a su vez, de la esposa de José Luis Abarca-, formaron en 2005 un grupo denominado Los Pelones, que con el tiempo formarían la espina dorsal de Guerreros Unidos. En 2009, los Pineda Villa fueron asesinados, supuestamente por haber intentado traicionar al «Jefe de Jefes». Cuando Leyva murió, el cartel fue tomado por Cleotilde Toribio Rentería, alias El Tilde, y más tarde por el temible Mario Casarrubias Salgado, alias Sapo Guapo, quien se encargó de fortalecer y expandir el grupo. El 29 de abril pasado, Casarrubias, de 33 años, fue capturado. Su puesto lo ocupó su hermano Sidronio, ahora en manos de la policía.
Guerreros Unidos mantiene una sangrienta rivalidad con el cartel Los Rojos: su guerra declarada dejó, sólo en el Estado de México, más de 70 cadáveres sobre el asfalto. Creyendo que los normalistas de Iguala eran miembros de Los Rojos, el jefe «guerrero» no dudó en dar la orden de su muerte en «defensa del territorio».
4. LOS FORENSES ARGENTINOS, CONVOCADOS POR LOS FAMILIARES
Con experiencia en México por su dramática realidad con decenas de miles de personas desaparecidas por la violencia narco, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue convocado por los familiares de los estudiantes para que realicen el peritaje independiente en las pesquisas a cargo de la Procuraduría General de la República, la fiscalía mexicana.
La búsqueda de los restos humanos se realiza a través de testimonios de la gente y de los conocimientos de la arqueología forense. Una vez en el terreno, recuperan el cuerpo, documentan adecuadamente los hallazgos y después los transportan a los laboratorios donde se reconstruye el perfil biológico y, de ser posible, genético del cuerpo. Esta información finalmente es comparada con los datos aportados por los familiares y sus muestras de sangre.
Hasta el momento, analizaron a decenas de cuerpos destrozados que no coincidían con los ADN de los 43 estudiantes. Mientras tanto, los restos rescatados de un basurero de la localidad de Cocula, donde habrían sido incinerados por Guerreros Unidos, no pueden ser analizados por ellos y fueron enviados a un laboratorio de Innsbruck, Austria. «Están en malas condiciones, por eso se mandan a Austria», explicó a LA NACION el presidente del equipo, Luis Fondebrider
5. LA MAYOR CRISIS DE ENRIQUE PEÑA NIETO
La indignación contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto , se expandió casi tan rápido como la violencia narco a través del país a partir del caso de los estudiantes. El principal foco está en Iguala y, especialmente, entre los familiares de los desparecidos y los estudiantes de Ayotzinapa, que dieron al mandatario un «ultimátum» para que renuncie el 1° de diciembre.
El presidente de 48 años, que en 2012 devolvió el poder al hegemónico Partido de la Revolución Institucional (PRI), se ve obligado a hacer reformas, después de haber sido cuestionado por sus políticas contra el narcotráfico.
Aunque prometió pacificar el país, el mandatario continuó la ofensiva militar del ex presidente Felipe Calderón, que desde 2006 deja unos 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos. También siguió la certificación de policías con pruebas de confianza, reprobadas por más de 40.000 agentes. La única novedad fue una gendarmería y un programa de prevención del crimen, aún sin frutos.
En medio de esta crisis, Peña Nieto quedó definitivamente en el ojo de la tormenta cuando salió en las noticias que su pareja, la ex actriz Angélica Rivera, compró una mansión a través de una empresa favorecida con millonarios contratos estatales. Después de la revelación, decidió venderla.
Para mejorar su ahora maltrecha imagen, el mandatario ya anunció que habrá cambios en la justicia y la policía a nivel nacional. Los detalles los dará mañana, pero ya adelantó que implicará acciones para evitar que el crimen organizado se infiltre, sobre todo, en gobiernos locales débiles..