Hace exactamente una semana se produjo un hecho sumamente importante en el marco de las negociaciones de paz en La Habana. Las FARC reconocieron por primera vez que a través de su accionar bélico, ya de cinco décadas, han causado daño a civiles. Así lo expresó su vocero Pablo Atrato: “Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda…” y afirmó que “asumimos sus consecuencias como no puede ser de otra manera. Las FARC asumiremos la responsabilidad que nos concierna”.
Sin embargo, la misma declaración, que apenas toca la superficie del problema, procura dejar en claro que no ha sido intención de la guerrilla causar daño a los civiles y que éste se ha producido básicamente por errores de cálculo, el fragor de la batalla o combatientes díscolos que luego son juzgados por ellos mismos. Esto, a la luz de miles de hechos incontrovertibles, es una excusa que no alcanza a tapar un centímetro de la realidad, la cual está llena de eventos cargados de un gran sufrimiento y dolor para una enorme cantidad de personas, civiles y militares. El inventario existe, es solo abrir las páginas del informe “Basta ya. Colombia: memorias de guerra y dignidad” del Centro Nacional de Memoria Histórica. O acudir a una memoria colectiva que ha recogido los innumerables hechos de violencia por fuera del combate protagonizados por las FARC.
Pablo Catatumbo, por su parte, en una declaración posterior afirmó que «Evidentemente nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad”, y que “cuando en algunas de nuestras acciones militares (…) se han causado víctimas no combatientes, ello nunca se ha debido a la perpetración de ataques intencionados contra la población civil, sino debido a situaciones imprevisibles en unos casos y también a errores desafortunados en otros”. El Estatuto de la Corte Penal Internacional es el texto legal que contempla los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo hace en sus artículos 7 y 8. Es solo leer la norma para tener claro que la guerrilla sí ha cometido estos crímenes.
A pesar de las excusas de las FARC, hay un principio de aceptación de que se ha hecho daño, de que se ha causado dolor. Esto de por sí es supremamente valioso. Más si tenemos en cuenta la historia de nuestra guerra y de cómo sus diferentes actores han negado sistemáticamente su responsabilidad. Hasta ahora es una aceptación limitada, superficial, y si se quiere con esguinces. Sin embargo, tenemos que recordar de dónde venimos; por ejemplo, de las declaraciones de Jesús Santrich a nombre de la guerrilla cuando afirmaba al principio de los diálogos de paz que ellos no eran victimarios y que por el contrario eran víctimas.
Falta mucho, demasiado, en el reconocimiento de responsabilidades. De todos. También el Estado tendrá que hacer sus propios actos de contrición, y entre más profundos, amplios y sinceros sean, más autoridad moral tendrá para exigirlos de su contraparte en la mesa. Y porque no, de la sociedad que no está exenta de responsabilidades en la formación y desarrollo de este engendro que ha sido nuestra guerra interna.
Los encuentros de víctimas del conflicto con los equipos negociadores de gobierno y Farc en La Habana han sido de un inmenso valor. Con certeza los testimonios de los agredidos y su sentimiento han penetrado de alguna manera a quienes tienen la responsabilidad de lograr un histórico acuerdo de paz para Colombia. Si emerge una verdad sanadora de esta etapa del proceso relativa a las víctimas, con seguridad el camino que sigue estará más despejado.
Ricardo Correa Robledo ricardocorrearobledo@gmail.com
5 de noviembre de 2014