Parece inevitable. A pesar de los francotiradores que le disparan a diario, el proceso de paz llegará al feliz puerto de un acuerdo con las FARC y el ELN. Y esa firma y la implementación del arreglo coincidirá con el mandato de los nuevos gobernantes territoriales que serán elegidos el próximo 25 de octubre. La pregunta por el lugar del postconflicto en la agenda de los futuros gobiernos locales es un asunto de elemental responsabilidad política como sociedad.
Pero no hay que caer en generalizaciones irresponsables, ni en ideologizaciones inútiles. Cierto es que la sola firma de los acuerdos genera un ambiente de optimismo en el país. Que según los expertos habrá una mejora inmediata en los indicadores de nuestra economía. Que las eventuales reformas políticas derivadas de los acuerdos tendrán un impacto positivo en nuestro sistema político. Pero ello no significa que habrá una agenda común o un rol igual en todos los municipios y regiones. Sería tanto como aceptar alegremente que el mapa de nuestros conflictos sociales y territoriales coincide exactamente con la geografía del conflicto armado. Es de perogrullo. El mayor esfuerzo del postconflicto deberemos concentrarlo en los 350 municipios que han sido escenario de la confrontación militar entre el Estado y las guerrillas. Garantizar que el paso a la vida civil de los insurgentes de base ocurra en dichos territorios. Que despleguemos potentes estrategias de desarrollo regional. Que aseguremos la soberanía del Estado Social de Derecho en esa Colombia profunda. Y que convirtamos esos territorios en verdaderos laboratorios de paz.
El papel de Bogotá en el postconflicto es distinto. Y el de su próximo gobierno. Por fortuna, la capital no ha sufrido el arraigo territorial del conflicto armado y sus actores. La presencia guerrillera en el último tiempo ha sido a la manera de oleadas de acciones armadas cada vez más esporádicas y marginales. Y la participación de Bogotá en el conflicto se ha limitado a convertirse en receptáculo de los efectos de la guerra. La ciudad es la mayor receptora del desplazamiento y alberga 600 mil víctimas, según los registros oficiales, que corresponde al 10% del total de víctimas del conflicto. Es en ese asunto en el que se debe concentrar el aporte de la Capital al postconflicto, evitando el dilema entre las políticas y programas hacia las víctimas frente a las estrategias de lucha contra la pobreza y de reducción de desigualdades socioespaciales.
En esta administración se avanzó en la creación de la Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, aunque como en otras áreas, estamos colgados en el cumplimiento de metas concretas en vivienda y restitución plena de derechos.
Por: Antonio Sanguino