En la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (Enero 20) el Director del DNP Simón Gaviria al referirse a la relación de este Plan “Todos por un nuevo País” con las negociaciones de paz de La Habana afirmó que “la paz en Colombia será más parecida a la reunificación alemana que al proceso de Centroamérica”. Al tratar de explicar este aserto abundó en el método de la “extensión” del Estado Social de Derecho a nuevos territorios y en la “incorporación” de nuevas regiones al desarrollo del país.
Esta visión de una paz sin reformas tiene más el carácter de los Planes de Consolidación del Gobierno Uribe que pretenden llevar el Estado a las regiones arrebatadas a la insurgencia en las guerras del “Plan Patriota” y se asemeja, por tanto, un proyecto contrainsurgente. De allí que el tema del posconflicto esté ausente del Plan a pesar de que promete para este nuevo periodo presidencial Paz, Equidad y Educación y habla en algún momento de “la revolución de la paz”.
Detrás de la retórica de las Bases del Plan, el lenguaje modernizante no logra ocultar que la agenda principal del Gobierno Santos II es la profundización del modelo neoliberal que en su primera etapa estuvo centrado en los tratados de libre comercio y la locomotora minera, y ahora su norte es la vinculación a la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo), el club de los países más desarrollados en el contexto de la globalización neoliberal. El problema es que las condiciones del mercado mundial cambiaron radicalmente para este segundo período por la doble crisis de los precios del petróleo y de los commodities, lo que llevó ya a reducir el presupuesto del Plan de Desarrollo de 790 billones a 703 billones.
El proyecto de modernización capitalista aquí contenido se basa en mejorar las condiciones para la inversión extranjera y la competitividad y en desarrollar las “alianzas productivas” público- privadas, lo que significa insistir en el modelo minero, el acento en la infraestructura y en la creación de “seguridad jurídica” para las inversiones del capital nacional y transnacional.
El ejemplo más claro de esa contradicción entre el Plan de Desarrollo y el proceso de paz está en el modelo de modernización de la economía agraria. Mientras en los acuerdos de La Habana se habla de “Programas de desarrollo con enfoque territorial” y de “Acceso y uso de la tierra…formalización de la propiedad…Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa”, el Plan de Desarrollo introduce el modelo de las Zidre (zonas de interés de desarrollo rural y económico ) que es una apuesta por la gran explotación capitalista en las zonas de baldíos nacionales, en contravía de la Ley 160 de 1994 y sus conceptos de protección de la pequeña propiedad campesina mediante la creación de las zonas de reserva campesina y la limitación del tamaños de la propiedad a las Unidades agrícolas familiares. Esta propuesta, ya anunciada en el proyecto de Ley de baldíos (133 de 2014) es una nueva contrarreforma agraria que busca favorecer la gran inversión y legalizar la adjudicación ilegal de baldíos a grandes empresas como Carguill y Riopaila.
Además no son compatibles las pretensiones del Plan en cuanto a desarrollo agrario por la vía de la gran propiedad (capitalista) y la “asociación” de trabajadores campesinos como modernos proletarios de la gran empresa, con los compromisos adquiridos por el Gobierno con la Cumbre Agraria e incluso con las recomendaciones de la Misión Rural que privilegian el impulso a la agricultura familiar como gran proveedora de empleo rural y de producción agropecuaria para el consumo interno del país que a partir de la “apertura económica” de los años 90 pasó de exportador a gran importador de alimentos. Aún el propósito explícito de crear una clase media rural no tiene los instrumentos suficientes frente al privilegio a la agroindustria.
Es la lógica que subyace en las recomendaciones de la OCDE para la modernización del país. Sus prioridades son la economía y el mercado sobre lo social, la ortodoxia neoliberal sobre las carencias de la pobreza y la conflictividad social, el patrimonialismo de las élites sobre las necesidades de la movilidad social. De allí que sus consejos de reforma tributaria y pensional, baja de impuestos a la renta a las empresas y al gran capital, aumento del Iva y control del salario mínimo, van en la dirección de un capitalismo salvaje en beneficio de los más ricos con la fórmula de más mercado y menos Estado. Aún así las carencias de Colombia para ingresar al club de los países ricos siguen siendo muy grandes: baja productividad, altas tasas de informalidad,desinstitucionalización, ilegitimidad del poder público, altas desigualdad y pobreza, conflicto armado interno y, por lo que se ve en el Plan de Desarrollo, carencia de reformas sociales para superar la inequidad.
El Plan de Desarrollo 2014-2018 habla de un Estado moderno, transparente y eficiente. Se refiere por supuesto al Estado mínimo, regulador de las condiciones para la acumulación del capital pero alejado de los deberes de un Estado benefactor que se debería esperar en una sociedad tan profundamente desigual como la nuestra que se expresa en niveles de pobreza del 32%, en la altísima conflictividad social, en la preeminencia de la competencia individual sobre la solidaridad, y en la degradación moral que se traduce en corrupción y en la violencia social que está alcanzando cotas de espanto como la extendida violencia contra los niños.
Sobre todo de cara al posconflicto armado es evidente la disfuncionalidad de un Estado tan centralizado como el colombiano y la debilidad del Estado local. Si desde el Gobierno se promete una “paz territorial” y las Bases del Plan de Desarrollo hablan de construir el Estado “desde las regiones y con las regiones”, el Plan no evalúa ni ataca las debilidades de la descentralización ni avanza en la implementación de un nuevo Plan de Reordenamiento Territorial anunciado desde la Constitución de 1991. Es cierto que se reconoce la existencia de grandes brechas de desarrollo entre las regiones y un patrón de desarrollo desbalanceado e inequitativo y que el Plan tuvo un proceso de consultas regionales y sectoriales intenso, pero el simple enunciado de buenos propósitos para cada una de las seis regiones concernidas (“Caribe próspero y sin pobreza extrema”…”Pacífico: equidad, integración y aprovechamiento sostenible de mercados” ) se parece más a promesas de campaña política que a verdaderos proyectos de desarrollo regional y fortalecimiento de la institucionalidad local para el posconflicto.
Incluso el tema ambiental que aparece como una estrategia transversal de transformación del campo con “crecimiento verde” no guarda coherencia con la apuesta por la minería extractiva y con el propósito gubernamental de impulsar las llamadas licencias ambientales exprés en favor de las grandes compañías mineras y, al mismo tiempo, negarle carácter vinculante a las consultas de las comunidades en defensa de su entorno natural. Ante el avance del cambio climático debe concretarse la promesa de subsidiar a los pobladores de las zonas de reserva forestal o de parques nacionales por el cuidado del ecosistema y aún la propuesta de la OCDE de un impuesto al carbono a las empresas contaminadoras. Pero aún más el país debe replantearse en serio la matriz energética del desarrollo y hacer una apuesta mayor por las energías alternativas y una agresiva política del agua. Es preocupante en este sentido que en el presupuesto previsto para el Plan de Desarrollo 2014-2018, el rubro ambiental sólo cuente con el 0.6% del total.
En el trámite del Plan desde el Congreso de la República se ha denunciado la intención del Gobierno de introducir en su articulado bloques de reformas que requerirían el debate de leyes particulares y facultades extraordinarias al ejecutivo para legislar por decreto en asuntos de trascendencia como la salud, la educación, la minería, las instituciones de la política rural y las telecomunicaciones. Desde otra orilla las comunidades afrocolombianas demandaron el Plan por insuficiencias en la consulta previa.
PAZ NEOLIBERAL
De cara al proceso de negociación de Paz con las FARC hay que reconocerle al Gobierno Santos la ruptura con la tradición guerrerista y la decisión de buscar una salida política negociada al conflicto armado interno, así ello haya sido motivado por racionalidad económica. La Ley 1448 es un avance en cuanto a los propósitos de restitución de tierras a los campesinos despojados por la violencia aunque su ejecución ha sido lenta y contradictoria y el impulso reformista de la política agraria al comienzo de su primer gobierno tuvo un brusco retroceso, por acuerdos políticos con los sectores más conservadores de la alianza de gobierno, precisamente cuando se iniciaba en La Habana la negociación de la política de desarrollo agrario integral.
Pero el Plan de Desarrollo no es claramente un plan para la paz sino para el ajuste a las condiciones del mercado mundial y a las exigencias ya mencionadas de la OCDE. Es un proyecto de modernización del país que para el Gobierno coincide con “las reformas necesarias para consolidar la paz”. Estas reformas, sin embargo, no tienen correspondencia con las que se negocian en La Habana por lo que el Plan, al decir de un crítico, “sufre de una esquizofrenia irremediable”.
En definitiva, la paz es también un proyecto económico: Este “podría ser el Plan que articule el manejo económico de la paz. Marcará el derrotero para cuatro años de transición entre el conflicto armado y un escenario de resolución pacífica de la política, más allá de las erogaciones que generará un escenario de posconflicto “ (Revista Dinero).
Repetidamente el equipo negociador gubernamental ha dicho que con la guerrilla no se están negociando ni el modelo económico ni el militar. Las transformaciones que requiere el país para la construcción de una sociedad más justa y pacífica no saldrán pues ni del Plan de Desarrollo 2014-2018 ni de la mesa de discusión con la insurgencia, pero allí sí se está perfilando la agenda para el debate público y la movilización social. Más allá de la retórica del Plan del “enfoque de derechos, enfoque territorial y enfoque participativo”, es al movimiento social a quien corresponde, en la continuidad de la pujante acción colectiva que desde todos los territorios y sectores sociales se viene desplegando durante los últimos años, reivindicar sus derechos y elaborar sus propios planes de vida con amplia participación comunitaria.
Fernando Hernández Valencia.
Director Ejecutivo CNAI
Febrero de 2015.
Que contempla el plan de desarrollo posconflicto para la sustitución de cultivos, específicamente, en el parque Nukap en el guavisre?
Es solo un ejemplo de las zonas confinadas y sin comunicaciones.
Gracias