En esta reflexión se pregunta acerca de la importancia que tiene el derecho de acceso la justicia para construir la paz en Colombia una vez superado el conflicto armado, cuáles son algunas de las mayores dificultades para su pleno ejercicio y en qué sentido debe mejorarse ese derecho para construir el post-conflicto.
Para abordar esas preguntas, en primer lugar se hará una nota brevísima acerca del contexto colombiano; después se muestra en qué consiste ese derecho más allá del predicado meramente jurídico; en tercer lugar, se mostrarán algunas de las mayores dificultades que hay en Colombia para ejercer este derecho, y, finalmente, se sugerirá alguna vía para ampliar las posibilidades de acceder a la justicia, tanto para víctimas como para perpetradores de delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
1. Nota acerca del contexto
Colombia ha vivido en medio del conflicto armado durante más de 50 años. Hay diversas interpretaciones acerca de sus causas, desarrollos y consecuencias, tanto así que, como lo dice el portal verdadabierta.com “Desde mediados de 2014, la Mesa de Conversaciones de La Habana decidió crear un mecanismo de reconstrucción de la historia del conflicto como un insumo para avanzar en la discusión de la agenda pactada entre gobierno y Farc.” De dicha comisión hicieron parte 12 de los más reconocidos estudiosos del tema en Colombia; y los desacuerdos entre ellos fueron tantos y tan hondos que incluso los relatores -que deberían presentar un documento final en el que se expusieran claramente los acuerdos y diferencias entre los 12 documentos- decidieron presentar dos textos distintos; no hubo acuerdo ni acerca de los desacuerdos.
Pese a la imposibilidad de construir una narrativa común acerca del conflicto, se puede decir que, en primer lugar, esta confrontación está articulada desde su nacimiento a problemas sociales, a dificultades para el acceso al poder mediante elecciones y a inequidades económicas. En segundo lugar, se puede afirmar que el dinero proveniente de diferentes actividades económicas ilícitas ha servido a todos los actores armados para ampliar su capacidad militar y su influencia política. Es claro, en tercer término, que grupos de empresarios, de políticos regionales y de personas vinculadas a la agroindustria, se aliaron con narcotraficantes y no pocos funcionarios públicos para crear, armar, entrenar y promover grupos paramilitares de extrema derecha.
César Torres Cárdenas
Inclusive Justice/Justicia Incluyente. Canadá.
Ver texto completo: http://issuu.com/arcoiris.com.co/docs/el_derecho_de_acceso_a_la_justicia.