“El 23 de febrero —de 2014— en San Pablo (Bolívar), un hombre fue muerto a tiros por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte. La muerte se reportó como defensa propia después de que el hombre, presuntamente un guerrillero, supuestamente disparara a los soldados. Informes forenses sugieren que el hombre no disparó un arma.”
La situación, que hace parte de las miles de acusaciones al Estado colombiano por casos de ejecuciones extrajudiciales, fue referida en el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH), presentado el 19 de marzo de 2015 en Medellín.
De acuerdo con el informe, las ejecuciones extrajudiciales han ocasionado unas 5.000 víctimas en el país, principalmente entre los años 2002 y 2010 —durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez—, cuando sucedió el mayor número de casos. Por la forma en que ocurrieron, la ACNUDH indica que estas violaciones pueden considerarse sistemáticas.
En este contexto, podría deducirse que uno de los mayores retos para el posconflicto y la construcción de paz en el país será esclarecer la participación del Estado en casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y, más difícil aún, lograr que reconozca su responsabilidad y contribuya a la reparación integral de las víctimas con verdad, justicia y garantías de no repetición.
Pero el Estado NO parece caminar en esa línea. A septiembre de 2014 la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación tenía abiertas 2.234 investigaciones, por homicidio agravado u homicidio en persona protegida, contra 5.014 miembros de las Fuerzas Armadas. De éstos, solo se ha enjuiciado con éxito a 796 miembros del Ejército, pues la mayoría de las investigaciones se mantienen en fase inicial y los juicios se han centrado principalmente en oficiales y soldados de bajo rango. [i]
Por su parte, en los últimos dos años el Ministerio de Defensa ha presentado cinco proyectos para ampliar el fuero penal militar, el cual fue aprobado en medio de fuertes críticas de organismos de derechos humanos, los cuales advirtieron que este mecanismo podría profundizar la impunidad en las Fuerzas Militares. [ii] A las iniciativas del Ministerio, se suman otras dos propuestas de ampliación al fuero, presentadas por el partido Centro Democrático. De las siete propuestas, dos fueron rechazas y cinco continúan en debate.
Lo preocupante, advierte el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, es que “los proyectos a debate tratan de extender la jurisdicción militar a la investigación de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidas las que ya están bajo investigación por la justicia ordinaria.” Así las cosas, pareciera que el Estado tiene poca intención de comprometer a sus Fuerzas Armadas con procesos de verdad, justicia y reparación.
Estas señales resultan negativas, si se tiene en cuenta que el país está en medio de un proceso de paz —y eventualmente de posconflicto y reconciliación—; que las ejecuciones extrajudiciales son apenas una parte de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas; y que varios sectores o agentes del Estado han sido acusados por su presunta participación en la constitución y consolidación del paramilitarismo o por la comisión de crímenes como las interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos y funcionarios públicos, sin que hasta ahora haya suficiente verdad y justicia; y ni que decir de la reparación y las garantías de no repetición.
De manera que se debería empezar por reconocer que hay un problema, y es “que infelizmente durante los años de conflicto, no solamente las FARC violó los derechos humanos, —sino que también— había violación masiva por parte del Estado”, como bien lo resumió Todd Howland, Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, durante la presentación del informe.
Mal que bien, otros actores ya han dado pasos en el reconocimiento de sus responsabilidades. Dentro del proceso de Justicia y Paz algunos paramilitares han entregado dosis de verdad, reconociendo sus responsabilidades en la comisión de masacres, desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad, y denunciando la colaboración de funcionarios del Estado y dirigentes empresariales; sin embargo esas denuncias NO han sido plenamente retomadas por la Fiscalía en los procesos de investigación y por tanto no se ha juzgado a las estructuras de poder que ordenaron estos crímenes y se beneficiaron de ellos. También la guerrilla de las FARC, en el desarrollo de las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, ha cambiado la postura inicial de negar a sus víctimas hasta el punto de admitir que sus acciones han afectado a la población civil.
Pero hasta ahora, el Estado parece resistirse a dar ese paso de manera firme, y si en realidad se quiere construir una paz duradera y estable, deberá decir la verdad y reconocer que ha cometido violaciones que afectaron a millones de personas. De lo contrario, la reparación a las víctimas y a la sociedad en general será incompleta, y el país correrá el riesgo de continuar repitiendo esa historia de violencia que lleva más de 50 años.
Por: YHOBAN CAMILO HERNANDEZ CIFUENTES
Artículo de opinión tomado de: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=1181:para-que-haya-paz-el-estado-debera-reconocer-su-responsabilidad-en-la-violacion-de-ddhh&catid=37:general&Itemid=150