Un agudo debate se ha desatado en el país con motivo de la solicitud del Ministerio de salud de suspender el uso del glifosato a raíz de estudios, en este caso foráneos pues ya existían de hace rato los nacionales, que alertan sobre el peligro para la salud y la vida. Los contenidos de las posturas de los contradictores, deja entrever que el problema de fondo en esta discusión no es propiamente científico si no que al lado de obvios intereses económicos de las multinacionales que se han enriquecido con la industria química de estas sustancias, este hecho se ha convertido en un nuevo caballito de batalla para atacar el proceso de Habana. No es casual, entonces, que no sea rara la coincidencia de que quienes se deshacen en agravios en contra de esta decisión sean los mismos que se oponen a una salida negociada al conflicto armado.
Desde hace no pocos años diversos estudios nacionales e internacionales muy bien sustentados, han demostrado la ineficacia de la política antidrogas y manera específica el uso de químicos mediante la aspersión aérea de los cultivos de coca. Las Áreas cultivadas, por ejemplo, no han sido afectadas de manera sustancial e inclusive el recurso de la extradición, tan temida en la época de Pablo Escobar, hoy como lo reconoce comisión Asesora en política antidrogas del Gobierno, se ha convertido en una posibilidad hasta deseable por los narcotraficantes pues terminan con condenas irrisorias, con el grueso de sus bienes en sus bolsillos y con ciudadanías que les protegen de por vida. De otro lado, las organizaciones dedicadas a este negocio en vez de disminuir, más bien se ha cualificado y han logrado insertarse mejor como una actor relevante en la economía global.
Sin embargo, los gobiernos colombianos continuaron con la insensatez de sumarse a una guerra y a una política que en sentido exacto no le era propia, comprometiendo no sólo 9 de cada 10 pesos de sus propios recursos en un país plagado de inequidades y exclusiones, si no que expuso a la población a un desangre y victimización cuyo costo en vidas aún no ha sido suficientemente cuantificado. ¿Qué hay detrás de quienes de una manera casi delirante defienden una guerra y una política cuyas evidencias en la época moderna la colocan como una de las grandes estupideces por su irracionalidad? Sin duda hay razones económicas: la industria de las armas y la industria de los insumos químicos, de un gran poder en las economías centrales, que son los grandes beneficiarios no dejarán fácilmente que sus mercados se afecten. También lo es, la economía ilegal, cuyo peso en el mundo financiero global es enorme. Estas razones tiene sus propias expresiones nacionales a las cuales debe agregarse que al articularse el narcotráfico a nuestro conflicto armado de larga duración, dio cabida a uno de los despojos violentos de tierras más sangrientos y degradados que se tenga noticia.
La vida ha sido pues la gran dignificada si se mira los impactos de esta guerra en términos de vidas humanas, de las víctimas que ha dejado la pobreza cuando los recursos se desvían a la guerra y no a resolver las inequidades y exclusiones, y de los daños ocurridos a otras formas de vida al afectar en no pocos casos de manera irreversible al medio ambiente. La pregunta es apenas Obvia: ¿Por qué incurre el Procurador Alejandro Ordoñez en una contradicción tan evidente? Su oposición al aborto, por ejemplo, la fundamenta en el derecho fundamental a la vida consagrado en nuestra constitución, pero cuando se trata de esparcir una sustancia tóxica que afecta o puede afectar toda forma vida, este argumento desaparece de manera inexplicable. Las motivaciones de sus posturas no son entonces, propiamente jurídicas como lo reitera a diario cuando sele confronta. Son los principios de su ideología ultraconservadora afín a un sector importante de la elite que desde nuestra constitución como república se ampararon en los valores y creencias de origen confesional para defender sus ideas sobre Estado, la sociedad, la propiedad y la familia. Son los mismos que en la época de la violencia partidista justificaron desde dicha ideología matar a los liberales pues encarnaban la impiedad pero que en el fondo era porque ellos representaban una ideología que se contraponía a sus ideas de Estado, sociedad, propiedad y familia.
En el proceso de la Habana su oposición que por momentos reviste las características de delirio radica en dos miedos: primero que la guerra que les ha sido tan funcional a sus intereses pueda ser reemplazada por otras maneras de resolver los conflictos, pero sobre todo y en segundo lugar, que la sociedad se levante sobre las bases del estado social de derecho y sea la democracia y no el pensamiento autoritario quien regule las relaciones y los intereses en la sociedad.
Como suele ocurrir en aquellos momentos en que las sociedades se encuentran ante coyunturas que les obliga mirarse a sí mismas, la negociación con las FARC ha obligado a que quienes tienen intereses en juego se vean compelidos a despojarse de sus lenguajes taimados y se vean por la fuerza de los hechos a quedar expósitos ante los ojos de todos. Algo de este tenor parece estarle sucediendo a nuestro Procurador.
José Girón Sierra
Observatorio de DDHH-IPC