Análisis de 1.000 sentencias de Restitución de Tierras el cual revela -entre otros datos- que el 98% de los reclamantes de tierra son verdaderas víctimas y que lo invertido cuesta 3 veces más que lo restituido.
Realizado por la Fundación Forjando Futuros y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.
Terratenientes y algunos funcionarios del Gobierno alegan la existencia de falsas víctimas que buscan aprovecharse de la Ley. Sin embargo, las cifras del estudio de 1.000 sentencias demuestran que el 98% de los reclamantes de tierras fueron reconocidos como verdaderas víctimas por los jueces. El 2% restante no demostró su relación jurídica con el predio o no demostró que la venta de este fuera consecuencia del conflicto armado.
En contraste, el estudio señala que el 89% de los opositores adquirió los predios aprovechándose de las condiciones de violencia; lo que demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios. La tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el principio de la buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las familias despojadas, pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde los escasos resultados en la implementación de la Ley en la Restitución de Tierras.
El 63% de las 97 mil hectáreas restituidas ya había sido adjudicado por la Nación a campesinos pobres. Lo que el despojo
ocasionó fue una contrarreforma en favor de terratenientes haciendo inútiles las iniciativas estatales de los últimos 50 años.
Desde el año 2012 a marzo 2015 el Gobierno Nacional, por intermedio de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS (UAEGRTD), la Rama Judicial y el INCODER ha invertido $836.719* millones de pesos en el proceso de restitución de tierras, lo que contrasta con el valor comercial estimado de los predios restituidos que es de $263.304 millones de pesos.
El Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras en Sentencia del 23 de septiembre de 2014, ordenó la restitución colectiva del Resguardo Indígena del Alto Andágueda, Chocó, con una extensión de 50 mil hectáreas. A este predio no se le estima el valor comercial porque en la legislación colombiana los predios declarados como resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo tanto no se encuentran disponibles en el mercado inmobiliario y no tienen valor comercial. Su valor se encuentra en las condiciones ancestrales, de patrimonio arqueológico, histórico, cultural y de conservación ambiental de la Nación.
En los 3 primeros años de aplicación de la Ley 2012 – 2014, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS (UAEGRTD) NO ejecutó el 41% equivalente a $157.709 millones de los recursos asignados por presupuesto nacional para la restitución de tierras. La falta de capacidad y gestión administrativa de la UAEGRTD para la ejecución del presupuesto, impide que la devolución de las tierras se cumpla según las metas.
De 73.127 solicitudes presentadas ante la UAEGRTD, 7.472 han sido llevadas ante los jueces. De estas, 1.980 han sido resueltas en 1.000 sentencias, lo que equivale al 2%. La tendencia muestra un aumento de los fallos por año del 20%.
De mantenerse así, para el año 2021 se lograría únicamente el 4,4% de la meta de la restitución de tierras.
61.780 solicitudes, equivalentes al 84%, se encuentran represadas por falta de microfocalización, y el 14% restante corresponde a las que se encuentran en trámite y a las rechazadas.
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