Los enemigos públicos de la negociación que se adelanta en la Habana, ya sea desde el mismo campo del Estado, como el procurador, o en el escenario político y de opinión, como el Centro Democrático, están convencidos de que mantener en alto el miedo y el odio hacia las Farc es su mejor estrategia. Entonces, se han visto compelidos a agigantar a esta organización insurgente, así entren en una abierta contradicción con otras valoraciones propias con las que se les coloca en una situación de irreversible derrota militar y política.
En cualquier caso, los juicios de valor no corresponden a la realidad: por una parte, la insurgencia carece de poder para poner en peligro al capitalismo en Colombia, pero por otra, es una organización que está lejos de ser diezmada a la que sólo le queda desmovilizarse y entregar las armas. De acuerdo con eso, sorprende que haya quienes creen en la posibilidad de instaurarse en Colombia el modelo del socialismo venezolano, llamado a veces castrochavismo, una vez culmine exitosamente el proceso de la Habana. O en que Santos y las Farc son los que mueven las fichas en el Consejo de Estado para la destitución del procurador, o que las zonas de reserva campesina solicitadas por las Farc, también planteadas en una ley de la República, sean el ejemplo concreto de que se acabará con la propiedad privada y por lo tanto con la confianza inversionista.
Sin duda, hay quienes, desde todos los estratos sociales, “se la creen” y constituyen ese campo social opositor al proceso. Pero también, que hay muchas personas que, apelando a su inteligencia y sensatez, llegan a la conclusión de que en todo esto hay un gran absurdo.
Una interpretación más ajustada a la realidad sugiere que la ultraderecha y la extrema izquierda suscriben una mutua dependencia que les es indispensable para existir. Los beneficiarios de la guerra, de la democracia restringida y de los autoritarismos, saben muy bien que al enemigo interno, hoy las Farc, les es indispensable mientras no puedan derrotarlo militarmente o someterlo a una desmovilización.
¿Sin las Farc, qué sería del Centro Democrático, de RCN y del procurador? Los desestabiliza la posibilidad de que ese enemigo desaparezca por mecanismos distintos a la guerra, como la negociación política, que abre la posibilidad a una sociedad más democrática e incluyente. Eso les mueve el piso.
Esos son sus miedos: democracia y equidad son palabras que no les cabenen la cabeza y por eso es preciso demonizar a quien pretenda defenderlas. Les asusta que en Bogotá el servicio de recolección de las basuras sea público, lo que interpretan como una amenaza a la libre competencia, o que el campesinado del Catatumbo y de otras regiones del país se convierta en propietario de las tierras que le fueron despojadas; que no lo sean los empresarios que las adquirieron en forma fraudulenta o no pocas multinacionales que andan tras ellas.
Pero sobre todo, sus temores estriban en que alguien pueda, desde la izquierda, instaurar el Estado de derecho, más que como formalidad, como realidad. Buena parte de las razones para oponerse a las negociaciones de paz estriba en esto, puesto que se trata de una amenaza nada imposible y sí concreta.
Desde esa lógica, es perfectamente explicable exagerar las posibilidades de hacer daño que tiene el definido por ellos como enemigo interno. Ayer fueron los liberales, después, los comunistas, y hoy son los terroristas: siempre habrá una manera de renovar dicho enemigo, si las circunstancias y las coyunturas así lo exigen.
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En cuanto a las Farc, el gran peso de lo ideológico en sus decisiones y su estrecha visión de la política, que a veces raya con la torpeza, le ha impedido a esa organización hacer una lectura acertada de la realidad del país. La ultraderecha capitalizó hechos como los secuestros de civiles con fines extorsivos y los nexos con el narcotráfico y los volvió una bien estructurada campaña de desprestigio de la insurgencia. Con ello vino la más estruendosa derrota política, en nada comparable con los duros golpes militares de los que se ufana Santos.
Raúl Reyes expresó en algún momento algo que bien vale la pena retomar ahora: si no fuera por las mezquindades de todo orden, de un régimen como el colombiano, no habría razón alguna que justificara su existencia como organización beligerante. El meollo del asunto entonces es la coexistencia de una élite económica y política aferrada a sus mezquindades y de una insurgencia que justifica su accionar por esas mismas mezquindades.
Lo que en algún grado se pretende en La Habana ahora que la esperanza renace y dicho proceso recibe buenos vientos es desatar este nudo que nos ha llevado a una guerra de larga duración y profundamente victimizante. Ojalá sus opositores no se salgan una vez más con la suya y triunfe su estrategia de miedo y de odio, ¿Cómo impedirlo? Ahí está el asunto.
José Girón Sierra
Observatorio de Derechos Humanos – Instituto Popular de Capacitación
Medellín, julio de 2015