Vicenç Fisas, experto en procesos de paz, habló sobre acuerdos que se adelantan en La Habana.
Esta semana –el miércoles 26– se cumplieron tres años del acuerdo entre el Gobierno y las Farc para iniciar un proceso de paz. Y si bien en el primer año y medio de la negociación, que comenzó tres meses después, se avanzó en tres puntos de la agenda –tierras, participación política y drogas ilícitas–, han transcurrido 14 meses desde que las partes están en el punto de víctimas.
En el acuerdo sobre una comisión de la verdad, que hace parte de este punto, quedó claro que las Farc aceptan un mecanismo judicial como parte de un esquema integral de justicia transicional que les cumpla a las víctimas, pero la fórmula para aplicarlo las mantiene distantes del Gobierno.
Aunque esta guerrilla, como se lo dijo a EL TIEMPO en mayo pasado uno de sus negociadores, ‘Pastor Alape’, no descarta una reclusión especial, le está haciendo el pulso al Gobierno con contrapropuestas de justicia restaurativa, cuya base es la reconciliación. Por ejemplo, trabajo de los guerrilleros en la construcción de la infraestructura que debe beneficiar a las comunidades tras los acuerdos de paz.
El Gobierno ve bien esta iniciativa, pero como un componente del mecanismo judicial y no como su reemplazo, e insiste en un tiempo de reclusión especial.
A la par que los asesores jurídicos de cada parte exploran una fórmula de consenso, expertos en procesos de paz como el catalán Vicenç Fisas han enviado propuestas a la mesa de La Habana para destrabar el punto de víctimas.
Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, le explicó a EL TIEMPO su planteamiento, según el cual el acuerdo final de paz debe estar seguido, de manera inmediata, por la dejación de las armas y, en días, los guerrilleros deberían estar ayudando a construir vías, puentes, y sustituyendo con los campesinos los cultivos ilícitos.
“Esperar de manera pasiva a que el Gobierno cumpla los acuerdos para dejar las armas, como pensaban las Farc, no tiene sentido”, afirma Fisas. Pero al tiempo cree que “el confinamiento de los guerrilleros”, “inactivos e improductivos es estéril”.
El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que para avanzar al cese bilateral del fuego es condición necesaria un acuerdo en el mecanismo judicial que se va a aplicar a los jefes de las Farc. ¿Cuál es su propuesta para superar este punto?
Los dos temas que están haciendo un callejón sin salida, el tipo de justicia transicional que se puede aplicar a las Farc y la dejación de armas, deben unificarse y tener una solución conjunta. En vez de hablar de justicia transicional y punto, se debe pensar en la justicia restaurativa, que viene a ser una forma de justicia transicional. Creo que las Farc se están dando cuenta de que la vieja idea de no dejar las armas hasta que se cumplan los acuerdos de paz no tiene sentido ni es aceptable. En cambio, sería novedoso que ante un acuerdo inminente decidieran no ser espectadoras pasivas de cómo el Estado empieza a implementar los acuerdos y, junto a otros actores de la sociedad, los guerrilleros se pongan a trabajar en la puesta en marcha de los acuerdos, específicamente en el punto agrario y en algunos aspectos de la sustitución de cultivos ilícitos.
¿Cuál es el sustento de esta fórmula y cómo se desarrollaría?
El tipo de justicia sería restaurativa, es decir, en positivo y no en punitivo. Los guerrilleros desmovilizados serían coprotagonistas de la implementación de los acuerdos. No estarían en las montañas esperando a que el Estado haga, sino que empezarían a trabajar en una larga lista de cosas del acuerdo agrario. Todo esto se puede transformar en empleos, en compromisos. Muchos de los guerrilleros necesitarían capacitación, pero esto ya está dentro de los programas de reintegración.
Según esto, ¿las Farc compensarían a las víctimas construyendo puentes, escuelas…?
Exactamente. Leyendo el punto uno del tema agrario, hay como 50 funciones u oficios que se podrían hacer y esto ocuparía a una gran cantidad de los guerrilleros de las Farc.
¿Qué otros oficios?
La sustitución de cultivos ilícitos, que va muy vinculada a que los campesinos, cuando planten cultivos alternativos, tengan una salida a los mercados a través de buenas infraestructuras, de carreteras. Que los guerrilleros hagan esto sería muy beneficioso para el país.
Ya las Farc han planteado participar en la sustitución de los cultivos ilícitos, incluso como parte del desescalamiento del conflicto…
Sí, pero se tendría que hacer con garantías de seguridad. Por eso el interés de que se llegue lo antes posible al acuerdo del cese del fuego bilateral. El día que se llegue a esto se puede empezar un camino directo a un acuerdo definitivo, porque se habrán sorteado los escollos que hay desde hace un año. Entiendo que tanto el Gobierno como las Farc, en cuatro meses, habrán tenido que llegar a un acuerdo sobre la dejación de armas y la justicia transicional. El planteamiento que hago rompe los esquemas que se están trabajando hoy, que son punitivos, de cárcel o no.
¿Usted cree que eso dejaría tranquilo al país cuando la mayoría pide una pena para las Farc?
Para ser realista, tengo que decir, como analista de procesos de paz, que nunca un grupo armado deja las armas para ir a prisión. Desde el 98, que es cuando se creó la Corte Penal Internacional (CPI), hasta hoy, se han desarmado 84 grupos en el mundo, al menos los que yo tengo contabilizados. Ninguno del tipo de las Farc ha pagado pena de prisión. Otra cosa es para los paramilitares.
El punto de partida del Gobierno en el tema de justicia es que haya una pena efectiva, en condiciones especiales…
Yo no veo ninguna posibilidad de reclusión especial en una cárcel. Es imposible, se va a romper el proceso si insisten en eso.
No se está hablando de una cárcel tradicional…
Es absolutamente estéril el confinamiento de los guerrilleros. Lo que planteo es que tengan como tarea, como compromiso, en cuanto a justicia restaurativa, empezar a trabajar para el desarrollo del país. No estar inactivos en una reserva.
¿Pero usted cree que ante la justicia internacional es suficiente un mecanismo de justicia restaurativa?
Por supuesto que sí. La comunidad internacional nunca ha boicoteado los procesos de paz en el mundo, que son muchos. Yo los he seguido desde los últimos 30 años, y ninguno ha tenido pena de prisión. En cambio, el planteamiento es que las Farc actúen como agentes de desarrollo para aplicar los acuerdos de paz.
Deme ejemplos de procesos de paz con mecanismos similares…
Todos los grupos que han superado los 500 u 800 combatientes normalmente se han convertido en partidos políticos y se han podido presentar en las siguientes elecciones sin ningún problema.
¿En qué países exactamente?
Indonesia, Costa de Marfil, Guatemala, El Salvador…
Pero las Farc han dicho que no descartan una reclusión especial…
No necesariamente tienen que condenarlos a estar pasivos, inactivos e improductivos en una especie de reserva. Lo que estoy planteando es algo que ayude a la transformación económica de Colombia con el trabajo directo. Sería una especie de trabajo civil. En muchos países donde hay servicio militar obligatorio y se contempla la figura del objetor de conciencia se hace un servicio civil sustitutorio del servicio militar.
¿Y la Corte Penal Internacional puede considerar el servicio civil como una pena?
La Corte no ha dicho ni dirá qué hay que hacer, porque no es de su competencia. Estamos hablando de una negociación política de las Farc y del Gobierno en un contexto muy participativo. Ha habido una cantidad de consultas a personas que han ido a La Habana o que han ido a foros y han llevado propuestas. Le puedo decir que, metodológicamente, el proceso con las Farc está muy bien diseñado para las dos partes y es muy participativo. Cuando se da esta circunstancia, la Corte Penal Internacional no se entromete. Está observando, que es la palabra exacta que utiliza en relación con Colombia.
¿Qué le da la seguridad de que un mecanismo de justicia restaurativa no será cuestionado por la CPI?
Que no lo ha hecho nunca. En los 84 procesos de desarme que ha habido desde la creación de la CPI, solamente en un caso, el de la República Democrática del Congo, intervino sobre tres personas muy malvadas, pero nunca lo ha hecho con el resto de los procesos de paz.
¿Qué hace distintos a los jefes de las Farc frente a los tres señores del Congo sobre los cuales intervino la CPI?
Eso tuvo que ver con grupos armados que no aceptaron plenamente los acuerdos de paz, que incumplieron sus compromisos y que estaban dirigidos por personas que habían actuado durante todo el conflicto con una sevicia especial, con una cantidad de crímenes personales. Eran actores directos de ejecuciones, de un montón de crímenes que fueron detallados y se pueden ver en la página web de la CPI. Pero, insisto, en los otros 83 casos no ha intervenido porque ha entendido que hay un bien superior al finalizar el conflicto armado, que no haya más muertos, que no haya más víctimas. Esto va ligado a que se forme, como ya está previsto, una comisión de la verdad. Es decir, justicia restaurativa, no punitiva, que puede funcionar muy bien, es una justicia muy benévola cuando hay mucha verdad, toda la verdad, y reparación también.
El punto es que el acuerdo va a refrendación de los colombianos y podría no ser aprobado…
Creo que la población colombiana está tan harta que no va a permitir que se sigan matando 30 o 40 años más. Hay que poner punto final y hacer algo constructivo a partir de la desmovilización de la insurgencia para que el país se transforme. Esto, además, con una comisión de la verdad que exprese todo lo que ha ocurrido y ponga el acento y la responsabilidad de cada cual: las guerrillas, el Estado, los paramilitares, empresas, políticos, etc. Esto es lo que se ha hecho en dos de cada tres procesos de paz.
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