Ocurrió en el primer Congreso Internacional de Paz.
Un histórico hecho tuvo lugar en Tunja: firmantes del acuerdo que acabó con la Guerra Verde en 1990 se reunieron para refrendar su paz.
En un especial para el periódico El Espectador, Germán Moreno, integrante del equipo de comunicaciones de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz- Redprodepaz- presenta un reportaje sobre el aniversario número 25 del Pacto de Paz de los esmeralderos en el Occidente de Boyacá.
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Se cumplen las bodas de plata del proceso de paz del occidente de Boyacá que iniciaron Víctor Manuel Carranza, “niño” —como lo llamaban en su región—, y Luis Murcia Chaparro, alias el Pequinés, quienes decidieron hacer un cese a la confrontación armada que a mediados de los 90 ya dejaba como saldo más de cuatro mil víctimas en la llamada Guerra Verde. Después de 25 años del acuerdo de paz, esmeralderos, organizaciones de la sociedad civil, Iglesia católica y Fuerzas Militares se reunieron para refrendar la firma del proceso y hacer un nuevo compromiso que garantice la terminación definitiva del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.
“Admiramos el valor de quienes a través del diálogo se sentaron en la mesa para firmar un pacto que ponía fin a un conflicto de poderes, intereses personales y ansias de dinero. También, con mucha pena y dolor, hemos sido testigos de las funestas consecuencias del drama de una guerra sin sentido y que esperamos no se vuelva a repetir”. Con esta frase el obispo de Chiquinquirá, Luis Felipe Sánchez, quien firmó el proceso de paz en los 90, dio inicio al primer Congreso Internacional de Paz, celebrado en el occidente de Boyacá, convocado por los empresarios de las esmeraldas, la Diócesis de Chiquinquirá y la Redprodepaz a través de la Asociación para la Normalización, Verificación, Desarrollo y Paz del Occidente de Boyacá (Asopaz).
En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja, se llevó a cabo este histórico encuentro el pasado 16 y 17 de septiembre, que contó con la participación de aproximadamente 400 personas de toda la provincia de occidente, entre ellos varios firmantes del proceso de paz en los años 90, como monseñor Luis Felipe Sánchez, los esmeralderos Carlos y Edwin Molina, Diosdé González, Manuel Buitrago, Gilberto Rodríguez y alcaldes locales de la época como Gabriel Parra y William Nandar.
Germán Forero, representante de los esmeralderos, fue el encargado de replicar el mensaje enviado por el gremio minero. Resaltó la falta de apoyo y de interés del Gobierno Nacional en los empresarios y señaló cómo la ausencia de nuevas tecnologías entorpece el modelo de desarrollo: “Actualmente existen 433 títulos adjudicados por el Gobierno y uno sigue conociendo las diez minas que siguen funcionando. Dialoguemos, sentémonos y organicemos las explotaciones mineras para que no haya ríos de sangre ni pugnas entre poderes”, exclamó Forero.
Manuel Buitrago fue otro de los firmantes del proceso de paz hace 25 años. Aseguró que los problemas familiares y políticos por la libre extracción de las piedras preciosas fue lo que intensificó la guerra, recordando cómo los mineros pasaron a ser máquinas de guerra. Ahora, como empresario de esmeraldas, afirma que le fastidia portar un arma y agradece que por el pacto se hubieran constituido legalmente varias minas. Esa Guerra Verde que casi destruye a toda esta región del país, ya es para él cosa del pasado.
Génesis de la Guerra Verde
La mina de Coscuez, ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur, hacia 1984 se convirtió en el florero de Llorente para una guerra sin precedentes. Esta mina tenía la veta de esmeraldas más grande de la provincia y varias familias querían hacerse al botín a como diera lugar. Por un lado estaban el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, y su gente, que querían tener el control total de la mina. Por el otro, la gente de alias el Pequinés, como era conocido Luis Murcia Chaparro, también quería la mina. Pronto pasó de ser una disputa familiar a una disputa territorial, que a finales de los 80 ya cobraba más de 3.000 muertes violentas.
Gabriel Parra, actual director de Asopaz y quien fue alcalde de Otanche en los períodos entre 1986 y 1987, 1988 y 1990 y 1992 y 1995, sentía que la guerra se había metido en su casa. Cuando tenía reuniones en Chiquinquirá le tocaba irse hasta Puerto Boyacá, después hasta La Dorada, de allí hasta la capital y finalmente llegaba a la tierra de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, porque de lo contrario le hubiera tocado atravesar el municipio de Pauna, lo cual habría podido costarle la vida.
Parra tomó la iniciativa, obtuvo la aprobación para iniciar un acercamiento con lo que ellos llamaban “el otro bando” y en 1989 se reunió en la quebrada La Mioca en Borbur con Gilberto Rodríguez, el administrador de la mina Coscuez que representaba al Pequinés. “La mina alcanza para todos”, fue la conclusión del encuentro. Ese día, Parra y Rodríguez llegaron a un consenso y así, el 12 de julio de 1990, 54 esmeralderos y tres obispos firmaron este acuerdo de paz que terminaba la llamada Guerra Verde.
En un principio, Luis Murcia no quería firmar ningún papel. Él estaba convencido de que la palabra era suficiente para no seguir la confrontación, pero Carranza le mandó un mensaje contundente: “No creo en su palabra, debemos dejar un acuerdo firmado con nuestro puño y letra, le recuerdo que los dos trabajamos en lo mismo y sé las consecuencias si no firmamos”.
Gilberto Rodríguez, el otro protagonista de este proceso de paz, tiene hoy 75 años. Cuando fue administrador de la mina Coscuez en 1991, Esmeracol le encomendó una de las tareas más difíciles que ha tenido que asumir en su vida: darle trabajo a los primeros 80 mineros después del acuerdo de paz. De ellos, 40 venían delegados por Carranza y la otra mitad, por Murcia. “Dejen los odios afuera y busquemos esmeraldas”, les dijo a los trabajadores. Los agrupó por orden alfabético y así, por primera vez, pudieron trabajar conjuntamente mineros de diferentes familias que antes vivían en discordia por las piedras verdes.
Refrendación del acuerdo
Hoy siguen surgiendo nuevas vetas de esmeraldas, nuevos controles territoriales y nuevas violencias entre familias. Todas las piedras preciosas que han sacado en más de 70 años no llegan a ser ni el 8 % de todo el territorio del occidente de Boyacá y las retaliaciones familiares se siguen viendo en, por ejemplo, los asesinatos de Luis Murcia Chaparro y Martín Rojas, el atentado a Pedro Nel Rincón, los hostigamientos a los mineros en la mina El Consorcio. Esta última, en particular, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades y líderes sociales, debido a la adjudicación de títulos mineros y el cruce entre algunas excavaciones de dos familias diferentes.
Monseñor Luis Felipe Sánchez es consciente de lo que sucede en la región. Al terminar el evento, antes de firmar el nuevo pacto de paz, les advirtió a los empresarios mineros y al comandante de la Policía, que estaba sentado en la mesa principal: “La impunidad es el fantasma que sigue rondando por doquier. Desaparecen las personas pero nadie ve, nadie oye, nadie denuncia, nadie hace justicia”.
Por eso Gonzalo Murillo Escobar, coordinador nacional de la Redprodepaz, propuso la firma de un nuevo pacto por la paz, para que empresarios esmeralderos y diferentes actores del territorio firmaran este nuevo acuerdo con el compromiso de darle continuidad al proceso, como un modelo de proceso nacional de paz. También, que todos ayuden a fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y lograr mayores niveles de justicia, equidad y solidaridad. Y, finalmente, a promover, consolidar y participar en un programa regional de desarrollo y paz del occidente de Boyacá.
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