De la esperanza de un acuerdo final del conflicto en La Habana, Cuba, a la incertidumbre de un proceso de paz que democratice y haga equitativo el diario vivir del colombiano.
Tras los anuncios del acuerdo sobre justicia transicional, entre las FARC y el Gobierno de Colombia, fue acordada a su vez la fecha del 23 de marzo del 2016 para la firmar el acuerdo definitivo que le ponga punto final al conflicto armado interno.
La creación de una Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, que respetará la institucionalidad, el derecho nacional e internacional, es una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la justicia, la verdad, la reparación y a la no repetición.
Con la premisa que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en la Región Caribe de Colombia se abren expectativas y esperanzas, que estos acuerdos contribuyan a cerrar las brechas de la desigualdad social, y económica, el resarcimiento de derechos por el abandono Estatal de tantos años, las secuelas y consecuencias del conflicto armado que con tanta saña azotó nuestra región.
La esperanza con el acuerdo para poner fin al conflicto, y abrir un proceso que nos conduzca a la paz, también nos llena de incertidumbres y de reservas frente a lo que el Gobierno ha denominado `construcción de una paz territorial`, que requiere de la participación de actores sociales, públicos y privados, e institucionales, y de cooperación internacional, bajo unos mínimos de concertación y articulación de la nueva institucionalidad, para la aplicación de la política pública, que facilite la intervención conjunta de los problemas que originaron los conflictos.
Nos llena de incertidumbres porque la ruptura del hilo conductor de las políticas públicas de desarrollo y por ende del proceso de paz, entre el Estado nacional, y el Estado local que hoy se observa, es un obstáculo para cualquier proceso de posconflicto, reconciliación y desarrollo, toda vez que para lograrlo es necesario generar consensos y articulación Estatal; esa ruptura, ligada a la proximidad de un proceso de elecciones, para elegir nuevos mandatarios regionales y locales, encargados de implementar las medidas en el marco de los acuerdos de paz, dado que un alto porcentaje de aspirantes son personajes cuestionados, o vinculados a investigaciones por parapolítica, corrupción, como es el caso de casi todos los departamento del Caribe Colombiano y muy especialmente en Sucre donde la Gobernación y las alcaldías se la disputan el nuevo barón de la política, Yair Acuña y los tradicionales barones de la política sureña y Caribeña que por décadas han usufructuado y desangrado al departamento, colocado a los electores en una disyuntiva, no sé cuál es el peor o mejor candidato, o programa de gobierno, o cuál le apuesta a un inminente proceso de paz, sino quien aporta la mayor cantidad de recursos para comprar el “paquete,” el voto a gobernación, asamblea, alcaldías y consejo, cuyo costo va desde los 200 a los 400 mil pesos por cada combo o paquete.
Nos preocupa que un acuerdo para el fin del conflicto, que debe implicar las bases sólidas para el comienzo de un proceso de paz, que como lo ha dicho el Gobierno, es un proceso que debe integrar al territorio como espacio geográfico, multiétnico y multicultural, que tenga en cuenta sus problemáticas y sus dinámicas, deba ser administrado por gobernantes que de estos temas saben y hablan poco. A parte de que solo les interesa cuánto invirtió, a quién le prestó, o con quién se comprometió, para llegar al poder y cómo retribuye dichas inversiones, toda vez que ante, la ya poca y recortada burocracia, los compromiso, son sustituidos por proyectos de inversión con cargo a los presupuestos, que son entregados a los acreedores de las campañas, ante lo cual nos preguntamos, ¿podría suceder lo mismo con los recursos de inversión destinados a cubrir los compromisos que surjan de los acuerdos de fin del conflicto armado e inicio del proceso de paz?.
Nuestras reservas e incertidumbres están basadas en la lentitud, ineficacia e ineficiencia de la normativa e institucionalidad surgida del anterior proceso de paz con las AUC, etapa que puso fin al punto más degradante del conflicto interno, el cual agravó, aún más, la problemática estructural de pobreza y miseria de la población Caribeña y en especial de Sucre, donde las víctimas del conflicto siguen esperando su reparación, sus tierras despojadas, y continúan hacinados en asentamientos urbanos cercados por fenómenos como la prostitución, drogadicción, pandillismo y violencia intrafamiliar, producto del cambio de roles entre las parejas, y las nueva dinámicas de vida, que surgen de la convivencia entre gentes con marcadas diferencias sociales, culturales y políticas.
Un proceso de paz bien pensado, debe tener en cuenta la educación, como base para formar nuevos ciudadanos, pero antes debe indagar más sobre la real situación de las Instituciones Educativas, hasta donde ingresan niños y niñas venidos de sectores con las problemáticas anteriormente mencionadas, con necesidades, que son aprovechados por proxenetas, actores de las bandas criminales para ser usados como prostitutas, consumidores y luego expendedores de droga a sus compañeros. Ligado a lo anterior nos damos cuenta del estado deplorable de dichas Instituciones Educativas, en su infraestructura con reducidos e incomodos espacios, sin ventilación, carentes de dotación o medios para el ejercicio de la docencia u orientación y recepción de las clases. Pero muy lejos de ofrecer un mínimo nivel de calidad de la educación.
Pensamos que la paz requiere de una revisión total del sistema educativo, y de las metodologías y pedagogías actúeles, buscando que los nuevos modelos sean pertinentes y acordes con la diversidad y las diferencias, la idiosincrasia y cultura de cada región, que atienda de manera integral la población, brindando atención psicológica, alimentaria, con ambiente digno para la formación, que integre la capacitación a docentes sobre temas de posconflictos y reconciliación, para afrontar los problemas de esta población estudiantil.
Finalmente, un proceso de paz debe abordar de forma seria, el tema del desarrollo Rural, con base en estudios como el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas del 2011, porque parecería que lo rural, pese a ser el primer gran acuerdo, en el marco del fin del conflicto, fuesen por un lado, y el tema del desarrollo rural visto por los congresistas y gabinete de gobierno responsables de dicha política pública de desarrollo va por otro, se legisla y ejecutan normas para beneficiar a grandes conglomerados, en detrimento de los campesinos y trabajadores agrarios, se sigue pensando en mega obras para dar cumplimiento a los tratados de libre comercio, y no para garantizar una vida digna a los habitantes del campo que producen alimentos y generan mayores ingresos, incluso que las grandes empresa nacionales y multinacionales.
José Vicente Macareno Acosta
Miembro de la Junta Directiva de la Corporación Nuevo Arco iris