Queremos informar a los colombianos con total transparencia sobre la marcha de las conversaciones en La Habana.
Recibimos instrucciones del Presidente Santos de trabajar sin pausa para lograr un Acuerdo para poner fin al conflicto. Hemos dedicado toda nuestra energía a ese propósito.
Hace unos meses se acordó que hoy 23 de marzo se firmaría el Acuerdo Final. Este compromiso fue suscrito por el propio comandante de las FARC. Sin embargo, eso no fue posible. Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo.
No vamos a llegar a acuerdos de cualquier manera.
Para el Gobierno, el acuerdo que se logre no puede ser un acuerdo cualquiera. Tiene que ser un buen acuerdo, el mejor acuerdo posible para los colombianos. Porque es a los colombianos a quienes nos debemos y para quienes trabajamos desde hace tres años y medio cada día en La Habana.
Con gran esfuerzo, con patriotismo y con absoluta dedicación.
¿Qué es un buen acuerdo?
Un acuerdo que permita poner fin al conflicto en condiciones de seguridad para todos. Sobre todo para los habitantes del campo colombiano y también para las FARC, que necesitan plenas garantías de seguridad. Ese es nuestro compromiso.
Un acuerdo que como ha dicho el Presidente Juan Manuel Santos desde el primer día de este proceso rompa de una vez y para siempre el vínculo entre política y armas. No política y armas, esa es una consigna especial.
Que nunca más nadie recurra al proselitismo armado. Y que nadie que participe en política y juegue con las reglas nunca más sea víctima de la violencia.
Un acuerdo que ponga orden en un proceso de dejación de armas. Con plazos fijos. Sin zonas grises. Y repito, sin mezcla de armas y política. Una dejación que se hará ante el componente internacional en forma totalmente transparente. No puede quedar duda alguna sobre la decisión de desechar las armas, proceder a su destrucción, clausurar las fábricas de armamento no convencional y abstenerse de nuevas compras de armas y pertrechos.
Para el Gobierno, la dejación de armas es condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil. De igual modo, lo que se pacte sobre participación política debe estar sujeto también a la dejación de armas. Insistimos: nunca más política con armas. Un acuerdo que implique un cese de fuego y hostilidades verificable. Que cuente con la verificación del mecanismo tripartito encabezado por Naciones Unidas.
Debe haber garantía de la ruptura de los vínculos de las FARC con todas las actividades ilegales. Todas las actividades ilegales.
Tenemos que brindar protección jurídica y física a las FARC, pero estas tienen que garantizarle a la sociedad civil que se incorporarán leal y limpiamente a la vida civil.
A propósito de estos temas, se ha dicho que los plenipotenciarios descartamos el trabajo realizado por la Subcomisión Técnica de Fin del Conflicto liderada por el General Javier Flórez. Eso es falso, totalmente falso.
Las propuestas que han presentado los generales de la República en la subcomisión técnica son propuestas sólidas que han sido revisadas por los plenipotenciarios y cuentan con todo nuestro respaldo.
Desde el equipo de plenipotenciarios incluidos los militares activos tenemos la plena convicción de que los puntos sobre los cuales tenemos desacuerdos con las FARC, corresponden a cuestiones extraordinariamente sensibles. Sensibles para Colombia. Que no quede duda, el equipo negociador está trabajando para beneficio del país. Defendemos una solución al conflicto que respete los valores que son esenciales para Colombia. Aquí, estamos protegiendo los valores que nos definen como Nación.
Un buen acuerdo debe promover una mayor seguridad para los colombianos. Desactivado el conflicto interno, tendremos recursos, creatividad y esfuerzo humano para acrecentar la seguridad ciudadana en un marco de ejercicio tranquilo de la fuerza institucional del Estado con el respeto a la dignidad y garantizando la igualdad y la no discriminación. La guía será una política de seguridad humana.
Un acuerdo que satisfaga los derechos de las víctimas. Verdad, justicia, reparación, todo ello bajo un esquema de garantía de no repetición. No importa el victimario, todos deben asumir sus responsabilidades.
Un acuerdo que abra las puertas de la reconciliación. No el que fomente la venganza y el odio. Tenemos suficiente odio en Colombia. Tenemos suficiente odio en Colombia. Es el momento de tener grandeza como Nación.
Por fin, un acuerdo es una oportunidad. Para intensificar los esfuerzos hacia una mayor equidad social. Allí tenemos un déficit que no podemos negar. Una oportunidad para una política más limpia, una política más limpia. Una oportunidad para impulsar una mayor participación, un diálogo más permanente, una integración de nuestro territorio, de nuestra geografía humana. Ese es el rostro de la no repetición.
Vamos a agotar todos los esfuerzos posibles para lograr un Acuerdo Final. Pero esto exige decisiones prontas. Los colombianos lo desean. O mejor, lo exigen.
Pero lo haremos sin perjuicio de estas líneas centrales. Y no estarán las partes indefinidamente en la Habana. Aquí no estamos hablamos de táctica negociadora. Hablamos de los valores que son esenciales a la Nación. No habrá, repito, un acuerdo que menoscabe esos valores.
La paz es posible. Una paz grande. No se trata solo de rebajar el número de proyectiles disparados sino de abrir puertas hacia el futuro.
Una paz grande y una paz buena. Ese es nuestro compromiso con los colombianos.
Ver en Oficina del Alto Comisionado para la Paz