La detención de Santiago Uribe para que rinda cuentas a la justicia por las violaciones a los derechos humanos y a la vida, deja un resquicio de esperanza para avanzar en la verdad y en la responsabilidad de los poderes económicos y políticos que, en última instancia, han sido los determinadores de parte del horror que ha vivido nuestra sociedad. Ya el Consejo de Estado condenó por segunda vez a la Nación por crímenes cometido en el municipio de Yarumal por la estructura paramilitar de los “Doce Apóstoles”.
“Para el magistrado Gil Botero, es claro que existe negligencia del Estado, en especial de la Fiscalía, para investigar el crimen del joven Ardila y las selectivas masacres perpetradas en Yarumal, pese a los suficientes elementos materiales de prueba”. Por ello, “hace un fuerte llamado a la Justicia para que investiguen a fondo los hechos, se hallen los responsables y se eliminen posibles especulaciones respecto de la posible participación de Santiago Uribe –hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez- en el crimen.”(Ver Estado, condenado por crimen de los ‘Doce apóstoles’)
Es necesario anotar que, en muchos casos, cuando la justicia quiso actuar para develar que actores de la elite política o empresarial estaban detrás de los hechos, los funcionarios, muchos de ellos investigadores del CTI, fueron asesinados o en el mejor de los escenarios destituidos. Entre los años 1995 y 1999, más de 61 investigadores del CTI fueron asesinados en el país, de ellos 12 en Antioquia. El periodo con el mayor número de homicidios fue entre 1997 y 1998 cuando ocurrieron 36 asesinatos. (Para ampliar esta historia de impunidad ver: IPC y Corporación Jurídica Libertad (2010) “Memorias de Impunidad en Antioquia. Lo que la Justicia No quiso ver frente al paramilitarismo”)
Tras más de 20 años de investigaciones que han ido dejando el caso de la estructura paramilitar de los “Doce Apóstoles” en la impunidad, es apenas justo que esta sea una señal para que se gesten las condiciones de no repetición en el postconflicto y de la visibilización de los responsables del genocidio que ha vivido Colombia.
Las siguientes graficas muestran comparativamente en 30 años como fue la huella de dolor, para los habitantes del municipio de Yarumal, dejada por estas estructuras entre 1992 y 1997, periodo de operación del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” y también periodo de Gobernación de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia (1995-1997).
Impunidad sobre los Doce Apóstoles y las Convivir
Olga Behar, en su libro El clan de los Doce Apóstoles, publicado en abril de 2011, le presenta a la sociedad la historia de horror e impunidad que se vivió en varios municipios del norte de Antioquia, especialmente Yarumal. Afirma que “entre 1992 y 1994 hubo una estela de muerte que comenzó a ser investigada, pero no de manera aislada, sino en el contexto de una estrategia paramilitar que incluía vastas zonas de Antioquia, Córdoba y el Magdalena Medio” y que venía siendo investigada sin que encontrara eco en la justicia colombiana. Al respecto afirma que: “Los procesos judiciales que se abrieron a partir de 1994 nunca produjeron resultados concretos y tan sólo fueron encausados los mandos inferiores y algunos de los sicarios”. Solo una razón: el poder económico y político del que hacen parte estas estructuras se han encargado de dejarlo en la impunidad. Según el ex general Juan Carlos Meneses, cuyas declaraciones han implicado a Santiago Uribe, en Yarumal operaba un grupo conocido como de ‘limpieza’ “que tenía protectores del más alto nivel”:
Sentíamos mucha tranquilidad, porque sabíamos que el que nos protegía y estaba metido en todo era el futuro gobernador. En esos meses, Álvaro Uribe Vélez ganó la Gobernación de Antioquia. Su hermano, Santiago, siempre nos dio tranquilidad. Nos decía que ellos tenían muchos amigos en la Fiscalía, amigos magistrados, que eso no iba a pasar a mayores, porque ellos quedarían salpicados en el momento en que se abriera una investigación, ellos iban a ser los perjudicados y eso no lo iban a permitir. Entonces ellos siempre nos inspiraron confianza» (Ver El capítulo oscuro de la vida de Santiago Uribe Vélez)
¿Hasta dónde dejamos que llegara el horror? Pregunta el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe ¡Basta Ya! – Colombia: memorias de guerra y dignidad, el cual deja ver como en el país entre 1985 y 2012 se cometieron 1.982 masacres, de ellas 1.166 fueron cometidas por grupos paramilitares, solo por mencionar una de las modalidades más cruentas que ha marcado el horror de la guerra en Colombia.
Álvaro Uribe Vélez, hoy Senador de la República ha sido promotor de las estructuras que mayor responsabilidad tienen en estos crímenes de lesa humanidad: las cooperativas de seguridad Convivir, las cuales favorecerían la consolidación del paramilitarismo. Como todas las subregiones del departamento, el Norte de Antioquia ha vivido en carne propia este horror que ha pretendido ser silenciado por los perpetradores, con la complacencia de un estado que en muchas ocasiones ha sido sordo a responsabilidades evidentes de actores de la élite que ha gobernado al país. Ituango tiene su huella con la masacre del Aro, entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, y con el consecuente asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos. Por la masacre de El Aro, en la cual murieron 15 personas, a fines del año 2015 los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenaron investigar a Álvaro Uribe Vélez: “La Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo (a Álvaro Uribe Vélez) por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”. Yarumal e Ituango son solo una muestra de la dinámica del genocidio.
Las Convivir se convirtieron en un ejército con al menos 120 mil colaboradores y 529 estructuras en todo el país -de ellas 87 en el departamento de Antioquia- Esa fue la herencia de estas cooperativas de seguridad, gestadas y autorizadas con firma de puño y letra del ex Gobernador de Antioquia, ex presidente de Colombia y hoy Senador de la República ÁLVARO URIBE VÉLEZ. Ya su primo Mario Uribe fue condenado en febrero del año 2011 a siete años y seis meses de prisión, como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Esto sin contar las condenas a una buena parte de los funcionarios que trabajaron en sus gobiernos y que hoy están en la cárcel o fugitivos, entre ellos los ex directores del DAS.
No se puede, a través de una gran mentira, esconder la responsabilidad de esta élite en la guerra que ha desangrado al país y ha dejado más de 7 millones de víctimas. No se puede convertir con mentiras a las víctimas en victimarios. No se puede declarar como persecución política a los pequeños asomos de justicia que se vislumbran. No se puede declarar preso político a quien ha usado la guerra para sus interés de acumulación de poder y riqueza.
A propósito María Jimena Duzan, en una de sus columnas en la revista Semana, titulada “El método de Uribe”, publicada el 25 de mayo de 2014, preguntó “¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad colombiana como para que un candidato de extrema derecha esté sumando adeptos entre gente educada y pensante?”, a lo cual ella misma contestó:
La respuesta a este interrogante puede estar en el éxito con que Uribe ha utilizado el método de la ‘Gran mentira’, plasmado por Adolf Hitler en su credo autobiográfico, Mi lucha, considerado como uno de los manuales clásicos de propaganda política. En ese libro, Hitler afirma que el objetivo de la propaganda es convencer a las masas y ganar adeptos y que para lograrlo había que recurrir a una mentira monumental. Hitler sostenía que solo las mentiras descomunales y no las pequeñas eran creíbles por la masa y que una vez escogidas debían ser repetidas una y otra vez hasta el cansancio con el objetivo de que “la gente creyera que el cielo es el infierno y el infierno el cielo”. De esa forma Hitler logró montar en Alemania una poderosa coalición de obreros sin empleo, de industriales del carbón quebrados y de financieros descontentos con la banca judía, diez años antes de que se declarara la Segunda Guerra Mundial y se produjera el Holocausto». (ver El método de Uribe)
Mantener en la post negociación un proceso de paz sostenible, requiere que la sociedad conozca las causas, los intereses y los actores que, en estas cinco décadas, provocaron despojo, desplazamiento y muerte, e instalaron un proyecto cultural de ultra derecha, el cual ha basado su ascenso al poder en el odio, el miedo y la muerte. La verdad será lo mínimo que se les puede entregar a las víctimas directas e indirectas y a estas generaciones que han crecido en el contexto de una democracia frágil, y por momentos criminal, que ha impedido que este territorio sea un entorno de vida digna para todos y todas. De ahí la importancia que los perpetradores invisibles, instalados cómodamente en el poder, sean visibilizados para la sociedad por la institucionalidad de la justicia colombiana.
Artículo de opinión por Soledad Betancur Betancur, investigadora del IPC
Ver en Agencia de Prensa IPC
«QUIEN TODO LO NIEGA, TODO LO CONFIESA». Con este refrán castellano, se ilustra la continua conducta del expresidente Uribe, cada vez que algunos valientes periodistas o senadores denuncian ante la opinión pública los graves delitos que este senador, cometió, primero cuando fue gobernador de Antioquia y luego, cuando presidente, por ejemplo, las chuzadas a la Corte, la persecución a varios magistrados, las denuncias sobre los falsos positivos, etc., a través de los cuales se comprueba, a la luz de los hechos, que en su caso, está incurso en delitos de asociación para delinquir, cohecho u omisión como en los graves hechos, en asocio con el ministro Arias, de Agricultura, sobre , pero como de manera sistemática lo hace, encuentra pretextos para justificarse o negar los cargos, o inventar falsos testimonios. que por temor a su poder de maquinación siguen impunes.