En un documento dirigido al Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, un grupo de personas promotores de la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución Política de 1991, hacen pública una serie de situaciones que atentan contra la paz anhelada en el territorio colombiano, como la permanencia de los Grupos Armados Organizados –GAO-,
cuyos orígenes, naturaleza y prácticas, son continuidad de los grupos paramilitares; es decir: asesinan por contrato, extorsionan, ejecutan acciones de exterminio social y político por encargo y se financian con dineros provenientes del narcotráfico, la corrupción, así como de las prácticas armadas de operación de minería ilegal y sometimiento de los mineros informales”.
A continuación parte de la Carta:
Estos grupos armados cuentan con un “complejo entramado de relaciones con agentes del Estado, con actores económicos y el aprovechamiento político de adversarios del proceso de paz, garantizan su pervivencia y dificultan su erradicación.
El Gobierno Nacional, dentro de los enfoques de la Seguridad Nacional, ha aplicado fórmulas para eliminar estos grupos, las cuales van desde la priorización de la represión, hasta los procesos de negociación, con la adecuación de la legislación en procura de viabilizar su sometimiento a la justicia. Por desgracia para el país, estas estrategias se han acompañado con la implementación de tácticas cooptativas por parte del Estado, tales como utilizar la negociación con algunos grupos, para aislar a otros; el propiciar el combate militar de algunos de los actores a otras expresiones armadas y hasta los “Falsos Positivos”. Como ha enseñado la amarga historia de la confrontación armada en Colombia, las tácticas duales de paz y guerra, vengan de donde vengan, han evidenciado su carácter nefasto para la paz y la democracia en Colombia.
Los procesos de paz y reincorporación a la vida civil han generado subgrupos que, al marginarse de los Acuerdos, reciclan la guerra y disputan con las instituciones el control de los territorios. Tal es el caso de grupos que se aislaron de los procesos de paz de la década del 90, se constituyeron como actores armados ilegales y hoy se presentan ante el país con incidencia territorial, influencia social y como opción de supervivencia para sectores marginados.
Ejemplo de ello, es el grupo que se autodenomina EPL y que surgió como una disidencia durante el proceso de paz firmado con el Gobierno Nacional en 1991. Su trayectoria ha estado signada por los vínculos con el narcotráfico, los cultivos de uso ilícito, el secuestro y la extorsión, que lo fortalecen económicamente y le permiten ser un actor preponderante de la violencia armada en la región del Catatumbo, sur del Cesar y la hermana República de Venezuela. Hoy, bajo la dirección de Guillermo León Aguirre, este grupo se presenta como alternativa mediante reclutamiento de jóvenes y la pretensión de atraer a sus filas a combatientes de las Farc y del ELN, que eventualmente no compartan los procesos de paz, como recientemente lo ha registrado la prensa.
Otra muestra significativa de estos subgrupos, es la pervivencia de actores marginados de los acuerdos de Santafé de Ralito. Tal es el caso de Los Urabeños, Clan Úsuga o Cartel del Golfo, como el Gobierno prefiere denominarlos. Los orígenes de algunos de sus líderes, como Otoniel, se remontan al Quinto Frente de las Farc y su posterior integración al EPL; después de la firma del Acuerdo de Paz por parte de este grupo guerrillero, se configuró un subgrupo minoritario que pasó a fortalecer la estructura “Héroes de Castaño”, para convertirse en la banda armada más poderosa del país, conocida como “Los Urabeños”. Aunque la Operación Agamenón viene propinando golpes certeros a estas estructuras, es evidente que éstos aún conservan su capacidad de readecuación y supervivencia.
Frente a estos factores, los avances en la concreción de los Acuerdos de Paz en la Mesa de la Habana, generan referentes y espacios que permiten reinterpretar la problemática e imaginar soluciones integrales, con visión de futuro. El momento ofrece la oportunidad de superar viejas visiones y estrategias, para explorar alternativas integrales de sometimiento a la justicia y de alternatividad penal en Colombia, para las personas y los grupos reincidentes en la acción armada ilegal, mediante el aprovechamiento de los mecanismos de la justicia transicional. Así mismo, nos impulsa a realizar un llamado desde la sociedad civil al Grupo de los Urabeños y a la disidencia del EPL, para que se dispongan con toda claridad a buscar opciones reales que permitan su reincorporación a la vida civil, ya sea por el camino del sometimiento a la justicia, o explorando otras alternativas antes de la firma del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC-EP, haciendo así una gran contribución a la paz de Colombia.
Este llamado es, también a potenciar el compromiso de las organizaciones sociales, las comunidades educativas, las entidades encargadas de los programas sociales; en particular, con el sector de los y las jóvenes, para emprender campañas conjuntas de promoción de los valores éticos, de la cultura de la legalidad y la repolitización democrática de la sociedad.
En este sentido, también la Corte Constitucional, hija de la constitución Política de 1991, tiene hoy la oportunidad de remozar el papel del Constituyente Primario, mediante un fallo que potencie una salida civil y democrática, desbrozando el camino hacia la paz completa.
El pueblo colombiano ha sufrido las muertes de muchos de sus líderes sociales y políticos, el desplazamiento, la extorsión, el secuestro, la apropiación indebida de recursos que deberían ser destinados a la satisfacción de sus necesidades básicas; miles de jóvenes sucumben ante las drogas psicoactivas y muchos mueren en guerras desatadas por bandas internas dedicadas al micro tráfico. El presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes colombianos dependen también de las decisiones que se tomen en estos momentos.
La paz es con todos y todas, la paz es entre todos y todas. Es el tiempo de la democracia, la equidad, la justicia social y la reconciliación.”