Tras un arduo trabajo impulsado por la subcomisión de género de la mesa de negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc, el pasado 21 de julio por medio de un comunicado conjunto, se dio a conocer la incorporación del enfoque de género en los puntos 1, 2 y 4 de los acuerdos, enfoque que había sido incluido desde su deliberación en el punto de víctimas y los acuerdos más recientemente alcanzados.
Esta decisión, responde fundamentalmente al hecho de que según cifras de la Unidad de Atención a las víctimas, las mujeres y la población sexualmente diversa se constituyen en las principales víctimas de delitos como el desplazamiento forzado y los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado.
Partiendo de la premisa que las mujeres son indispensables en el desarrollo del campo, pero no tienen igualdad de oportunidades respecto a los hombres:
En el punto 1: “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, se incluyeron, entre otras cosas, mecanismos de acceso especial a tierras, medidas específicas para alcanzar la titulación de la tierra en igualdad de condiciones y privilegios para el acceso a proyectos de economía solidaria. Además, se incluirá la perspectiva de género en el plan nacional para la comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria buscando promover la capacidad organizativa y la autonomía económica de las mujeres.
En el punto 2: “Participación política: hacia una apertura democrática para construir la paz”, el enfoque de género se manifiesta por medio de la inclusión de mecanismos que buscan facilitar la participación de las mujeres en los escenarios donde se discutan las garantías para la oposición, así como su interlocución con los entes gubernamentales en todos sus niveles.
Asimismo, se brindará protección especializada a las mujeres elegidas para ocupar cargos de elección popular y para las defensoras de Derechos Humanos y lideresas sociales que así lo requieran. Por último se brindará asesoría legal y técnica para la creación y fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales de mujeres, jóvenes y población LGTBI.
En el punto 4: “Solución al problema de drogas ilícitas”, el enfoque de género se da en dos sentidos: para las mujeres productoras se propone incorporar a las mujeres como sujetos activos en la concertación de los procesos de sustitución voluntaria y brindarles protección inmediata en caso de que se acojan a estos programas.
En el caso de las mujeres que sean consumidoras o que se encuentren en ese contexto, el programa nacional de intervención será construido con un enfoque diferencial que reconozca las particularidades de las consumidoras e igualmente se tendrá en cuenta la relación entre drogadicción y violencia de género.
Por último, en el punto 5 “sobre víctimas” se acordó entre otras cosas, la creación de un grupo de trabajo de género en la “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”, con el cual se logre visibilizar las formas diferenciales en que el conflicto afectó a las mujeres. Además, se determinó que aquellos delitos que han afectado a las mujeres de manera específica y grave no serán amnistiables.
La inclusión de este enfoque en los acuerdos de paz, se constituye en un gran avance en el reconocimiento de la deuda histórica de la sociedad colombiana con las mujeres y la población sexualmente diversa, y abre escenarios importantes para la garantía de derechos de esta población en el país.
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