Para el cierre del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el paso al primer gobierno de Juan Manuel Santos, los objetivos propuestos por la Fuerza Pública para derrotar a las FARC en sus territorios habían quedado a medio camino y se empezaba a notar un declive en la Seguridad Democrática frente a un repunte de acciones por iniciativa de la guerrilla. El reacomodo de las estrategias de ambos actores enfrentados, trajo un escenario en que las FARC pasaron a pequeños grupos en Unidades Tácticas de Combate, extendieron el uso de minas antipersona, los francotiradores y el aumento de hostigamientos. Mientras que la Fuerza Pública desarrolló acciones de asalto combinadas con bombardeos.
El estancamiento de la Seguridad Democrática se veía reflejado en el manejo de cifras oficiales sobre el conflicto. La escasa confiabilidad del número de guerrilleros abatidos, capturados y desmovilizados aportadas oficialmente, era poco creíble pues según éstas, entre 2002 y 2009 el total de guerrilleros fuera de combate superaba las 40.000 bajas, lo que significaba que en escasos siete años las FARC habían desaparecido dos veces y se habían vuelto a reproducir una tercera vez.
El segundo hecho eran los llamados “Falsos positivos”, las estadísticas demostraban que estos se habían disparado desde 2004 hasta 2008, involucraban más de 30 unidades de la Fuerza Pública, habían causado graves problemas con la comunidad internacional y con los norteamericanos que financiaban el Plan Colombia, 3.430 colombianos asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate era algo inaceptable y constituía crimen de lesa humanidad.
El tercer tema álgido era el conteo de soldados fuera de combate, heridos o muertos, el asunto no era de menor cuantía porque mostraba una tendencia ascendente, en los 8 años de Seguridad Democrática murieron en el campo de batalla 4.983 soldados y fueron heridos 16.053, muchos de ellos por acción de minas ‘quiebrapatas’ o por artefactos explosivos a la vera del camino, con todo el drama personal que tal situación conlleva. Como un comparativo el total de bajas superaba las víctimas del volcán Nevado del Ruíz.
Un último tema de importancia era la guerra en las fronteras que condujo al deterioro de las relaciones con los vecinos especialmente Venezuela y Ecuador. Catatumbo, Norte de Santander, Nariño y Putumayo habían pasado a ser los principales escenarios del conflicto con todos los riesgos de la “persecución en caliente”, el desarrollo de los mercados de criminalidad y el traslado de las acciones de las acciones de los grupos delictivos a los países vecinos.
La Fuerza Pública había pasado de 313.506 hombres (203.283 militares y 110.123 policías) en 2002 a 453.014 hombres (267.629 militares y 185.385 policías) en 2010, en ese periodo crea o amplía destacamentos especializados para la lucha en tierra (66 batallones de contraguerrilla, 6 de operaciones especiales en Sogamoso y Duitama en Boyacá, 6 de alta montaña, 18 brigadas móviles, 15 territoriales y 43 destacamentos de tiradores de alta precisión) y aumenta el número de soldados profesionales de 21.908 (2002) a 89.918 (2010).
Sin embargo, el desbalance se dio en la Fuerza Aérea con el avance en los sistemas de identificación de metales, electrónicos y de calor de alta precisión, el empleo de los aviones “Fantasma” y Tucano con “bombas inteligentes”, el trasporte de tropas y materiales en helicópteros Black Hawk y una mejora sustancial en las labores de inteligencia que dio origen a la “Operación Burbuja”, un modelo de guerra diluida cuyo objeto era dar de baja a los comandantes guerrilleros basado en una división del trabajo entre las diferentes fuerzas para su seguimiento.
►Para conocer el informe completo, véalo a continuación:
Hernán Pedraza
Investigador del Observatorio del Conflicto Armado y del Posconflicto –OCAP-
Corporación Nuevo Arco iris –CNAI-
Esteban Clavijo, Julian Herrera Millan, Sebastián Mayorga, Wilmer Valero
Estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia