Guía para hallar diferencias entre el antiguo y el nuevo acuerdo de paz

Foto: AFP/ Las Farc y el Gobierno Nacional están en negociaciones oficialmente desde octubre de 2012.
Foto: AFP/ Las Farc y el Gobierno Nacional están en negociaciones oficialmente desde octubre de 2012.

Una herramienta creada por ciudadanos permite navegar al tiempo los dos documentos y resalta las diferencias que existen entre ambos textos en temas como participación política, justicia y los demás puntos negociados.

Como bien señaló el presidente Juan Manuel Santos el pasado sábado 12 de noviembre, durante la alocución en la que describió brevemente el nuevo acuerdo logrado con las Farc, se lograronprecisiones y cambios en 56 de los 57 temas abordados”. Es fácil intuir, sin embargo, que si para los ciudadanos de a pie las 297 páginas del primer acuerdo eran, cuando menos, todo un reto, mucho más lo serán las 310 páginas de la versión más reciente que acaba de difundir el Gobierno Nacional.

Por eso, para las personas interesadas en conocer en detalle qué cambió de un documento a otro, la mesa de negociaciones de La Habana y otras cuentas gubernamentales están divulgando por redes sociales una herramienta de origen ciudadano que podría resultar útil a la hora de abordar los acuerdos. Para ello, se creó un archivo comparativo que permite navegar ambos documentos al tiempo de la forma en que se navega un pdf (esta es la herramienta que compara ambos acuerdos).

Así se pueden encontrar los ajustes que se hicieron en los cinco puntos del Acuerdo Final luego de que, el pasado 2 de octubre, por una diferencia del 0,5%, ganara el No que estamparon en sus tarjetones la mayoría de personas que votaron el plebiscito al que convocó el Gobierno para refrendar lo pactado con las Farc.

Por ejemplo, en la página 13 del nuevo documento se resalta que en cuanto a la regularización de la propiedad, se hizo explícito que “nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”. Una frase que se entiende si se recuerda que, durante la campaña del plebiscito, algunos promotores del No aseguraron que refrendar lo pactado con las Farc significaba expropiar millones de hectáreas de sus propietarios legítimos.

Como se entendió solo después de ese 2 de octubre, el argumento de votar en contra de la mal llamada “ideología de género” también jugó un rol fundamental en la derrota del Sí. Esta herramienta permite ver desde los cambios más sencillos en ese aspecto, como que desapareció la expresión “sexo/género” que figuraba en la página 15 del acuerdo original, hasta que fue borrada la expresión “enfoque de género”.

“Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente – nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida”, dijo el presidente Santos en su alocución del sábado en la noche.

En materia de justicia, por ejemplo, se encuentra que en la página 129 se agregó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “no implica la sustitución de la jurisdicción ordinaria”, inquietud que tenían ciertos sectores que promovieron el No como el Centro Democrático. Este partido, liderado por el mayor opositor de las negociaciones y del gobierno Santos, el expresidente Álvaro Uribe, propuso inclusive que la JEP se eliminara y que se creara una estructura de justicia transicional bastante similar a la de Justicia y Paz que su gobierno determinó para los paramilitares que se desmovilizaron entre 2004 y 2006.

Otro reclamo que se hizo contra el Acuerdo Final por el cual se votó el plebiscito, el pasado domingo 2 de octubre, fue en referencia al dinero que iba a recibir el partido político que crearan las Farc desde su registro hasta el 19 de julio de 2026: el “10% de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos”. La cifra cambió, y ahora será el “promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo final”.

Quienes quieran encontrando diferencias entre el acuerdo que se firmó en ceremonia oficial el pasado 23 de septiembre en Cartagena, pero que no fue refrendado popularmente, y el que acaba de anunciar el Gobierno, pueden recurrir a esta herramienta de origen ciudadano.

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