El 22 de octubre un grupo de periodistas fuimos invitados a participar en un conversatorio dentro de la programación de la Primera Feria de Lectura de Montería. La pregunta que abrió el evento fue: ¿Está en crisis el periodismo o están en crisis los medios de comunicación?.
Pienso que ambos están en crisis, los medios porque dejaron de lado su filosofía y casi romántica misión de educar, recrear e informar, para pasar a ser Empresas de Comunicación Social, con la misión de producir plata mediante la venta de un producto que se llama noticia. Y el periodismo, porque los periodistas –salvo contadas excepciones– dejaron de ser los “perros guardianes de la democracia”, de tener iniciativa y creatividad propia e independencia, para pasar a ser trabajadores de esas empresas que finalmente genera ganancias a sus dueños.
Primera conclusión: Los medios de comunicación se han transformado en Empresas de Comunicación Social, y los periodistas han pasado a ser trabajadores de las empresas de comunicación.
Lo anterior genera de por sí una crisis, pues plantea un profundo problema laboral y ético por cuanto las noticias que se producen en las empresas periodísticas no pueden ir en contra de los intereses políticos ni económicos de sus dueños quienes, por lo general, también tienen inversiones millonarias en los sectores inmobiliario, agroindustrial, construcción, financiero (bancos), mercado de valores, se seguros y transportes, entre otros.
Entonces aquí empresas y trabajadores de los medios se ven abocados a una crisis ética puesto que se da una manipulación de la noticia en beneficio de los empresarios de los medios, y “cuando hay manipulación en beneficio particular hay engaño” (Javier Darío Restrepo).
De acuerdo con un estudio, en Colombia los dueños de los medios de comunicación que más influencia tienen en el país son los empresarios: Luis Carlos Sarmiento Angulo (El Tiempo, Portafolio, City Tv, Aló, Motor, Don Juan, Canal El Tiempo); Alejandro y Andrés Santodomingo (El Espectador, Cromos, Caracol Televisión, Blu Radio) Carlos Ardila Lulle (RCN Televisión, RCN Cine, Win Sport, Direct TV y Mundo Fox, NTN24); Felipe López Caballero (revista Semana, Soho, Dinero, Jet-Set, Arcadia, con participaciones también en Caracol Radio y Caracol TV).
Frente a estos monopolios los periodistas, ahora trabajadores de los medios, pasaron a ser controlados, junto con sus noticias, por las empresas a las cuales les prestan sus servicios profesionales, y sujetos a las disposiciones del Código Laboral, sin ningún privilegio adicional al de cualquier otro trabajador. Al darse este cambio los periodistas perdieron todas las reivindicaciones laborales y constitucionales que tenían y que se derivaban del artículo 73 de la Constitución, y de la Ley 51 de 1975, tumbada por la Corte Constitucional, con la complicidad de propietarios de medios de comunicación y de periodistas de prestigio, Ley que garantizaba un estatus laboral y garantías del Estado a nuestra protección en el ejercicio profesional.
El periodismo en Córdoba no escapa a todo lo antes planteado, con un ingrediente adicional: aquí la crisis tiene su origen en el control que sobre la pauta publicitaria del sector oficial impuso el fenómeno paramilitar, especialmente, a los periodistas independientes.
En lo económico el paramilitarismo dio la orden, a gobernadores y alcaldes de bloquear la publicidad oficial, con grave impacto laboral y ético, porque muchos periodistas independientes, para sobrevivir, debieron autocensurarse y en ocasiones sesgar o “vender noticias”, y por tanto su independencia quedó atada a los intereses de la alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos y políticos, también contaminados de corrupción o aliados con el paramilitarismo. Pero también a los intereses de los grandes medios que los contrataban.
De modo que en Córdoba solo el paramilitarismo decidía a quién había que darle publicidad. Hoy, aún los medios y periodistas independientes están pagando esa determinación. No hay un solo contrato para los periodistas independiente ni desde la Gobernación ni desde las alcaldías. El veto paramilitar parece continuar.
Prohibidos los contratos publicitarios sucedió lo siguiente: políticos, candidatos a gobernación, alcaldías, funcionarios públicos, e incluso dirigentes gremiales, optaron por lo que desde entonces se conoce como “contrato de bolsillo”, consistente en darle a algunos periodistas dinero de su propio bolsillo.
La estrategia funcionó en detrimento aún más de la ética periodística porque desde entonces políticos del departamento de Córdoba, candidatos a gobernaciones y alcaldías, optaron por vincular a sus campañas a personas sin ninguna preparación académica ni experiencia en el periodismo; fue entonces cuando dirigentes comunales y desempleados, entre otros, gente sin preparación académica ni experiencia profesional, invadieron los medios de comunicación y se pusieron, sin sonrojarse, al servicio de políticos que los manipularon, y, lo peor, amparados en el derecho constitucional de que todo ciudadano tiene derecho de dar y recibir información. Se auto proclamaron periodistas. Desde allí se gestaron los que hoy en el gremio se les conoce como “katrinos”, es decir, personas que, autoproclamandose periodistas, reciben plata sin miramientos a cambio de manipular, sesgar información, y de engañar a la opinión pública; se trata de sujetos que, como buitres, viven a la caza de los sitios en los que asisten o frecuentan gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos para sacarles prácticamente la plata de los bolsillos. Y estos gobernantes, alcaldes y funcionarios que empezaron dándoles “contratos de bolsillos” a los “katrinos” son los mismos que ahora no saben cómo quitárselos de encima.
Entonces: ¿Está en crisis el periodismo o están en crisis los medios? Creo que la respuesta es evidente: ambos, con consecuencias graves para la opinión pública que vive bajo la sombra del engaño y la tergiversación informativa. Y el engaño a la opinión pública es, ni más ni menos, un atentado criminal en contra de los Derechos Humanos.
Autor: Ramiro Guzmán Arteaga
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