En los conversatorios y foros desarrollados, en el último trimestre del año, por la Corporación Nuevo Arco Iris y distintas instituciones en el país, se intentó abordar en su conjunto el punto 3.4 del acuerdo de La Habana, que crea “el sistema integral para la implementación de garantías de seguridad territorial y desmantelamiento de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo”.
Uno de los encuentros se llevó a cabo en Cartagena el 21 de octubre en la Universidad de San Buenaventura. Este Foro se desarrolló por medio de dos paneles, primero: Las características del fenómeno paramilitar hoy, y segundo: Acuerdo para el desmonte del fenómeno paramilitar alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en relación a la seguridad de las comunidades y las organizaciones sociales y políticas en los territorios.
En la primera parte, César Jeréz, líder del movimiento Zonas de Reserva Campesina afirmó que el modelo de paramilitarismo de Estado se consolidó durante los 8 años de presidencia de Álvaro Uribe, esa consolidación es también la de un modelo de hacer política con el uso de la violencia. Uribe es sin duda el jefe de ese modelo de crimen estatal que se usa de manera sistemática y planificada para generar beneficios, apropiación de tierras, lavado de dinero, narcotráfico, legitimación de la corrupción como una guía de sustentación de poder económico, pero finalmente de poder político.
Así mismo expresó que el triunfo del No representa la crisis de la izquierda, una izquierda que no tiene un polo a tierra. ¿Cómo se hace para derrocar las mentiras y los mitos que surgieron en la campaña del No?, “eso no se hizo, porque no estamos ahí, donde esos mitos fueron inoculados, se reprodujeron y se multiplicaron generando miedo y terror en la gente”, afirmó.
Fabio Castellano Herrera- Ex personero de Cartagena- explicó que la expresión paramilitar en lo que entendemos nosotros como grupos paramilitares es producto de una doctrina ideológica y política, aplicada en todos los sitios en donde ha estado la guerra. Se le conoce como una doctrina de baja intensidad, es decir, cuando las fuerzas militares no pueden o no podían provocar una serie de actuaciones debido al costo político y social que implicaban ese tipo de acciones, muchas veces perversas, existían unas agrupaciones que se encargaban de realizar este tipo de operaciones, y eran acompañadas con una acción militar que especialmente iba casi siempre dirigida hacia la población civil y se aplicaba entonces una estrategia de terror.
Ese copamiento que hacen los sectores paramilitares lo vienen haciendo desde todo el marco de la institucionalidad, que van ganando a medida que se desplaza al enemigo, entonces “copan” económicamente, socialmente y políticamente.
Al terminar esta primera parte Antonio Sanguino, Concejal de Bogotá por el partido Verde, invitó a realizar un despojo de miradas ideologizadas del fenómeno de violencia en la política colombiana en el contexto actual, “una mirada des- ideologizada de lo que está ocurriendo en Colombia hoy, conducirían necesariamente a hacer una afirmación: en Colombia no existe el paramilitarismo”, afirmó.
El Concejal explica que el país tuvo tres generaciones de paramilitarismo en los últimos treinta años:
- La primera generación que era la que se hacía desde los cuarteles del ejército y desde la fuerza militar, que era lo que se conocía en el argot de la izquierda, como guerra sucia, era la acción contrainsurgente ilegal hecha desde los organismos de inteligencia del Estado.
- En la década de los 80 hubo un paramilitarismo de segunda generación, que correspondían a ejércitos irregulares copiando el modelo de organización militar de las guerrillas, ejércitos con anclaje territorial, que se constituyeron como resultado de una alianza entre narcotraficantes, sectores productivos del campo, particularmente bananeros y ganaderos, eran ejércitos que tenían una relativa autonomía en su funcionamiento y en su acción, pero seguían siendo organizaciones paramilitares cuya dirección seguía estando en los cuarteles.
- La tercera generación es el paramilitarismo de los 90, que bajo la expresión de AUC, se conoció como el paramilitarismo dirigido por los hermanos Castaño, ya era una organización armada extendida en todo el territorio nacional, era una organización contrainsurgente y ese paramilitarismo comenzó a competirle al Ejército.
Para responder la afirmación inicial, Sanguino manifiesta que “Las Bacrim o esas estructuras criminales y delincuenciales de hoy, no son ejércitos contrainsurgentes, no todo fenómeno de captura violenta del aparato público puede ser calificado como insurgencia o como contrainsurgencia. ¿Qué es lo que motiva la captura del aparato público en regiones en donde dominan estructuras como la de los Rastrojos o como las Autodefensas Gaitanistas?, fundamentalmente la captura de regímenes, ellos no están persiguiendo a un oponente político caracterizadamente de izquierda, ellos necesitan el aparato público para operaciones de lavado de activos, para capturar el presupuesto público, está despojado de un interés contrainsurgente”.
Por otro lado en el desarrollo del segundo panel Gustavo Gallardo, Abogado de prisioneros y prisioneras políticas, presidente de la Corporación Lazos de Dignidad, ha hecho parte del equipo jurídico, asesor de la mesa de La Habana, dice que se tiene la perspectiva de buscar una solución estructural a la política paramilitar de terror que fue y viene siendo implantada en el territorio colombiano a la luz de los diálogos de La Habana, “porque el hecho que el acuerdo esté firmado sobre el punto 3.4, no quiere decir que inmediatamente el fenómeno desaparecerá, por eso es importante que todos y todas en compañía de la Comisión internacional nos enfoquemos en la implementación de todos los acuerdos y en particular ese (3.4), que es de fundamental trascendencia para el país, toda vez que está directamente relacionada con la participación política”.
William Donado, Investigador y docente de la Universidad San Buenaventura cuestiona si se debe perdonar a quienes les han causado tanto daño a las víctimas, esto partiendo de los resultados obtenidos el 2 de octubre que, como él dice, “daba la connotación a nivel internacional, es que el país no perdonó”.
Las preguntas que nos hacemos son, ¿perdonar requiere realmente una petición por parte del agresor?, ¿Tiene la víctima que asentar la petición de perdón del agresor?, ¿debe ser el perdón incondicional?, ¿qué se espera del ritual del perdón?, ¿qué es el perdón?, ¿a quién beneficia el perdón?, ¿qué esperan las víctimas? Esperan verdad justicia y reparación y garantías de no repetición, El perdón es una decisión no un sentimiento.
Finalmente Rafael Cabarcas, dirigente obrero y víctima del conflicto armado afirmó que “un elemento fundamental es el problema que jugaron las multinacionales dentro del paramilitarismo, y esa es la gran mentira que no se ha dicho al país, todas las multinacionales de la industria petrolera tienen que ver con la financiación del paramilitarismo”.
Los acuerdos, se van a implementar, pero no se van a implementar sólo por las FARC, aquí se soluciona un problema de dejación de armas, pero el gran conflicto social que está vigente en el país es el de salud, de educación, el de vivienda, el de tierras, no lo solucionan ni el ELN, ni las FARC, somos nosotros los protagonistas del desarrollo y la transformación de nuestro país.