Dos asociaciones, Germinar y ANUC.UR, denuncian públicamente el desalojo de “140 familias campesinas, víctimas de desplazamiento forzado por la violencia” en el noreste del país, ordenado por la señora Liliana Sánchez Gómez, inspectora de Policía de Río de Oro Cesar.
La denuncia se realiza este miércoles 11 de enero ante la comunidad nacional e internacional explicando la medida tomada por la inspectora con el fin de llevarla a cabo hoy jueves 12, en las familias se encuentran “niños y personas en situación de discapacidad, mujeres jefes de familias, personas adultas y hombres y jóvenes campesinos, quienes desde el 23 de febrero de 2015 ocupan de forma pacífica y productiva los predios Sabaneta, San Estanislao, Cimarrón, La Pola y terrenos baldíos englobados en lo que hoy se conoce como Hacienda la Pola”.
El documento explica que los predios en los que se encuentran las familias tiene un proceso de extinción desde el primer semestre del 2007 y que en la actualidad “están en etapa de juicio en el Juzgado Penal del circuito especializado de extinción de Dominio en Cúcuta Norte de Santander”, según información de la Fiscalía General.
De igual forma se manifiesta que esta no es la primera vez que las familias se encuentran frente a dicha situación de violación de sus derechos, en otras ocasiones “han sufrido quemas de sus ranchos, destrucción de sus cultivos, amenazas y hostigamientos, estos últimos proferidos por los segundos arrendatarios Andrés Felipe Arcos Gómez y el señor Carlos Mario Gómez a través de un trabajador que se encuentra viviendo en la casa central de La Hacienda”, tal como se expone en la denuncia.
Finalmente se deja en claro que dicho escenario se ha hecho visible y avisado a autoridades locales como Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Víctimas, Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales, sin embargo no hay respuesta de los entes territoriales. Este desalojo se califica como “inconveniente, injusto, revictimizante”.
Ver la Denuncia caso desalojo Pola Enero 2017