La política de derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz

En la sociedad y el Estado perviven imaginarios que legitiman las agresiones contra los líderes y defensores de derechos humanos. Para enfrentar la problemática se requieren prevención y protección, pero también cultura y educación.

Las políticas de derechos humanos no pueden depender de los gobiernos de turno ni de las personas que están ejecutándolas, sino que deben ser políticas de Estado en las que convergen todas las entidades y por su puesto las organizaciones de la sociedad civil.

De esa forma lo concibe en la actualidad el gobierno colombiano, según expresó la asesora de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Valentina Erazo.

Erazo participó en el Tercer Coloquio “Democracia, Derechos Humanos y Paz”, realizado por el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) el 6 de diciembre de 2016.

Allí habló con la Agencia de Prensa IPC sobre el trabajo de la Consejería y los desafíos que en derechos humanos tiene el país en cuanto a la construcción de paz; en un escenario en el que los líderes sociales que han promovido la implementación de los acuerdos están siendo asesinados. Solo en los primeros veinte días de enero se registra la muerte de siete líderes sociales en el país. En Antioquia van doce líderes asesinados. ¿Se repetirá la historia?

Frente al asesinato de líderes sociales en el país, ¿por qué a pesar de las alertas el Estado no ha protegido efectivamente los derechos de estas personas?

Desde la Consejería creemos que hay un reto enorme, en términos de fortalecimiento, a los mecanismos de prevención, alertas tempranas y protección. Pero esto no puede ir aislado a un ejercicio de cultura y educación en derechos humanos.

Parte de lo que hemos revisado en términos de las agresiones a estos defensores y defensoras, es que todavía permanecen en la sociedad y el Estado imaginarios producto de la guerra que legitiman esas agresiones contra los defensores y defensoras. Tenemos que de-construir esos imaginarios y eso es en sí mismo es una garantía de no repetición.

Esto tiene que ver con una pedagogía emocional y de acciones en los territorios frente a la labor que hacen los diferentes grupos políticos y sociales como campesinos, defensores de derechos humanos, movimientos sociales, movimiento sindical, etc.

Por ello, de alguna manera, en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos estamos promoviendo una reflexión para empezar a mirar la política de derechos humanos no desde una perspectiva horizontal ni vertical sino que se construya la política en nuestras actitudes y acciones diarias desde abajo hacia arriba.

Si esperamos a que nos den la orden del nivel nacional o que todo esté listo con los recursos o las acciones del plan de desarrollo, pues vamos a seguir teniendo estos problemas de agresiones contra los defensores.

La política de derechos humanos no tiene espera. Tiene que implementarse e incorporarse en todas las visiones de los funcionarios públicos, en las visiones institucionales y misionales de todas las entidades del Estado.

¿Qué reto le pone la paz a los derechos humanos?

Existe en la Consejería hoy una reflexión muy importante de la política de derechos humanos en torno a la construcción de la paz. Nosotros como Consejería creemos que el desarrollo de las políticas públicas de derechos humanos es una condición para el ejercicio de la construcción de la paz y la implementación del nuevo acuerdo, pero a su vez creemos que los derechos humanos no son posibles si no construimos la paz porque entonces seguirán habiendo vulneraciones a los mismos.

¿En qué perspectiva desarrollará su trabajo la Consejería?

La estrategia nacional de derechos humanos fue construida participativamente en foros departamentales con la sociedad civil. Terminó en un documento lanzado en 2014 por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con perspectiva hacia 2034.

Esta estrategia tiene lineamientos de política pública muy generales en términos de los nueve subsistemas de derechos humanos: derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; justicia; Derecho Internacional Humanitario; cultura y educación en derechos humanos; entre otros.

Hemos trabajado desde la Consejería con más de 40 entidades del orden nacional para incorporar, en cada una de las acciones que ellos implementan, el enfoque de derechos humanos.

Desde la Consejería no creemos que haya que crear nuevas instancias porque ya tenemos muchas instancias de interlocución en el nivel nacional y territorial, hay más de 114 instancias creadas por la ley en diferentes legislaciones y el acuerdo nos trae 50 más. Pero sí creemos que es muy importante, en el momento que vivimos en el país, que esas políticas muestren resultados, que se puedan revisar y medir con acciones al corto, mediano y largo plazo.

Nosotros creemos que las políticas de derechos humanos no pueden depender de los gobiernos de turno ni de las personas que están ejecutándolas, sino que deben ser políticas de Estado en las que convergen todas las entidades y por su puesto las organizaciones de la sociedad civil.

Por último, ¿qué responde usted a la pregunta del coloquio del IPC sobre la relación entre DDHH y desarrollo?

La perspectiva de desarrollo en términos de derechos humanos es una discusión que no solo se ha dado en los niveles locales sino que incluso se ha dado a nivel mundial en consensos de diferentes países, empezando por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Nosotros creemos que el respecto, la garantía y la vigencia de los derechos humanos tienen una relación directa con las políticas de desarrollo. No es posible el desarrollo si no hay derechos humanos.

Y en el momento hay discusiones sobre si cuestionamos el modelo de desarrollo. Esa fue una discusión que ya en términos de los acuerdos de La Habana fue descartada. Sin embargo la implementación de estos acuerdos es una oportunidad para recoger la oferta institucional y promover espacios de desarrollo y de democracia en los territorios. Y no solo democracia participativa, política y ciudadana, sino también económica y social que al final es el enfoque de derechos que tienen los acuerdos.

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