Con una parte de las Farc preconcentradas y otra ya en las zonas veredales, muchas de sus regiones de influencia no solo fueron más visitadas este fin de año por la tranquilidad que se respira. También bajaron las extorsiones en buena parte de los municipios donde la guerrilla era fuerte, aunque no en todos.
De los 233 municipios en los que las Farc hacían presencia, según este informe de la ONG Paz & Reconciliación y datos del ministerio de Defensa que cruzó La Silla, en 89 municipios (el 38 por ciento) las extorsiones bajaron. En 72 municipios (el 31 por ciento) se mantuvieron y en 70 (el 30 por ciento) subieron.
Según los datos de Defensa, desde 2012, año en que arrancó el proceso de paz con las Farc, las extorsiones en vez de bajar se dispararon en los municipios en los que hacían presencia en parte porque la guerrilla siguió extorsionando e incluso, en departamentos como Tolima, Huila y Caquetá, hasta aumentaron los cobros.
De 484 casos denunciados ese año, pasaron a 986, casi el doble, en 2013, 1220 en 2014, y 1297 en 2015. Pero el año pasado, por primera vez la curva bajó. Parte de la bajada puede explicarse a que las Farc se comprometieron en julio a dejar de extorsionar y en total, se presentaron 121 denuncias menos en esos sitios donde ellos mandaban.
Aunque esos son los datos oficiales y la extorsión es casi que por excelencia uno de los delitos que la gente no denuncia, que las Farc estén en el proceso de entregar las armas sí está cambiando el panorama en sus regiones de influencia, excepto la disidencia del frente 1 que sigue extorsionando en Vichada y Guaviare.
Pero en todo el país, según datos de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía, de la torta de las extorsiones, el pedazo más grande se lo sigue llevando la delincuencia común y los presos.
De hecho, luego de hacer reportería en los diez municipios donde más aumentaron los casos y en los diez en los que menos, la principal conclusión es que el vacío que dejaron las Farc se lo están tomando bandas delincuenciales y presos de cárceles como La Picota y La Modelo en Bogotá, Picaleña de Ibagué, en Tolima y Palogordo en San Gil, Santander.
El Brigadier General de la Policía Fernando Murillo, que está a cargo de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, dijo a La Silla que ya tienen detectadas 32 cárceles donde se hacen esas movidas y que tienen priorizadas 12, han incautado más de 1400 celulares y le han imputado cargos a 137 reclusos por hacer extorsiones desde la cárcel.
Murillo nos explicó que la estrategia que tienen por ahora es poner inhibidores de señal en las cárceles (hasta ahora han puesto en Picaleña y Cómbita) y trasladar a los presos que extorsionen a cárceles donde no entra ningún tipo de señal. Es muy difícil en todo caso controlar la extorsión porque se trata de redes que van más allá de las cárceles y que reciclan o cambian facilmente a sus integrantes.
Éstos son los municipios que más contribuyeron al cambio, tanto para bien como para mal, en las cifras de extorsión con la curva de cómo han variado por año las extorsiones en cada uno desde 2006 hasta 2016.
Donde más bajó
De acuerdo con el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, en Neiva la reducción de las extorsiones «tiene todo que ver con los diálogos con las Farc. No solo por las extorsiones. No hemos vuelto a tener un solo caso de secuestro, ni un solo atentado, ni un solo soldado herido. Estamos en otra etapa».
A la capital del Huila todavía no han llegado ni el ELN ni las bandas criminales, pero sí temen que lo hagan y por eso según el alcalde quieren doblar la presencia de la Fuerza Pública para que esa reducción en las extorsiones y los otros buenos indicadores se mantengan. Johanna Rodríguez, directora de seguridad y convivencia de la alcaldía, también nos dijo que como Neiva fue una de las pocas ciudades que vivió la guerra directamente (como cuando las Farc se tomó el edificio Miraflores): «la cultura de pago era normal acá y eso ha cambiado porque hemos aumentado la presencia de Fuerza Pública».
Según el personero de Caloto, Luis Arturo Moreno, luego de que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en Caloto han cesado las actividades de la guerrilla y eso explica la caída en las denuncias por extorsión. Antes, según él, la mayoría de las extorsiones se hacían vía vacunas, especialmente contra los ganaderos y comerciantes del municipio.
Rafael Abril, funcionario de la alcaldía de Paz de Ariporo, dijo a La Silla que en su municipio «desde hace rato no vemos lo de la extorsión. Los ganaderos van hasta la parte de alta de aquí sin problema, se puede andar de noche tranquilamente. La verdad vivimos mucho más tranquilos que hace años.» También nos contó que allí hace presencia el ELN, pero era más común que las Farc extorsionaran. «No conocemos de casos del ELN por ahora extorsionando».
El municipio de Ataco queda a una hora de la zona veredal Planadas y el Frente 21, que ya está concentrado allí, era el que cobraba las vacunas. Según Ricardo Orozco, secretario del Interior de Tolima, la caída en ese municipio se debe a que «ya no están las Farc pidiendo vacunas, pero eso no significa que no haya peligro de que lleguen otros a llenar ese espacio y ya lo hemos visto en otros municipios donde delincuentes comúnes o se hacen pasar por las Farc o por el ELN para extorsionar».
La clave para la reducción en Jamundí,municipio a media hora de Cali, fueron las operaciones nacionales de la Policía contra la extorsión telefónica, especialmente la que se hacía desde las cárceles LaBlanca de La Dorada y Picaleña de Ibagué. Según el coronel del Gaula Valle, Edison José Mosquera, en el 2016 también atacaron a los extorsionistas telefónicos del municipio y lograron 18 capturas. Además, también aumentaron las denuncias de los habitantes, así se logró la captura de los miembros de Las Acacias, una banda que vacunaba a los comerciantes con el mismo nombre.
Según la secretaria de Gobierno de Nunchía, Enriqueta Forero, las Farc no hacen presencia desde hace más de un año en el municipio. «Aquí los que llegaron después fueron los paramilitares y en los últimos años han bajado las llamadas extorsivas porque la región ha estado más tranquila». Dice que los casos de las denuncias que reciben vienen de delincuencia común y de presos de cárceles como La Picota y la Modelo en Bogotá, y la de Máxima y Mediana seguridad de Valledupar, que tienen gente en Casanare para hacer los cobros. «Aquí nadie ha venido a denunciar extorsiones de las Farc desde hace años», nos dijo la secretaria.
Palmira cerró el 2015 con un registro rojo, quedó en el octavo lugar de las ciudades más violentas del mundo y hasta principios del 2016 la situación se mostraba igual. Según el Gaula, en el municipio operaban bandas dedicadas a múltiples delitos, principalmente la venta de drogas y la extorsión de las oficinas de cobro, crímenes que repercutieron en el aumento de los homicidios. La tarea de recoger a Palmira de esas cifras quedó en manos del nuevo alcalde, Jaime Ortega Samboní, excongresista por el partido de La U y pupilo de Dilian Francisca Toro.
Tanto Noralba García, secretaria de Gobierno del Valle, como el coronel del Gaula, Édison José Mosquera, afirman que el trabajo de la Alcaldía con la Policía y la Gobernación fue clave para reducir los homicidios y la extorsión, tanto así que el primer consejo de seguridad del mandato de la gobernadora se hizo en el municipio. García afirma que las cifras también representan el éxito de medidas restrictivas como la hora zanahoria, los toques de queda para menores de edad, requisas y retenes.
En Chaparral todos los guerrilleros del frente 21, que es el que tradicionalmente ha hecho presencia allí, ya se fueron para la zona de concentración de Planadas y según supo La Silla por una fuente de la gobernación, alias «el burro», que era el que cobraba las vacunas en la zona, no volvió a hacerlo.
En Buenaventura El Clan Úsuga y La empresa boleteaban a todo tipo de comerciantes, desde los vendedores ambulates hasta las grandes empresas. Según Alexánder Micolta, director de la Cámara de Comercio del puerto, el año pasado el panorama cambió mucho y los vendedores, especialmente de las tiendas de barrio que eran los más afectados, le reportaron una disminución. Él relaciona el fenómeno con la salida de los jefes de las bandas, ante el aumento de funcionarios de la Fiscalía y fiscales especializados que permitían agilizar las judicializaciones.
Sin embargo, dice que la situación sigue complicada para los comerciantes de la comuna 12, zona que presentó entre 2015 y 2016 un intenso conflicto entre ambos grupos y que persiste el temor de denunciar. Noralba García, secretaria de Gobierno del Valle, reconoció que se mantiene un subregistro de los casos, por lo que han enfocado los esfuerzos en la intervención social de los barrios más violentos e incentivar la denuncia y crear confianza entre la comunidad y la fuerza pública.
Óscar Darío Restrepo Rosero, mejor conocido como ‘Porrón’, era el mayor extorsionista de Tuluá y del Valle del Cauca hasta su captura en el 2015. Rosero era la cabeza de la oficina de cobro de Los Rastrojos y desde el municipio controlaba las vacunas en todo el departamento. La estela que dejó hizo que se organizara una nueva banda, Los 300, que amenazaban a sus víctimas con usar las mismas técnicas del Porrón, que llegó a secuestrar, torturar y matar a varios comerciantes. Según el coronel del Gaula, Édison Mosquera, la reducción de casos del año pasado se logró precisamente después de desarticular la banda en marzo.
Donde más subió
Aunque en Arauca hay una zona veredal para que se cumpla el desarme de los frentes 10, 38 y 45 de las Farc, el ELN es el que manda en esa región. Alias ‘Pablito’, el comandante del frente Domingo Laín -el más poderoso de esa guerrilla- es uno de los que menos alineado ha estado con las conversaciones de paz del ELN y, como lo contamos, en 2016 ha aumentado su accionar y tiene asustado a ese departamento.
En Arauca, según los reportes oficiales, la extorsión se presenta de dos maneras: por una parte, el ELN cobra ‘vacunas’ a comerciantes y ganaderos -los porcentajes varían dependiendo de las características del negocio o del número de reses-; y por otro lado, está la delincuencia común, que en muchos casos se hace pasar por grupos armados y les cobran a personas reconocidas o a hacendados (esa práctica también se hace con llamadas desde las cárceles).
Dos fuentes del municipio le dijeron a La Silla que con la salida de las Farc todo lo que tenía que ver con ese grupo armado se dejó de sentir en el municipio, pero que como el ELN aumentó su accionar, las víctimas de extorsión también han crecido. El subregistro, sin embargo, puede ser mucho mayor, según le dijo a La Silla una fuente oficial del municipio.
Santander de Quilichao, un municipio ubicado en el sector norte del departamento del Cauca, es el segundo a nivel nacional más afectado por el fenómeno de la extorsión, pasando de unos 24 casos en 2015 a 39 denunciados en el 2016.
Pese a que se ha dado este aumento en las cifras de denuncias, según la Alcaldía del municipio, esto es una muestra de que las víctimas se atreven a denunciar este hecho. “Cuando estaban latentes las Farc la gente no hacía la denuncia porque temían las acciones. Hubo casos en los que incluso se tomaban la vía Panamericana y se llevaban a los comerciantes que no pagaban la vacuna”, nos dijo Diego Fernando López, secretario de Gobierno.
De hecho, según el Gaula del Cauca, desde hace dos años está operando una unidad básica antisecuestro y antiextorsión de la Policía que también ha servido para atender las denuncias de manera personalizada. Actualmente la mayoría de casos se registran a través de llamadas desde la cárcel intimidando a comerciantes y a empleados del sector público. “Todos los casos reportados el año pasado corresponden a delincuencia común y a la banda ‘los Yayita’ que fue desarticulada el año pasado”, explicó López.
Quibdó es la ciudad del Chocó más afectada por la extorsión y la tercera del país. La situación es tan grave que los comerciantes no se atreven a hablar de frente con los medios sobre lo que está ocurriendo. El cobro se hace a todo tipo de comerciantes: desde los empresarios hasta los tenderos de los barrios.
Algunos han tenido que cerrar sus locales e irse porque si no pagan los amenazan de muerte. La situación, según una fuente que conoce del tema de primera mano, se ha vuelto peor en los últimos cuatro años pero el 2016 fue crítico. Los extorsionistas llaman usualmente desde las cárceles, desde fuera del departamento y según ha dicho la Policía en capacitaciones a comerciantes el modus operandi es que escogen a las víctimas al azar de los directorios telefónicos de la ciudad.
Las medidas que ha impulsado el gobierno nacional como la puesta en la ciudad de un batallón del Gaula tampoco han funcionado, y de hecho, la fuente dice que en la ciudad hay un clima de desconfianza a las autoridades. «La gente no se siente segura», dice.
Ocaña es la puerta de entrada al Catatumbo por el sur de Norte de Santander, y la capital de la provincia de esa subregión que no solo tiene presencia de las Farc, sino también del ELN y del reducto del EPL que no se desmovilizó en los 90.
Ese municipio ha sido tradicionalmente receptor de víctimas del conflicto del Catatumbo y del sector del Cesar con el que colinda y además es corredor los grupos armados que operan en la zona y hace parte de las rutas del narcotráfico que dirigen los ilegales. Una fuente oficial de la Alcaldía le contó a La Silla que en el sector de Santa Clara, que agrupa varios barrios populares de ese municipio, operan células del ELN y el EPL.
El reporte del aumento de la extorsión, que básicamente en ese municipo afecta a los comerciantes, coincide con el crecimiento de los índices de inseguridad. En Ocaña también hay denuncias por microextorsión, a comerciantes pero por parte de delincuencia común; y denuncias por llamadas intimidantes desde cárceles a los más acaudalados del municipio.
Desde que se desató la crisis en Venezuela, Ocaña -al igual que Cúcuta- se convirtieron en los receptores de habitantes de ese país que ilegalmente están en Colombia. Según reportes oficiales, una porción de esa población ha contribuido con el aumento de la inseguridad, y en la Alcaldía no descartan que también influyeran en el crecimiento de la extorsión. Tres fuentes del municipio, le contaron a La Silla que desde que las Farc se replegó no han vuelto a extorsionar; eso refuerza la idea de que otros grupos están ocupando los espacios que dejaron libres
En este municipio no ha parado la guerra. Hace una semana se enfrentaron disidentes del Frente 14 de las Farc con la colúmna móvil Teófilo Forero a seis horas del punto de preagrupamiento. El alza de las extorsiones se explica, según una fuente consultada por La Silla, a que en todo caso los disidentes del Frente 14 siguen operando en la región.
A pesar de que según el Ministerio de Defensa Tumaco es el sexto municipio del país donde más se incrementó la extorsión en el 2016, tanto el comandante de la Policía del municipio, Carlos Castellanos, como el Gaula de Nariño dicen que las denuncias bajaron el año pasado. Tienen además, la misma cifra: 34 denuncias, dos menos que en el 2015.
La principal modalidad de extorsión en el municipio -según una fuente del Gaula- es la carcelaria, lo mismo que ocurre a nivel departamental y se hacen principalmente desde Picaleña de Ibagué, Palo Gordo en San Gil, Cómbita en Boyacá, Ternera en Cartagena y Las Juanas en Caldas. Además, aunque ha bajado, se presentaron casos de extorsión por parte de los dos grupos delincuenciales organizados en el municipio: la gente del Orden y Renacer, dos organizaciones delictivas que tienen disidentes de las Farc, que cuentan con disidentes de las Farc como ha contado La Silla.
Las principales víctimas son los comerciantes, y para ellos, la Policía y la Cámara de Comercio han desplegado campañas de capacitación para impedir que la gente entregue información que pueda conducir a nuevas extorsiones o incluso prevenir que extorsionen a funcionarios públicos para que entreguen bases de datos del municipio que pueden ser potenciales víctimas.
El alcalde de La Plata, Luis Armando Ricardo, dijo a La Silla que el aumento de las extorsiones en su municipio se debe, sobre todo, a que el vacío que dejaron las Farc se lo están repartiendo entre delincuentes comunes y presos. La mayoría de las extorsiones de los últimos meses del año pasado según él, eran llamadas que venían de cárceles.
«Las víctimas son casi siempre los campesinos que viven en veredas. Los llaman, se presentan como guerrilleros de las Farc y piden que les consignen plata o si no se meten con algun familiar», dijo el alcalde a La Silla. El caso más raro, según nos contó, es que llamaron desde una cárcel a pedirle veinte uniformes de militares a un campesino. La semana siguiente volvieron a llamar, pasándose por guerrilleros de las Farc y el campesino asustado les dijo que no los había conseguido. Entonces le pidieron que consignara una plata en una cuenta.
Según el alcalde este año están haciendo más visitas, con Policía y Ejército, vereda a vereda para advertirles a los habitantes que no se dejen engañar.
Hasta antes de la firma del acuerdo de paz con las Farc, la modalidad de extorsión más común en el Bordo, Patía, en el suroriente caucano era la vacuna, que era «permanente y constante», según el alcalde del municipio, Francisco Arias. Aunque esa extorsión bajó desde que la guerrilla firmó el cese al fuego bilateral, el alcalde explica el incremento de las extorsiones el año pasado en que algunos mandos medios de la guerrilla que no se acogieron al proceso de paz con el gobierno están extorsionando pero para beneficio propio. «Ya no hay control sobre ellos», dice. Las principales víctimas siguen siendo los comerciantes mayoristas como los supermercados que funcionan en el municipio y los ganaderos.
Puerto Gaitán es uno de los municipios con más movimiento económico en el Meta. Además de que allá hay varios proyectos de petróleo en ejecución, parte de su población es ganadera, por lo que la extorsión a sus pobladores por parte de grupos armados ha sido una constante. En su territorio operaron los frentes 16 y 39 de las Farc, y a excepción del periodo en el que se registró el auge paramilitar, se movieron en la zona rural de esa municipio hasta que declararon el cese al fuego.
Según el alcalde José Alexander Fierro, la incidencia de las Farc desde antes de su replegada no era muy fuerte en el municipio. Sin embargo, como el municipio está al lado de Mapiripán (zona selvática) y cerca al Vichada, por su territorio transitan bandas criminales y algunas tienen dominio en él. Comerciantes, contratistas y ganaderos son las víctimas más recurrentes de la extorsión y les cobran dependiendo de su utilidad, de los proyectos que ejecutan, y de las reses de su propiedad. El Alcalde Fierro le dijo a La Silla que si bien aumentó el número de denuncias, también lo hizo el de capturas, porque en el municipio se están implementando planes de seguridad.
En Ipiales, como en el resto de Nariño, durante el 2016 no hubo ninguna denuncia de extorsión por parte de las Farc ni miembros de esa guerrilla. En el 2015, a nivel departamental, hubo 10 casos. El aumento de la cifra en Ipiales entonces se debe a dos cosas según una fuente del Gaula de la Policía: por un lado, la extorsión carcelaria y por otro, que el año pasado se descubrió y capturó a la banda «Los Churosos» dedicada al robo de carros y de motos con fines extorsivos, es decir, robaba los vehículos y luego le cobraba a sus dueños para devolvérselos.
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