La Corporación Nuevo Arco Iris –CNAI-, a partir de sus capítulos regionales, invitamos a construir un frente político y social vigoroso contra estos crímenes contra líderes sociales.
Desde el Valle del Cauca la CNAI que es “un centro de pensamiento, investigación y acción social para la reconciliación nacional “que impulsa iniciativas y promueve acciones en relación con la superación del conflicto armado, en pro de la paz, el postconflicto, la seguridad y la convivencia ciudadana”, denuncia ante la opinión pública y hace un llamado a la ciudadanía a rechazar masiva y enfáticamente la violencia contra los líderes sociales, independientemente de si sus afinidades políticas sean o no las mismas que las nuestras.
Son inaceptables ciertas declaraciones de altos funcionarios estatales, como el Ministro de Defensa y el Fiscal General, que niegan la extensión y gravedad de estos crímenes.
Desde la aprobación por el Congreso de Colombia del acuerdo de paz han sido asesinados 17 líderes sociales defensor@s de Derechos Humanos; en los dos años anteriores, cada tres días en promedio, un líder social o defensor de derechos humanos fue asesinado. En 2015, se contabilizó 105 asesinatos. En 2016 en los medios hablaron de 116 muertes, y más de 350 amenazas individuales o colectivas.
Alertamos a las autoridades sobre las recientes amenazas contra la vida e integridad física de los integrantes del Congreso de los Pueblos. En tan solo 48 horas han ocurrido dos atentados y varias amenazas en distintos departamentos del país, estos hechos reafirman que la persecución al movimiento social es generalizada y sistemática y se evidencia la ausencia de garantías reales y la precariedad e inocuidad de las medidas de protección que el Gobierno nacional ofrece.
Así también lo demuestran los hechos ocurridos, entre otros, en contra de las organizaciones sociales y Políticas Marcha Patriótica, El Comité de Integración del Macizo Colombiano-CIMA y del movimiento comunal e indígena, sectores que han sido mayoritariamente victimizados en este periodo de tiempo.
Esta funesta historia no puede repetirse, estos hechos criminales tienen que ser evitados no sólo por el dolor humano sino porque están en juego la suerte de la paz y la democracia del país.
No podemos permitir que los avances de la paz negociada y las reformas democráticas que deben surgir de estos procesos sean acorralados por el incremento de la violencia contra los líderes sociales.
Corresponde al Estado la principal responsabilidad para prevenir y sancionar esos crímenes por lo tanto le Solicitamos: La explicación de la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición de los resultados de su gestión frente a la sistematicidad de las arremetidas en contra de líderes sociales defensor@s de Derechos Humanos.
El nombramiento en provisionalidad mientras se surte el trámite legal respectivo, de la dirección de la “Unidad Especial de investigación para para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
Que el Gobierno nacional dé respuesta inmediata al movimiento social colombiano sobre su voluntad real y compromiso de garantizar la protección para la participación de éste en la construcción de la paz en Colombia.
A continuación pueden ver la amenaza que se recibió en la región, las organizaciones a las que se dirigen de forma directa y su clara intención de hacer «limpieza social» para así lograr «erradicar a los y las defensoras de derechos humanos, líderes sociales que han apoyado el proceso de paz en todos los municipios del Cauca», afirma el texto Amenazas en Cauca.
Jesús Antonio Pinzon García.
Directivo Nacional CNAI Valle