El pasado jueves fue instalado en Popayán el Comité de Garantías acordado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, como parte del Acuerdo de paz.
Santos señaló que este Comité tiene como objetivo “garantizar que nunca más se usen las armas en la política”. Además condenó los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Resaltó que tiene la intención de «esclarecer» estos hechos violentos y que no permitirá que se “repitan tragedias como la que ocurrió con la Unión Patriótica en los años 80 y 90”.
El mandatario pidió a la Fiscalía avanzar de forma rápida en las averiguaciones de los crímenes y que brinde protección a los líderes en las regiones.
Este Comité está integrado por el presidente Santos, los ministros del Interior, Defensa y Justicia, por el Fiscal General, el Procurador General, por el Comandante de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía Nacional y por el Director de la Unidad Especial de Investigación de estos crímenes.
En medio del proceso para implementar los acuerdos de paz pactados en La Habana, han sido reportados 74 atentados contra líderes en el 2017. Las organizaciones sociales atribuyen los ataques a grupos paramilitares, pero el Gobierno no considera que el asesinato de líderes sociales sea sistemático ni que tampoco sea obra del paramilitarismo, sino que responsabiliza de esas muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
Dentro del Acuerdo de paz se establecen garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos; sin embargo, es evidente que la cifra de líderes sociales asesinados aumentó desde que las Farc cesaron el fuego y empezaron su movilización a las zonas de reserva.
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