Catatumbo: 6 Alcaldías, la Gobernación y fuerzas políticas y sociales avanzan hacia el pacto político territorial de paz

Foto: Olga Quintero/ Portal Movimiento Marcha Patriótica

La región del Catatumbo ha sufrido históricamente el abandono estatal y la crueldad de la guerra. Sus comunidades han sido blanco de políticas de despojo, ejecuciones extrajudiciales, sistemáticas violaciones de derechos humanos, masacres, asesinatos, bombardeos indiscriminados, capturas masivas, fumigaciones y erradicación manual forzada. Como podrá intuirse, estos eventos desafortunados y las políticas de guerra, lograron incidir de manera negativa sobre las condiciones de vida de la población y conllevaron a que la subsistencia de las comunidades rurales dependiera, en su mayoría, de economías de uso ilícito. Sin embargo, con el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, la región y sus pobladores avizoran por fin, oportunidades de lograr las transformaciones necesarias para vivir en paz, tranquilidad y bienestar en sus territorios.

Con este telón de fondo, se entiende el interés de las comunidades e instituciones del estado local de presentar la solicitud para que la región del Catatumbo, integrada por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, sea priorizada en el marco de la implementación del acuerdos de paz, a través de constitución de un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, la creación de una Circunscripción Transitoria Especial de Paz, CTPE, y los Planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativa, PISDA, pues la región cumple con la totalidad de los criterios de priorización que establece el acuerdo a nivel territorial: altos niveles de pobreza, afectación derivada del conflicto, debilidad de la institucionalidad administrativa, presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías declaradas ilegales.

Foto: Olga Quintero/ Portal Movimiento Marcha Patriótica

Teniendo en mente lo anterior, hoy, 3 de marzo, la ciudad de Cúcuta acoge a más de 400 delegados territoriales entre líderes y lideresas, presidentes de Juntas de Acción Comunal y de Comités Veredales, miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo y representantes del Pueblo Barí, que junto con la Gobernación, 6 Alcaldías de la Región del Catatumbo, Personerías y la Defensoría Departamental, presentarán públicamente una solicitud formal a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI, para la Priorización del Catatumbo en la implementación del Acuerdo de Paz y el desarrollo de medidas urgentes para la protección de sus comunidades.

Esta iniciativa busca dar continuidad política al Refugio Humanitario de Caño Indio, Corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, instalado por las comunidades entre el 9 de febrero y el 17 de febrero de 2017 como estrategia de protección y autoprotección ante la reaparición de grupos armados ilegales y grupos paramilitares en la región del Catatumbo en medio de la movilización de los miembros de las FARC-EP hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Esta situación, constituye una de las dificultades que enfrenta el proceso de implementación, y expresa el gran temor que asiste a las comunidades: que la violencia no logre ser expulsada del ejercicio de la política.

En el Catatumbo, a pesar de la violencia y las vicisitudes del conflicto, el Pueblo Barí, las comunidades campesinas y las fuerzas políticas democráticas, lograron resistir de manera creativa, colectiva, solidaria y fraterna, a todas las arremetidas de violencia, y mantener los niveles organizativos en medio de la guerra. Por ello, merecen de todas las fuerzas, manos y voluntades, para que logren por fin sembrar la semilla de la paz en sus territorios.

Con este acto público se abre una ventana para que la región del Catatumbo, deje de ser destino de la guerra para convertirse en un territorio de paz y reconciliación. Con el dialogo que inicia hoy, se fortalece el compromiso de los actores presentes por construir un pacto político territorial que permita el despliegue de la implementación del acuerdo de paz en la región.

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