Porque las mujeres colombianas nos oponemos a cualquier guerra, incluida la guerra contra las drogas.
El 17 y 18 de marzo de 2017 se reunieron Puerto Asís, Putumayo setenta y cinco mujeres cocaleras y coqueras de Caquetá, Cauca, Meta, Nariño y Putumayo para analizar su realidad como mujeres cultivadoras, recolectoras y realizadoras de otras actividades asociadas a la economía de la hoja de coca. Estuvieron acompañadas por organizaciones de mujeres y mujeres diversas de distintos lugares del país (Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Montería, Putumayo y Santander de Quilichao) y por una mujer boliviana, conocedora de los procesos de sustitución y control social de la coca en su país.
Las mujeres cocaleras enfrentan largas jornadas que comienzan desde el amanecer y llegan a sumar hasta 20 horas de trabajo. Estas implican la alimentación y cuidado de los hijos e hijas, esposos, las actividades domésticas, el cuidado de los cultivos, atender a los trabajadores, y desempeñar todos los trabajos en los cocales (sembrar, fumigar, raspar, quimiquiar).
En el Encuentro, las mujeres respaldaron el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, apoyan su implementación y actúan en concordancia con lo establecido en los mismos, en especial lo planteado en el punto 4 que establece que los planes de sustitución deben ser concertados con las mujeres rurales vinculadas a la economía de los cultivos de coca.
Después de un día y medio de trabajo conjunto, las mujeres reunidas exigen al Estado Colombiano que actúe de manera inmediata en:
NO a la criminalización de su labor. No son narcotraficantes, son mujeres trabajadoras empobrecidas con necesidades y derechos que han logrado satisfacer con los cultivos de uso ilícito. Demandan que las mujeres que están en las cárceles dentro y fuera del país por su relación con la economía de la coca (cultivadoras, raspadoras, transformadoras, transportadoras y vendedoras) sean beneficiarias de excarcelamiento y cesación de procesos penales.
Exigen garantías de participación en todos los espacios de toma de decisiones municipales y departamentales con seguridad, formación y recursos económicos. Demandan participar de forma activa en la implementación del acuerdo de paz con otras organizaciones y en representación equilibrada con los hombres como lo establece el enfoque de género incluido en el Acuerdo de Paz . Las mujeres consideran necesario hacer pedagogía masiva de los puntos 1 y 4 de los Acuerdos.
Piden que los procesos de sustitución de cultivos no pongan en riesgo su derecho a la tierra, se les asegure la titulación de tierras para las que la poseen y acceso a las que no tienen, o no tienen tierra suficiente. Los procesos deben vincular a todas las mujeres que están dentro de la economía de la hoja de coca (cultivadoras, recolectoras, transformadoras, transportadoras y vendedoras) con proyectos productivos agropecuarios de sustitución para las actividades de cultivo y recolección y con proyectos productivos de transformación de materia prima para las actividades de transporte y venta. Dichos procesos de sustitución deben formar parte de las políticas públicas de los departamentos y municipios y deben comprometerse a la construcción y mejora de vías de acceso.
Las mujeres defienden la condición andino-amazónica del territorio y demandan que no se convierta en distrito minero, lo cual implica renegociar las concesiones con las mineras respecto a la tenencia de la tierra. Exigen proteger el territorio de las multinacionales, impedir que estas lo socaven y recuperar, preservar y proteger las semillas propias.
Las cocaleras demandan que se promueva e impulse una economía territorial y se fortalezca la producción de productos claves y propios como: sacha inchi, cacao, plátano, yuca, chontaduro, piña, pimienta, palmito y especies menores, entre otros, así como proyectos de comunicación, sociales, ambientales y turísticos. En cuanto la coca, se debe recuperar su uso medicinal y ancestral con liderazgo de los pueblos originarios.
Se deberá apoyar el emprendimiento social y cultural para los y las jóvenes para prevención del consumo de sustancias psicoactivas, garantizar su educación técnica y superior. La oferta del SENA y de las universidades deberá llegar a los territorios rurales para que los y las jóvenes no se tengan que volver urbanos para capacitarse.
Finalmente, las mujeres reclaman que la sustitución de cultivos solo inicie cuando ellas hayan participado de manera efectiva; sus demandas hayan sido incluidas; el Estado haya hecho efectivos los compromisos que adquiera con la firma de los acuerdos de sustitución y que esta sustitución se haga de manera paulatina. Que no se firme ningún acuerdo de sustitución de cultivos si no se incluyen sus demandas y que ningún proceso de erradicación se lleve a cabo de manera forzada.
‘‘Juntas y valerosamente dignas, seguiremos afirmando vida’’, así termina la Declaración.
Conozca la Declaración Oficial completa aquí: Declaracion_final