Este miércoles 8 de marzo, en San José del Guaviare se hizo una denuncia pública en la que se expone de forma detallada que aunque se realizó el acuerdo “Marco colectivo de sustitución concertada de cultivos de coca” entre el Gobierno Nacional y la comunidad, miembros de la Policía Antinarcóticos están llevando a cabo “un proceso de erradicación forzada de cultivos de coca” violando así, como se afirma en la denuncia “la voluntad expresa de las comunidades de acogerse a programas de sustitución voluntaria y concertada”.
Tres hechos se explican en el documento:
- Tropas de la Policía Antinarcóticos provenientes de la Ciudad de Bogotá desplegadas en territorios de la Vereda Japón del Municipio del Retorno, en el Departamento del Guaviare, con el objetivo de adelantar labores de erradicaciones forzadas.
- Diálogo entre campesinos de la región y miembros de la Fuerza pública que evitó un primer intento de erradicación.
- Un día después del diálogo “secretario del Comité Cocalero de la Vereda Japón fue víctima de erradicación forzada, con el agravante de que la comunidad sufrió amenazas y amedratamiento por parte miembros del cuerpo de Policía Antinarcóticos”.
En la denuncia se manifiesta que “la anterior situación configura una violación al derecho adquirido por los integrantes de las veredas pertenecientes al Núcleo de Tierra Alta, debido al desconocimiento de la intención de sustituir de manera concertada y voluntaria los cultivos de coca existentes en la región, acuerdo, que reiteramos fue suscrito el pasado 28 de Febrero del año en curso, con el Gobierno Nacional.
Las organizaciones y procesos firmantes del acuerdo rechazamos la doble moral con la que actúan los funcionarios públicos, que de manera irrespetuosa manifiestan a las personas que han firmado un acuerdo de sustitución de cultivos con el gobierno que “si creen que el gobierno les va a cumplir lo que firmaron” Esta actitud genera un mayor grado de desconfianza en el campesinado productor de hoja de coca, que puede llevar al fracaso la reconversión económica de las regiones afectadas por los cultivos de coca”.
De igual forma exigen que se respeten “los Acuerdos Firmados entre las comunidades y el Gobierno Nacional”, que “se frenen los procesos de erradicación forzada en las zonas en donde existen acuerdos de Sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito” y que se mejore la “interlocución entre las Instituciones del Estado, que permitan dar a conocer los documentos y acuerdos firmados en procesos de sustitución concertada y voluntaria adelantados con las comunidades”.
Esta denuncia es firmada y emitida por la Coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana –COCCAM- Guaviare, Sur del Meta Y Suroccidente del Vichada; la Mesa popular de Interlocución y Acuerdo –MIA- del departamento del Guaviare Y Sur del Meta y la Fundación por la defensa de los Derechos humanos y el derecho internacional humanitario del Oriente y Centro de Colombia –DHOC.
Ver DENUNCIA ERRADICACIÓN VEREDA JAPÓN