Con 95 votos a favor y seis en contra, el Congreso de la República aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero las modificaciones a las que fue sometida posiblemente impedirán el reconocimiento de responsabilidades de algunos actores del conflicto armado.
En plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó el acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr). En aquel se estable, entre otros, el modo en que operará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la implementación del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC–EP.
La JEP es un mecanismo de justicia transicional que tendrá 15 de competencia a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema. A través de esta el Estado colombiano deberá investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
No obstante, las “motiladas” a las que fue sometida en el Senado y en la Cámara de Representantes antes de ser aprobada, generan preocupación en algunos sectores sociales, políticos y de víctimas. Integrantes de esos espacios consideran que las modificaciones limitaron las posibilidades de que se esclarezca la verdad de lo ocurrido durante el conflicto.
A Alejandra Gaviria, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le preocupan las proposiciones y posteriores decisiones que se tomaron en el Congreso y que no estaban incluidas en el Acuerdo, porque “merman las posibilidades de que la JEP aporte a conocer una verdad que contribuya a determinar responsabilidades”.
Otras posiciones como la de Luis Guillermo Pardo, miembro de Federación Nacional de Paz (Fenalpaz), son más mesuradas. Desde su perspectiva, “lo aprobado es lo que hay, y con eso es que va a funcionar la JEP”.
Él opina que “no hay que ser ortodoxos”, porque las modificaciones hicieron parte de la evolución del proyecto de acto legislativo a su paso por la Cámara y el Senado.
Tensiones entre verdad e impunidad
Martha Lucía Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explica que la JEP tiene dos componentes relevantes: la sala de definición de situaciones jurídicas y la sala de reconocimiento de la verdad, donde se evidenciará que “la verdad es una disputa entre sectores muy poderosos a los que no les interesa que se dé a fondo un proceso de esclarecimiento de lo ocurrido ni de las responsabilidades”.
Lastimosamente —agrega la investigadora del IPC— el funcionamiento de la JEP va a empezar en medio de una campaña presidencial.
Este aspecto es decisivo porque hay sectores económicos, militares y políticos que harán todo lo posible por bloquear su desarrollo. Y alcanzar el poder podría allanarles el camino.
A esos sectores, sostiene Alejandra Gaviria, no les conviene que se conozca la verdad porque eso implicaría “esclarecer responsabilidades desde lo jurídico”, y eso aplicaría tanto a agentes del Estado como a civiles que participaron del conflicto e incurrieron, o apoyaron, la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Entre las conductas sancionables están las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos y desapariciones forzadas, victimizaciones que han sido altamente denunciadas en Colombia sin que se haya conocido toda la verdad sobre quiénes las ordenaron. Pero también están los delitos de lesa humanidad, los genocidios y los graves crímenes de guerra.
Por eso, para que los responsables de ese tipo de conductas sean investigados y sancionados, la JEP “debe propiciar una construcción alternativa e histórica de la verdad, donde autores materiales, determinadores, financiadores y beneficiarios del conflicto sean responsabilizados judicialmente”, señala el sacerdote Alberto Franco, representante legal de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP).
En ese sentido, preocupa la introducción que se hizo en el Congreso de un nuevo artículo para que no sea de competencia de la JEP sancionar a terceros civiles que han financiado o colaborado con grupos paramilitares u otros actores del conflicto.
La proposición, aprobada en debate e incluida en el artículo 16 transitorio, fue hecha por el senador Germán Varón Cotrino de Cambio Radical, partido con exsenadores, exalcaldes y exgobernadores investigados o sancionados por vínculos con grupos paramilitares, al punto de que a esa colectividad le fue aplicada la figura de “la silla vacía”, tras la condena al exsenador Javier Cáceres.
Para Martha Peña, el nuevo artículo limita la posibilidad de juzgar, por ejemplo, “a los empresarios que han jugado un papel importante en la consolidación del paramilitarismo y en graves violaciones a los derechos humanos con tal de defender sus intereses económicos”.
Lo que percibe el padre Alberto Franco, es que esa modificación a la JEP “es un bote salvavidas que se les dio a los determinadores económicos para quitarles responsabilidades y beneficiarlos. Porque se pusieron unas exigencias muy difíciles de cumplir, como el hecho de que no bastan solo versiones para probar que algún empresario financió a un grupo paramilitar para que hiciera una masacre u otro crimen”.
De modo similar, preocupa la especificación que se hizo con respecto a la responsabilidad de los mandos militares solo cuando estos tuvieron control efectivo sobre sus subalternos y, por lo tanto, conocimiento de las conductas con las que afectaron a la población civil.
Con esa decisión, coinciden algunos entrevistados, se libera de responsabilidades ante la JEP a los militares de mayor rango en las cadenas de mando.
Entonces, afirma Gaviria, “podría suceder que queden como responsables algunos autores materiales; es decir, algunos soldados y rangos bajos, pero no se va a llegar, por lo menos por la vía jurídica, a sancionar a quienes dieron las órdenes y quienes idearon los planes que se vieron materializados en asesinatos. Esa es una traba bastante grande”.
Sobre estos aspectos, Peña considera que los militares también pueden aportar al esclarecimiento de la verdad si entregan información respecto a los empresarios involucrados en el conflicto.
La investigadora del IPC, agrega que además de esa información es necesario que se entreguen a las salas de la JEP los archivos de inteligencia de los órganos de seguridad del Estado.
Por su parte, Pardo aclara que “en las estructuras de mando puede ocurrir que quien ejecuta las órdenes no necesariamente las cumpla tal como se lo indicó quien se las dio”. Y amplía el debate: “Las responsabilidades que recaen sobre los altos mandos no son exclusivas de la Fuerza Pública, también deben revisarse dentro de la guerrilla para que no haya sesgos”.
A pesar de esas tensiones, él cree que en este momento de la historia del país la JEP representa la única posibilidad para que guerrilleros, militares y miembros de la sociedad civil aporten en la reconstrucción de “una verdad completa e integral”. Solo así, enfatiza, se conocerán los actores participantes y los hechos ocurridos en la guerra para llegar a aplicar “una justicia transicional y restaurativa”.
Víctimas, ¿están “en el centro”?
Según información del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –y en su seno la JEP– tendrá como centro a las víctimas, a quienes deberán proteger y satisfacer sus derechos y reparar los daños causados a comunidades y territorios a través de “medidas restaurativas, reparadoras y retributivas”.
Sin embargo, precisa Gaviria, las condiciones en que fue aprobada la JEP favorecen a las víctimas de las FARC, pero no a las de otros actores del conflicto. “Las modificaciones que se le hicieron a la Jurisdicción afectan a las víctimas de crímenes de Estado, porque con los cambios que aprobó el Congreso nos están negando la posibilidad de participar y conocer la verdad sobre los responsables de las victimizaciones”.
En otras palabras, ella plantea que las limitaciones que se le impusieron a JEP para investigar y sancionar a miembros del Estado y de la sociedad civil, aumentan las probabilidades de que agentes de esos dos ámbitos, responsables de múltiples victimizaciones, “queden invisibilizados”. Y ese tratamiento diferencial atenta no solo contra de los derechos de las víctimas sino de toda la sociedad.
Frente a esta situación, Peña expresa que “si se analizan los discursos de las delegaciones del Gobierno y del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hay mucha retórica sobre las víctimas, pero solo las de un lado, porque esto parece un proceso para que responda solo la guerrilla. Pero si uno se pone a ver las víctimas del Estado y del paramilitarismo, entonces no es tan cierto que ellas están en el centro”.
La investigadora también llamó la atención sobre un derecho que no se está garantizando: la no repetición. Esto, señala, se evidencia en el aumento de asesinatos de líderes sociales, entre ellos los reclamantes de tierra, por parte de paramilitares, sumados a los que han sido condenados y judicializados por el Estado por su participación en ejercicios de protesta social.
Aun así, Pardo sostiene que desde su punto de vista “las víctimas están en todo el centro del Acuerdo de Paz”. Por eso, argumenta con total convicción, que “el principio de la justicia transicional y restaurativa es la verdad como camino para acceder a la justicia y a la reparación de quienes han padecido el conflicto armado”. Y añade que “las víctimas van a tener una gran participación en todas las audiencias y actividades del Tribunal Especial de Paz”.
Pero para llegar a ese punto, el Sistema –y con él la Jurisdicción Especial para la Paz– aún no ha terminado su recorrido previo a la entrada en funcionamiento. Resta que este proyecto de ley sea sancionado por el Presidente de la República y revisado por la Corte Constitucional para que entre en juego a modo de reforma para la construcción de una paz estable y duradera que dé fin a más de 50 años de guerra.
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