Pueblos étnicos en peligro

Guerra y crisis humanitaria en el departamento del Chocó constituyen el escenario actual de reconfiguración violenta del territorio

Desde finales de 2016 y tres meses de 2017 se han producido hechos preocupantes en el país, como el asesinato de más de cien líderes y lideresas sociales junto con la criminalización de la protesta social, que se evidencia en la detención y judicialización de seis personas en los últimos días en el sur de Bolívar y sur del Cesar. Esta gravísima situación lo que refleja es una disputa territorial detrás de la cual hay procesos de reconfiguración territorial, que además de ser preocupante es violenta en diferentes regiones del país.

Entre todas las regiones de Colombia, hay una que asombra especialmente porque ha sido históricamente olvidada por parte del Estado, sus habitantes han vivido directamente el conflicto armado, todos los actores han tenido y otros tienen presencia en este territorio, pero es precisamente en donde su gente ha estado apoyando la solución política negociada, que se traduce en movilizaciones constantes y en el pasado referendo de 2016, salieron a votar masivamente por el SÍ a la Paz. Esa región es el Departamento del Chocó. Este departamento, como todos los que tienen límites con mares o son territorios de frontera, hicieron una gran apuesta por la solución política negociada al conflicto armado.

El Chocó es un departamento étnico -Afrocolombianos (82,1%), Indígenas (12,7%) y Blancos y Mestizos (5,2%) (Cifras Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005 – 2011). Hacen esfuerzos permanentes por preservar las culturas tradicionales de sus pueblos, las comidas, las lenguas, los modismos y sobresale en las comunidades negras el papel tan importante que juegan las mujeres en sus liderazgos. Es un territorio con selva virgen y muchos ríos, por eso se escriben cuentos y leyendas como, “El Chocó tiene el cielo roto” del Banco de la República, porque es el lugar de Colombia donde más llueve. Es el único departamento del país con dos mares, el Atlántico y el Pacífico. Por ello hay una disputa porque Antioquia, que solo tiene mar hacia el Atlántico, quiere a toda costa tener salida al Pacífico, en su visión expansionista, por ello ha querido apropiarse de Belén de Bajirá. (Ver “Pelea entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá”).

Las comunidades se agrupan por el marco normativo que les dio la constitución del 91 en la que define a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. La ley 70 de 1993 desarrolla este concepto y conjuntamente con las autoridades étnicas, legitima las formas organizativas propias de las comunidades en Consejos Comunitarios –las comunidades negras- y en Cabildos –las comunidades indígenas-. La Corte Constitucional ha sido enfática en pronunciarse sobre la cosmovisión de estos pueblos, por eso los territorios entregados a las formas organizativas de sus pueblos son significativas, porque lo ordena la ley en relación con la cosmovisión de sus comunidades. De esta manera ellos pueden defender su cultura y la cosmogonía de sus territorios. No obstante cada vez que abrigan la esperanza de caminar hacia el disfrute de lo que es suyo, de lo que les pertenece, la violencia vuelve a repuntar de otro modo.

Es incomprensible cómo un pueblo que debe ser protegido, porque lo ordena La Constitución que nos dijo que Colombia no es blanca y mestiza, sino multicultural; ese espacio físico y geográfico, tenga las más altas cifras de desempleo, sus colegios en malas condiciones locativas, los jóvenes no tienen oportunidades laborales ni de escolarización pertinentes, el sistema de salud es decadente, altos niveles de corrupción y nadie controla lo que allí sucede. El Chocó pareciera que no está dentro de Colombia, pareciera surreal, con condiciones de vivienda inadecuadas, sin vías pavimentadas, sin carreteras, por eso las comunidades hablan del “derecho a la reparación histórica”.

No obstante, sobre el territorio chocoano tienen los ojos puestos no solo los comerciantes antioqueños, también las multinacionales. En 2011 se entregó el título colectivo al Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, luego de once años de perseverar para que el Incoder otorgara su derecho al territorio donde han vivido históricamente; finalmente entregó 73.000 hectáreas, pero aún faltan las hectáreas que el Gobierno en el periodo del expresidente Álvaro Uribe -en 2008- concedió para exploración a la multinacional AngloGold Ashanthi, multinacional surafricana, que ha sido demandada en varios países donde hace presencia porque ha generado daño al medio ambiente, a los ríos y ha estado vinculada con violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. (Ver Los lunares de AngloGold Ashanti).

Las FARC hizo presencia en el departamento del Chocó, desde los años 80, con sus frentes 5, 58, 57 y 34. Pero luego de la firma de los acuerdos de Paz, el grupo armado se fue de la región para su desmovilización a principios de 2017, se encuentran en las zonas campamentarias establecidas en los acuerdos, y al irse, ese territorio ha sido paulatinamente ocupado por las Autodefensas Gaitanistas, quienes se disputan con el ELN, el control de la gran minería y las rutas de cultivo y transporte fluvial de la economía ilegal.

A comienzos de los años 9O los grupos paramilitares también hicieron presencia en este territorio, se llamaban las “Autodefensas Unidas de Colombia”, como resultado de la expansión de esas estructuras desde el Urabá Antioqueño y del Valle del Cauca, en el Norte del Departamento apareció el Bloque «Elmer Cárdenas» comandado por alias ‘El Alemán» y hacia el Sur, el Bloque «Calima», de ese modo se inició a sembrar una oleada de terror contra la población civil. En el marco de las incursiones, se dio en la región del Atrato “la masacre de Bojayá”, como resultado del fuego cruzado entre Autodefensas y las FARC. A finales de 2016 las FARC pidieron perdón a la comunidad.

Por su parte el ELN también hace presencia en este territorio con los frentes “Ernesto Ché Guevara”, el Frente “Manuel Hernández” y “Resistencia Cimarrón”. Negocian “impuestos” para permitir a los mineros –paisas en su mayoría- que realicen minería ilegal. Sin tener en cuenta que están negociando sobre un territorio que es de las comunidades étnicas y hacen daño al tejido social de las comunidades y al medio ambiente.

La vicepresidencia de la República en un informe de 2014 menciona, “El mayor valor estratégico del territorio chocoano es su posibilidad de servir como corredor entre las costas Pacífica y Atlántica con el interior del país. Las conexiones se hacen por ríos o caños ubicados cerca de la cordillera y las escasas vías que comunican al departamento con Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca. Además, su cercanía a la frontera con Panamá refuerza las ventajas para el comercio de armas y de droga y la explotación ilegal de minerales” (Programa presidencial de Derechos Humanos, publicado por el diario El País, 2014).

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Claudia Liliana Meza Romero
Socióloga – investigadora