La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó –AHERAMIGUA- denuncia el homicidio de un civil, presuntamente a manos de uniformados del Ejército Nacional.
Dicha imputación se da a conocer este lunes 10 de abril por medio de un Comunicado en el que la Asociación relata los hechos, antecedentes, exigencias y solicitudes, en torno al asesinato de Eduardo Gutiérrez, ciudadano entre 45 y 48 años de edad, quien apoyaba la apertura de una carretera en la región y el cual sería contratado por la administración municipal.
Según la comunidad el delito se cometió el 9 de abril de 2017 (día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado), entre las 11:45 am y las 12:00 m, en la vereda Mina Gallo del municipio de Morales en el Sur de Bolívar. Con forme a la información los culpables del delito son los miembros del Batallón de Selva #48 de Santa Rosa, quienes sin previo aviso accionaron una ametralladora contra el pecho de la víctima, ocasionándole la muerte.
“La comunidad informa que los militares llevaban varios días escondidos en el área y que el día del homicidio, se realizaron constantes sobrevuelos de helicópteros”, dice el comunicado.
Como referencia está que en meses anteriores se habían “intensificado en la región los operativos y combates entre el Ejército Nacional y rebeldes del ELN, afectando y atemorizando permanentemente a la población civil” y que “el jueves 23 de marzo, como lo informó la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –Cahucopana-, miembros del Ejército nacional, por medio de un francotirador, asesinaron a un mototaxista y a su pasajero, éste último sería un presunto insurgente del ELN. Los hechos ocurrieron en la zona límite conocida como Panamá Nueve, entre los municipios de Santa Rosa del Sur y remedios”, data el comunicado (Ver Organización denuncia llegada del paramilitarismo a zonas rurales de Antioquia).
Entre las exigencias que hace AHERAMIGUA están que el Gobierno Nacional y el ELN establezcan un cese bilateral de hostilidades y avancen con celeridad en las negociaciones de paz. El Gobierno Nacional debe garantizar la seguridad de la comunidad. Es necesario que los Gobiernos local, departamental y nacional lleven a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la libre movilidad, y al acceso a la justicia de los habitantes de la región.
Así mismo se pide a la defensoría del pueblo, a la procuraduría y a las demás autoridades pertinentes se investiguen los hechos denunciados anteriormente; a la Fiscalía General de la Nación que sean investigados penalmente los actores responsables del homicidio en persona protegida que se denunció y que el Ministerio de Defensa garantice los Derechos Humanos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
Por todo lo anterior las solicitudes establecidas en el Comunicado son:
- A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano.
- A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento a estas regiones golpeadas por los actores armados.
- A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos se pronuncien frente a la situación.