La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA- alerta desde hace días sobre posible incursión paramilitar en zona rural del departamento y denuncia violación de derechos humanos a población civil y líderes sociales.
Desde el Comité territorial de paz y acompañamiento humanitario de CAHUCOPANA se hace público que las comunidades de los municipios de Remedios, Segovia y El Bagre, entre otros, se han visto afectadas por una serie de atentados en la región que vulneran sus derechos.
Entre los hechos están:
El pasado jueves 23 de marzo fue asesinado Hernán Guillermo Villa Gómez, campesino y mototaxista, “por parte del Ejército Nacional en la vereda Panamá Nueve. En los informes oficiales que publica el Ejército afirma que la operación militar fue legítima y que el campesino era miembro del ELN, pero la comunidad reitera que Hernán es (era) habitante de la vereda y se han iniciado las respectivas diligencias judiciales ante este caso de ejecución extrajudicial”, afirma la Corporación.
El 5 de abril en la madrugada, en el caserío de Mina Nueva, un petardo de menor intensidad detonó en un establecimiento público llamado Bombillo Rojo, afortunadamente no hubo daños humanos pero la infraestructura se afectó de manera importante, aunque se desconoce el autor del hecho, se presume que son organizaciones paramilitares que, como ha denunciado anteriormente CAHUCOPANA, han avanzado de manera significativa en las zonas rurales fronterizas.
Cabe resaltar que “cerca de este caserío, en la vereda Carrizal, está ubicada una Zona Veredal Transitoria de Normalización, donde existe un importante trabajo organizativo liderado por mineros y campesinos habitantes de la región, quienes impulsan procesos de defensa del territorio y dinamizan la exigencia de formalización de la pequeña y mediana minería”, da a conocer la Corporación.
El jueves 6 de abril, entre las veredas Caño Tigre, Dos Quebradas y Camelias, en horas de la tarde dos hombres vestidos de negro quienes portaban armas cortas y machetes, afirmando ser parte del gobierno, ingresaron a la casa de una de las familias campesinas de la zona, les encerraron e indagaron sobre el paradero de un agricultor de la región y finalmente prohibieron a la familia salir o moverse de ese lugar, por lo que miembros de la comunidad y de la Corporación Cahucopana prestaron acompañamiento humanitario y trasladaron a las víctimas a un lugar seguro.
Finalmente este domingo 9 de abril, día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, a las 5:30 p.m ocho hombres vestidos con prendas negras los cuales portaban armas largas (fusiles y subametralladoras), se presentaron en un lugar conocido por las comunidades como El Rastrojito, cerca al Resguardo Indígena Tagual – La Pó y a la Vereda Las Guaguas, de jurisdicción de Segovia, realizando lo conocido como “vacunas” entre los finqueros, conforme a las tierras que tienen en su propiedad.
Según habitantes los hostigamientos por parte de grupos paramilitares hacia los líderes de Cahucopana son reiterativos y los sujetos que llevan a cabo dichas acciones “andan vestidos de civil portando armas y preguntando acerca de las reuniones que tienen las comunidades”.
La Corporación hace énfasis en que “en lo corrido de este año, se han presentado amenazas en contra de la comunidad del casco urbano, en especial a los líderes sociales, mediante panfletos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre otros medios, las cuales se hacen a nombre de estructuras que se autodenominan “AUC”, “Águilas Negras Nueva Generación” “Águilas Negras – AUC”, “Águilas Negras”, “Comando Central – Los Rastrojos”, “Los Rastrojos”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “AGC”, “Los Gaitanistas”, “Los Urabeños”, entre otros”.
Los antioqueños sostienen que temen ser relacionados como “guerrilleros o colaboradores de los mismos, de manera indiscriminada e infundada, encontrándose en peligro la vida y la integridad física propia y la de sus familias”, además de esto expresan que estos acontecimientos posibilitan “la llegada y puesta en marcha de una nueva arremetida paramilitar en la región”.
Según informes debido a lo anterior el Sistema de Alertas Tempranas emitió un informe de riesgo del año 2016 para los municipios mencionados, de igual forma se ratificó que las organizaciones sociales de estas zonas son identificadas como población en situación de riesgo por ser defensoras de los derechos humanos.
De este modo el Comité Territorial de paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antioqueño “hace un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones municipales en el cumplimiento de su deber de protección de las comunidades minero campesinas del Nordeste Antioqueño, en razón de la persistencia de hechos que ponen en riesgo la vida e integridad física de los habitantes de la región; exigiendo adelantar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la seguridad personal, la integridad física y la libre movilidad de las comunidades en general, además de sus líderes y lideresas”.
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