A la paz se la tragó la política. Ya no es la paz moral de la reconciliación integral, que se busca gratuitamente, sin esperar a cambio votos, poder o recompensas, cuyo logro es el fin de la guerra que beneficia a todos.
Como la paz moral fue engullida por la contienda electoral, la palabra ‘paz’ se utiliza con otro significado. Paz y No-paz son las opciones de voto por la presidencia. Es una ‘paz’ sin gratuidad. Porque en política nada es gratis. Todo lo que un candidato gana lo pierde el otro.
Nada hay de malo en la confrontación política. Es la democracia. Pero es malo que se cambie el sentido ético de la paz. Porque la realidad social está hecha de actos de hacer sentido, y un cambio de significado produce efectos determinantes en la sociedad y las instituciones y puede frenar el proceso serio que paró la guerra, las masacres, los secuestros y los ‘falsos positivos’, y que ha sido apoyado por la comunidad internacional.
La manipulación política de la paz, que destruye su gratuidad humanitaria, no es de ahora, empezó cuando comenzaron a utilizarla, hace décadas, para definir elecciones presidenciales. Últimamente aconteció en el plebiscito, que no era necesario, y que convocó el presidente Santos para consolidar su triunfo político sobre Uribe. Éste, que había hecho el complicado acuerdo con los paramilitares sin plebiscito, aceptó el desafío y lo ganó.
«Las legítimas movilizaciones sociales necesitan diferenciar entre la paz grande del fin de la guerra y la lucha contra injusticias acumuladas durante décadas»
Desde entonces, la oposición une posverdades con protestas ciudadanas para levantar el rechazo a la paz como la manera más eficaz de ganar las elecciones. Y consigue logros.
En la última encuesta, más del 70 por ciento declara que el presidente y las Farc no cumplirán los acuerdos, que se empeorará el campo, se acrecentará la inseguridad, no habrá verdad, no se resolverá el narcotráfico y vamos hacia Venezuela. Todo eso da votos.
Temen no pocos que esta captura por la política electoral del derecho y el deber constitucional de la paz haya contaminado la decisión sobre el ‘fast track’ de la Corte, que, si bien se acepta, es un golpe duro contra la confianza del proceso que estableció la prioridad ética en la superación de la crisis humanitaria armada de Colombia.
Y los que usan como eslogan, en el fragor de la campaña partidista, el ‘hacer trizas la paz’, deberían mirar las repercusiones violentas graves de ese lenguaje en los territorios que dejaron las Farc y que ahora ocupan gaitanistas y el ‘clan del Golfo’. Esos grupos son herederos violentos de los paramilitares que definieron, en el mundo rural, las elecciones desde 1990. Y hoy copian la consigna de ‘hacer trizas la paz’ para proteger su negocio de coca contra la estrategia del acuerdo de paz. Y como lo hicieron las AUC ayer, negociarán hoy, con los barones políticos locales, la garantía del voto contra la paz, a cambio de poder mantener su dominio mafioso y criminal.
Este es un momento en el que las legítimas movilizaciones sociales necesitan diferenciar entre la paz grande del fin de la guerra, tan difícilmente conseguida, y la lucha contra injusticias acumuladas durante décadas.
El gobierno de Santos y las Farc lograron un salto humanitario inmenso para el país al terminar la guerra. Esto hay que protegerlo. Precisamente para que las causas afro del Pacífico, de los indígenas, de los campesinos y los maestros puedan lograr cambios estructurales, en un país en democracia, sin armas en la política.
Por: Francisco de Roux
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