Cuatros lugares de cristalización del conflicto armado
Según la ONU, 44 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde el inicio de 2017. Una cifra altísima para un país que está pretendiendo acabar con 70 años de violencia. Esta eliminación selectiva de los que luchan para hacer la paz, evidencia que las metas aún están lejos de alcanzar pues existen grupos armados que no están dispuestos a dejar que la población juegue su papel como sociedad civil para retomar el control de su territorio.
Acabar con la terrible violencia que ha dominado las zonas rurales de Colombia es imposible sin identificar los obstáculos a la paz que subsisten en estas regiones. Por eso, es primordial recordar las razones de aparición y permanencia del conflicto. El conflicto armado colombiano ha sido antes de todo un conflicto rural. Surgió de la disputa entre las elites regionales y las guerrillas campesinas para el control de las tierras, y de la incapacidad del Estado de lograr la reforma agraria necesaria y a abrir la escena política. Varios grupos ilegales aprovecharon la ausencia del Estado en las periferias para apropiarse los recursos. Con la firma de los Acuerdos de la Habana, los grupos ilegales del país se están disputando los territorios liberados de las FARC. Frente a la desaparición de los actores históricos – las guerrillas- los grupos ilegales se están reposicionando, en una lucha violenta para el control de los puntos estratégicos.
Con el propósito de identificar las dinámicas económicas que están desafiando el postconflicto, las investigaciones de la Corporación Nuevo Arcos Iris dan cuenta de la permanencia de la violencia y del control territorial por parte de los grupos ilegales en zonas históricas del conflicto. El informe de Sebastián Mayorga Patiño relata el fenómeno de desplazamiento forzado de poblaciones afrodescendientes en el municipio de Buenaventura, y lo explica como resultado de disputas territoriales entre los diferentes actores para el control del Puerto Internacional de Buenaventura. Además de la identificación de las acciones de las Bandas Criminales (BACRIM) que buscan un mejor control de las rutas militares y rutas de comercio ilícitos en la zona, el gran aporte de este estudio es analizar también el desplazamiento legal causado por la re-ubicación de comunidades frente a proyectos de infraestructura. Desde la privatización del puerto por las políticas neoliberales de los años 1990, las empresas privadas han desempeñado un papel importante en este ámbito.
La alimentación de la violencia hacia la población por parte de empresas nacionales y transnacionales se denota también en el caso de Barbacoas con el fenómeno de solicitud de título de minería. A lo largo de su informe, Julian Herrera Millan llama la atención sobre los desastres culturales y medioambientales causados por la explotación minería en los territorios colectivos afrodescendientes de este municipio de Nariño. El crecimiento considerable de la extracción de oro se explica en parte porque constituye una fuente de ingresos estable y una forma de lavado de dinero rentable para las organizaciones ilegales vinculadas con el narcotráfico y que se disputan las áreas de cultivos de coca desde el fin de los años noventa. Las explotaciones minerías, tanto legales como ilegales, se están implementando especialmente en las mismas regiones que las redes de narcotráfico para beneficiar de la corrupción del sector público y de sus nexos con el paramilitarismo.
Las problemáticas de la minería y del narcotráfico se encuentran también en aras del desarrollo en Segovia. En razón de sus riquezas naturales, este municipio del Nordeste de Antioquia ha sido uno de los tristemente famosos teatros de la violencia de los grupos armados a lo largo del conflicto. El informe de Wilmer Valero Holguín analiza como las formas capitalistas en el desarrollo rural se consolidaron por la colonización y la desposesión violenta de las tierras de los campesinos. Los actores económicos -legales como ilegales- lograron a concentrar las tierras y los recursos: empresarios transnacionales de agroindustria y de explotación minera -como la Frontino Gold Mines-, terratenientes ganaderos, grandes propietarios de tierra articulados a la producción agraria, paramilitares, guerrilla de las FARC, narcotraficantes… El informe cuenta como a pesar de su descontento con la extracción de oro y la ausencia estatal, la población nunca ha logrado defender sus intereses frente a los caciques y a las BACRIM que mantienen el poder político prácticamente absoluto del territorio apropiado.
A través del análisis del uso de la tierra y de la integración territorial de la zona de frontera agraria que es el Catatumbo, el último informe, realizado por Esteban Clavijo, permite darse cuenta de cómo las tensiones territoriales y los proyectos de minería y agroindustria, que vinculan el Catatumbo a la globalización, provocan el empobrecimiento de los campesinos de la región, sin darle oportunidad de conectarse con el mercado interno o de asegurar su soberanía alimentaria. El Catatumbo se caracteriza por su alto nivel de contrabando y narcotráfico, por omisión de la acción pública desde el Estado central y por los vínculos entre capitalismo criminal mafioso y el sector público. Hoy en día, a través de los nuevos planes de ruralidad integral, la élite agro-comercial ha impulsado estrategias de consolidación territorial que liguen estas zonas periféricas a nuevas formas de acumulación. El paraestado propicia así una profunda transformación de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo.
De esos cuatros zonas de violencia se destacan varias características comunes. Se trata de zonas periféricas con muy poca presencia del Estado, que constituyen intereses económicos para la producción de riquezas o para el control de las rutas de comercialización. Este valor estratégico explica por qué han sido zonas históricas del conflicto, y por qué la disputa territorial, por medios legales o ilegales, está todavía muy virulenta para permitir el mantenimiento o la expansión de los mercados de criminalidad. El conflicto ha cambiado la naturaleza del sistema económico colombiano, que pasó de manera violenta de una economía tradicional a una economía capitalista con lógicas de explotación y acumulación por desposesión. La falta de reconocimiento de la propiedad colectiva de las comunidades y del uso ancestral de su suelo, tanto por parte de los proyectos de desarrollo del Estado Colombiano, que privatiza las tierras, como por parte de los grupos ilegales que se las apropian, acentúa las tensiones territoriales. En estos escenarios, la población civil siempre es la victima de esta violencia, que modifica su ordenamiento territorial y provoca una desintegración cultural y pérdida irreversible de conocimientos tradicionales.
Así, las lógicas económicas de actores privados o ilegales todavía prevalecen sobre el bien común, y desafían la construcción de una paz durable y equitativa. A pesar de los Acuerdos de la Habana, el problema de la propiedad de tierra subiste y asegura la persistencia de la razón principal del conflicto colombiano. Con el propósito de realmente lograr la paz, los artículos llaman la atención sobre los conflictos que no se solucionarán por los únicos Acuerdos de Paz, e identifican la resolución de la disputa territorial como uno de los retos más importante del post-conflicto en los escenarios locales.
Por Alice Brogat