En próximos días la Corporación Nuevo Arco Iris –CNAI- publicará la edición Nº 21 de la revista Arcanos. Este Número contará con el editorial de Henry Cuervo y Julio Arenas, Equipo del Observatorio del Conflicto Armado y el Post-Conflicto (OCAP) de la Organización.
A continuación encuentra una parte de esta editorial y al final puede leer el documento completo en el anexo.
LA ARQUITECTURA JURIDICA PARA IMPLEMENTAR EL DESMONTE DE LAS ESTRUCTURAS SUCESORAS DEL PARAMILITARISMO, DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 3.4 DEL ACUERDO PAZ
¿Con la expedición de los decretos-Ley 154, 895 y 898 de 2017, dentro de los 180 días siguientes a la firma del acuerdo, se atacan por parte del estado las razones estructurales del método paramilitar o son insuficientes para este fin?
El análisis sobre cómo definir y enfrentar el paramilitarismo como fenómeno, fue uno de los temas más álgidos de debate entre el gobierno y las FARC, en la redacción del acuerdo final, de hecho los ciclos para construir un documento de consenso entre las partes, tardo más de un año, en el que se emplearon a fondo las subcomisiones presididas por el general Oscar Naranjo en representación del gobierno Santos y el comandante Pablo Catatumbo por las FARC. Los temas de controversia fueron:
- El reconocimiento de la continuidad del fenómeno del paramilitarismo
- La eficiencia y eficacia de las políticas de Estado para combatirlo en el pasado, presente y futuro
- Las garantías de su no repetición después de firmados los acuerdos de paz
- El compromiso del estado de extinguir las causas estructurales de este método criminal en la sociedad Colombiana.
Hoy a seis (06) meses de refrendado el “acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el presidente de la República expidió los Decretos-Ley presidenciales (898 y 895 de 2017), que se suman al decreto 154 de 2017, para dar cumplimiento a lo pactado en el punto 3.4 de dicho acuerdo, por medio de los cuales se reglamenta la creación a la “Comisión Nacional de Garantías de seguridad”, se crea la “Unidad Especial para el desmantelamiento de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” y el “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”.
Esta normatividad se debe configurar como la columna vertebral para solucionar de manera integral la persistencia del paramilitarismo en Colombia y conjurar el peligro que significa para la paz estable y duradera, la continuidad de la violencia política de carácter contrainsurgente contra los movimientos sociales, campesinos y populares que ejercen el legítimo derecho a la protesta social y a la oposición política.
Sin dejar de reconocer el compromiso del presidente Juan Manuel Santos en implementar de la mejor manera el acuerdo de paz, se debe someter a examen el conjunto de la normatividad expedida, para diagnosticar sus alcances en la enorme responsabilidad de extinguir para siempre el fenómeno del paramilitarismo.
Analicemos en primer lugar el decreto ley, 898/2017 que da creación a la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la consecución de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”
La creación de esta instancia al interior de la Fiscalía General de la Nación, debe producir un giro de 180 grados en el papel que este ente de investigación y persecución penal ha jugado en la lucha contra el paramilitarismo y sus redes de apoyo.
“Después de más de diez años de expedida la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, una de las principales críticas de víctimas y expertos sigue siendo la incapacidad del aparato judicial para juzgar a militares, políticos y empresarios, quienes, sin portar un brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), colaboraron con su expansión y financiaron sus crímenes”. Así investigan a financiadores del paramilitarismo, Verdad Abierta.com, mayo 07 de 2016Desde años atrás, la labor de la fiscalía General de la nación ha sido fuertemente criticada por las organizaciones de derechos humanos, ante la falta de resultados para dar con los responsables e instigadores de masacres y crímenes de activistas de izquierda, reclamantes de tierras y líderes populares, a lo que se suma los nexos, las relaciones y/o vínculos de algunos de sus agentes con estructuras ilegales de corte paramilitar. Recordemos que desde la fiscalía de Juan Camilo Osorio, un número importante de fiscales, investigadores y funcionarios de la fiscalía han sido procesados, condenados o implicados por sus nexos con grupos paramilitares o estructuras sucesoras de este tipo de criminalidad.
Ver completa la editorial en: LA ARQUITECTURA JURIDICA PARA IMPLEMENTAR EL DESMONTE DE LAS ESTRUCTURAS SUCESORAS DEL PARAMILITARISMO, DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 3.4 DEL ACUERDO PAZ