Hace 7 meses, el país vio cómo miles de guerrilleros de las Farc abandonaban sus campamentos y se concentraban en 26 zonas y puntos veredales. Desde ese momento, las autoridades sabían que otros actores armados intentarían copar los lugares que abandonaba la guerrilla. Y así pasó: el Eln y las Autodefensas Gaitanistas –conocidas como Clan de Golfo por las autoridades– son ahora la amenaza más certera para la seguridad de esas regiones del país. Lo demuestra el informe Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El documento acaba de ser lanzado y evidencia que tras la concentración de las Farc, los Grupos Armados Organizados (GAO como los denomina el Ejército) han ido ganando terreno en varios departamentos del país. Se han adueñado de rentas ilegales, regulan el comercio y, en lugares como Urabá y el suroccidente de Colombia, ejercen control social con “presencia estable”.
El informe de la FIP señala que “las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tienen 1.900 integrantes, pero podrían ser cerca de 3.500 si se tiene en cuenta a los que subcontratan y a los que usan su marca para asesinatos, microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia”.
Aunque las autoridades capturaron este lunes a 23 miembros de esta banda criminal en Caucasia (Antioquia), y a un jefe de finanzas de este grupo en Montería (Córdoba), como parte de la operación Agamenón II contra este grupo armado, “las AGC han sabido enfrentar al Estado al punto de poner en marcha redes de protección para diferentes sectores de la sociedad y del crimen transnacional, así como redes de intermediarios con carteles internacionales”, dice el informe.
Sobre el Eln, considerado como el otro gran enemigo de la implementación de la paz, el documento señala que “en algunas regiones parece estar más cohesionado que en otras”. De acuerdo con la investigación, desde la salida de las Farc de los territorios, esa guerrilla se pelea con las AGC el control de municipios en Chocó, Cauca, Bajo Cauca, Nariño y el Catatumbo.
Sin embargo, el hallazgo más revelador de este informe es el fortalecimiento del crimen organizado a nivel local, a través de bandas criminales emergentes. Estos grupos, conocidos por la Fuerza Pública como Grupos Delictivos Organizados (GDO), “están afectando y teniendo impacto humanitario sobre las poblaciones que en teoría se deberían estar viendo beneficiadas por la firma de la paz”, según Eduardo Álvarez Vanegas, director del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP.
¡Pacifista! presenta las ocho bandas delincuenciales que representan una (no tan) nueva amenaza contra la seguridad del país.
Los Rastrojos
Esta banda criminal, fundada por alias ‘Jabón, ‘Diego Rastrojo’ y los hermanos Comba a principios de los 2000, tiene su radio de acción más amplio en Norte de Santander. Según el informe, “Los Rastrojos se reducen a un reducto de aproximadamente 80 integrantes que se ubica en Puerto Santander, municipio de Norte de Santander fronterizo con Venezuela. Allí habrían quedado replegados en 2013, luego de una disputa con Los Urabeños (hoy AGC), en la zona metropolitana y rural de Cúcuta”.
El documento señala que las principales actividades de esta Bacrim en la frontera con Venezuela son el narcotráfico, “que incluye comprar base de coca para transportarla a cristalizaderos en Colombia o al otro lado de la frontera”; y el “hurto de gasolina en Venezuela, que luego la transportan por trochas ilegales para distribuirla en territorio colombiano”. Los Rastrojos ejercen violencia en esta región a través de “asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado, las amenazas y la intimidación por medio de panfletos”, según el informe.
La Cordillera
Lo que nació en los noventa como un grupo para controlar el microtráfico en Pereira, se convirtió en una banda criminal que funciona en el varios municipios del Eje Cafetero y del Valle del Cauca. “La principal actividad a la que se dedica esta organización es el narcotráfico. Dada la ubicación geográfica en la cual opera, La Cordillera articula las zonas de cultivo y producción con el punto de comercialización y consumo. Abastece las “ollas” y coacciona a pequeños distribuidores de cada zona para que le trabajen y le paguen un impuesto”, señala el informe.
Esta banda criminal ha utilizado,según el informe de la FIP, diferentes formas de violencia que van desde el desplazamiento interurbano, el reclutamiento de menores para labores ilícitas, la imposición de normas de conducta y la compra de policías y miembros de la Fuerza Pública.
Los Buitragueños
Herederos de Autodefensas Campesinas del Casanare, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de ‘Martín Llanos’, los Buitragueños son una organización armada al mando de “Carlos Noel Buitrago, alias ‘Porre Macho’, y Héctor Fabio Buitrago, alias ‘Ayaco’”, según el informe. “La principal actividad de esta organización es el narcotráfico, a partir de la cual lograron convertirse en nodo de una red de tráfico de cocaína que parte de Bolivia, pasa por Brasil y África y llega, finalmente, a mercados europeos”, dice el documento.
Los Botalones
Creada en 2008 por Arnubio Triana Mahecha, un paramilitar conocido con el alias de ‘Botalón’, esta banda criminal tiene zonas de influencia en el Magdalena Medio, en municipios como Landázuri, Cimitarra, Puerto Araujo, Puerto Berrío y Puerto Boyacá.
Según el informe de la FIP, “las principales actividades de esta estructura son el narcotráfico, el robo de hidrocarburos en el Magdalena Medio santandereano, la extorsión, el contrabando, el tráfico de armas y el sicariato. Los repertorios de violencia son principalmente el desplazamiento intraurbano, los homicidios selectivos, la ‘limpieza social’ y las amenazas”.
Los Caqueteños
Esta banda criminal nació y se sostiene gracias al “acopio de drogas para las organizaciones brasileñas que operaban en Leticia (Amazonas) y en las localidades de Caballococha, Cuchillococha y Santa Rosa, Perú”, según el informe. “Los Caqueteños son intermediarios entre las estructuras que cultivan y procesan la pasta base, y traficantes internacionales, principalmente de Brasil”.
Los Costeños
Este grupo armado opera principalmente en Barranquilla y municipios como Soledad, Puerto Colombia y Malambo, en Atlántico. “Esta organización se dedica, principalmente, al tráfico de drogas y armas de fuego en la zona costera que une a Cartagena y Barranquilla. Según investigaciones de la Fiscalía, la organización trabaja con delincuentes de esta zona, en especial, con varios expendios para el narcomenudeo en Cartagena”, dice el informe.
El documento también señala que “otra de sus fuentes de financiación es el cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores, quienes pueden ser víctimas de asesinatos selectivos por medio del sicariato. Las investigaciones de las autoridades señalan que esta banda recibe cerca de 200 millones de pesos mensuales, producto de esta actividad”. Este grupo también podría tener influencia en municipios de La Guajira.
Los Pachenca
Según el informe de la FIP, no hay mucha información de esta banda criminal. Sin embargo, se cree que este grupo “hace parte de la estructura de subcontratación de las AGC”. Este grupo opera en varios departamentos de la costa Caribe colombiana y, de acuerdo al documento, “tiene una estructura más o menos jerarquizada: cuenta con un jefe o cabecilla mayor, luego con una serie de cabecillas intermedios como jefes de finanzas, de sicarios y de microtráfico, encargados de la distribución de las drogas a los expendios. Luego está una red compuesta por sicarios, cobradores de extorsión, distribuidores y vendedores de droga, informantes y colaboradores”.
El Clan Isaza
Este grupo nació en los años 70 como un ejército privado de pobladores del Magdalena Medio. Su principal promotor fue el paramilitar Ramón Isaza, quien luego comandó las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de las AUC. Según el informe de la FIP, “el Clan Isaza se encuentra en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo y San Luis, en Antioquia. Sus actividades son, principalmente, la prestación de servicios de seguridad a narcotraficantes, por medio de un sistema de ‘arriendo’ y custodia de fincas, en las que se montan laboratorios de procesamiento de droga”.
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