Si usted quiere saber dónde se inicia la corrupción es posible que encuentre numerosos orígenes: en el deseo de enriquecimiento rápido, en la ausencia de educación, en la falta de oportunidad, en la forma en que se escogen y nombran a los funcionarios públicos de los organismos de control, en la politización de esos entes de control y de la justicia, en el temor a denunciar, o a una desconexión entre los ciudadanos y el Estado, entre otros orígenes.
En el caso del departamento de Córdoba no cabe duda de que todos estos factores contribuyen en mayor o menor escala, pero con el agravante de que la corrupción se elevó a la categoría de “crimen organizado” y por tanto es también la “peor forma de violencia”, tal como quedó evidenciado en el Foro Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia, adelantado en Montería por Foros Semana.
De modo que si se parte de la premisa que para combatir la corrupción hay que hacerlo desde su origen, por muchas herramientas técnicas que tenga el Estado, resulta muy difícil controlarla por cuanto que los contratos para la ejecución de obras o implementación de proyectos de cualquier tipo se adjudican es para pagar los costos de la millonarias inversiones que se hacen en las campañas políticas, con participación de todos los socios públicos y privados. Desde esa mirada es difícil controlar las adjudicaciones de contratos, cuando quienes tienen que decidir estan también permeados por influencias políticas de quienes los hicieron nombrar en dichos cargos.
Todo lo anterior nos lleva a pensar que existe una línea indeleble de la corrupción que incide necesariamente en las decisiones contractuales y en el manejo de los recursos públicos. Una línea gris que hace parte de toda una maquinaria sistemática, criminal y bien aceitada; es decir, los corruptos en Colombia y particularmente en Córdoba no son, como algunos podrían pensar, únicamente productos de una serie de factores sociales, ni los corruptos tampoco son ningunos “juan de los palotes” productos de una sociedad objetivamente injusta; los corruptos de ahora son, en Córdoba y en tiempo real, producto de la incontrolable incidencia del poder político que ya no le pertenece solo a los antiguos caciques de pueblos abandonados sino a toda una élite de políticos “bien educados” en el arte de la corrupción, sí, educados, en el significado literal de lo que es la educación, pero vaya una a saber bajo qué tipo de educación, la que incluso han recibido en las mejores universidades del país y del mundo; “educados” para robar recursos de todo tipo, mediante el sistema de la compra de votos a toda una clientela llena de necesidades, que tiene su nicho en el pueblo que los elige. Tampoco quienes protegen a estos corruptos de cuello blanco son cualquier bandido de trabuco, chopo o escopeta, ahora son sicarios al servicio de todo un engranaje criminal.
Para llevar a la quiebra a esa industria de la corrupción se requiere de muchas cosas, pero sobretodo del rol de la sociedad civil y del mismo sector privado honesto, mediante una “sanción social” a los partidos políticos que respaldan a los funcionarios públicos elegidos popularmente o nombrados por influencias de dichos partidos. Si partimos de que el voto comprado es el primer paso hacia la corrupción, también el voto a conciencia, no comprado, transparente, debe ser el primer paso para combatirla.
Por Ramiro Guzmán Arteaga
Comunicador social periodista, Mg en educación y profesor universitario