Declaración política XI Asamblea Nacional de la Corporación Nuevo Arco Iris

Las y los integrantes de la Corporación Nuevo Arco Iris, reunidos en la ciudad de Bogotá los días 6, 7 y 8 de octubre de 2017, con el objetivo de tomar decisiones de importancia para el futuro de nuestra entidad y coherentes con el espíritu de reconciliación que nos concitó desde nuestra creación en el año de 1994, de trabajar sin descanso por la paz, la democracia y la justicia social para Colombia, aprobamos la siguiente declaración política.

1. Condenamos los graves hechos ocurridos en el municipio de Tumaco, Nariño, el día jueves 05 de octubre, en los que fueron asesinados los campesinos Aldemar Gil, Diego Escobar Dorado, Nelson Chacuendo, Janier Usperto Cortéz, Jaime Guanga y Alfonso Taicus, así como heridas otras 50 personas entre hombres y mujeres, en un operativo de erradicación forzada adelantado por tropas del ejército y la policía nacional. (Ver Nueve campesinos son asesinados mientras se movilizaban en Tumaco, presuntos responsables: Fuerza pública)
   
   Las denuncias de las comunidades y las organizaciones campesinas de Tumaco, señalan como autores materiales a miembros de la policía y el ejército, que dispararon armas de fuego en contra de los manifestantes que se oponían al operativo de erradicación forzada en el corregimiento de Llorente.Frente a estos graves hechos exigimos que la ONU y organismos de control e investigación judicial como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del pueblo, realicen una investigación a fondo que establezca la verdad y responsabilidad de este doloroso suceso. En ese sentido criticamos las primeras versiones expresadas por mandos militares en el terreno, que han pretendido crear un manto de dudas sobre lo ocurrido, pretendiendo inculpar a las comunidades victimizadas del desenlace de esta cruenta acción. (Ver Asominuma cuestiona informe sobre ataque a campesinos en Tumaco)

   En tiempos de paz e implementación, las Fuerzas Militares no pueden actuar como un ejército de ocupación y dirigir sus armas contra la población civil. En el Derecho Internacional Humanitario está taxativamente prohibido que soldados y policías armados para el combate intervengan en protestas ciudadanas de carácter pacífico, por el riesgo inminente que ello implica.Por lo tanto, si concluidas las investigaciones se establece que miembros del ejército o la policía son responsables de esta grave masacre el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, debe reconocer su responsabilidad, castigar a los responsables, enviar los expedientes a la recién creada Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y asumir el compromiso de cumplir con las garantías de verdad, reparación y no repetición.

   En virtud de lo expuesto, solicitamos al Gobierno Nacional detener de inmediato la equivocada estrategia de erradicación forzada de cultivos de uso lícito, porque rompe violentamente con los acuerdos de sustitución voluntaria firmados hasta la fecha con más de ochenta (80) comunidades campesinas cocaleras en todo el país, incluidas las de Tumaco. La sustitución voluntaria es la política pública que defiende con vehemencia el movimiento campesino cocalero a través de la protesta pacífica.

2. En lo que respecta a la implementación del acuerdo de paz, convocamos a todos los movimientos y organizaciones de la sociedad civil a cerrar filas en defensa del acuerdo de paz, ante los intentos de sectores políticos de la derecha, representados en el Congreso de la República como el Centro Democrático y Cambio Radical entre otros, de limitar las funciones y autonomía de la JEP, ahogar el espíritu de participación de las regiones más afectadas por el conflicto, que se busca con la creación de las circunscripciones especiales de paz y en general hundir los proyectos de ley que deben ser aprobados por el congreso para la implementación de la paz.
3. Así mismo reafirmamos nuestro compromiso histórico de respaldo a las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano y hacemos el llamado a enriquecer los escenarios de participación popular como la Mesa Social de Paz y demás espacios en los que se discuta y se nutra la agenda de negociación de la mesa de Quito.
4. Frente a los graves y continuos escándalos de corrupción que sacuden nuestro país, como lo es los casos de Odebrecht, Panama Papers, parapolítica, corrupción de las altas cortes, entre otros, y que implican a todas las instituciones públicas, consideramos que es de carácter estructural que requiere para extirpar el cáncer de la corrupción. Esas medidas deben surgir de la ciudadanía, del constituyente primario, de las organizaciones que están por fuera de la politiquería y de la mafia público-privada. Por eso respaldamos los mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares, los procesos de revocatorias de mandato, las veeduría ciudadanas, las consultas frente a la explotación minero energética (Santurbán, Cajamarca, entre otros) y la movilización ciudadana por la transparencia y contra la corrupción.
5. Finalmente ante las graves amenazas que se ciernen en contra de la construcción e implementación de una paz completa con las FARC y el ELN, sumada a la gigantesca corrupción que amenaza con colapsar nuestro estado de derecho, hacemos un llamamiento a todos los sectores democráticos y honestos de país a construir una gran convergencia, sin vetos ni condicionamientos, que consolide una candidatura única de los sectores en favor de la paz y contra la corrupción para las elecciones presidenciales del año 2018.

ADICIÓN AL PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO

La Asamblea Nacional de la Corporación Nuevo Arco Iris – CNAI- quiere hacer público su reconocimiento a la labor desempeñada por la Misión de Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC y ELN y expresa su respaldo y agradecimiento por su invaluable contribución a la construcción y consolidación de una paz completa, estable y sostenible.

En tal sentido también hace un llamado a la comunidad internacional y a las agencias de cooperación internacional tanto de carácter multilateral como no gubernamentales a revisar y reorientar su solidaridad y acompañamiento a las acciones y cumplimiento de los compromisos para la construcción de paz en Colombia los esquemas, prioridades, enfoques, procesos y actores de manera que se contribuya a la reparación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil afectadas por el conflicto armado y la violencia política de manera que se reconstruya y fortalezca el tejido social necesario para la reparación y la reconciliación de nuestro país.

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