Las Farc confirmaron que seis integrante de su organización fueron asesinados en Isupí, El Charco, Nariño el pasado 15 de octubre. Aseguran que habían advertido de la tragedia al Mecanismo Tripartido de Monitoreo que dejó de funcionar hace unos días.
En un comunicado emitido por Farc desde el Espacio Territorial «Aldemar Gaitán» antes zona veredal en Nariño, se informa sobre el asesinato de seis ex combatientes en Isupí, localidad de San José de Tapaje, del Charco, Nariño. Y se desmiente que haya sido a cargo de «disidencias» de esa organización ex guerrillera que firmó la paz con el gobierno el pasado mes de noviembre, hace un año.
- Carlos Sinisterra (Kevin González)
- José Miller Estupiñan Toloza (Alexis Estupiñan)
- Edinson Martínez Ordoñez (Carlos “Pescadito” Perea)
- Duber Alberto Obando Vallecilla (Junior Velasquez)
- José Alfredo García Estupiñan (Bruno Suarez)
- Y Johan (No se logró determinar su nombre completo)
Tomando las informaciones conocidas y acopiadas hasta ahora, y basándonos en ellas como elementos de juicio, desde el ETCR “Aldemar Galán” alzamos nuestra dolorida voz de indignación. Nuestra voz de rechazo ante hechos macabros como el sucedido en San José de Tapaje, en la localidad de Isupí el pasado domingo 15 de octubre.
Así describe el documento con fecha del 18 de octubre.
No puede pasar desapercibida la infame y cobarde masacre cometida por la banda encabezada por personajes con los nombres de Robinson Alirio Cuero Obando (Álvaro Galán) y Eliecer García Estupiñan (Marcos Arteaga) entre otros. Ya en ocasiones anteriores estos mismos personajes, han realizado acciones hostiles contra las comunidades de las cuales hacemos parte las personas que, avanzando en el proceso de paz, honramos con los hechos la palabra empeñada. Dejamos claro que a estas bandas no se les puede llamar “disidencias”, como alegremente pretenden denominarlos los medios tradicionales de comunicación. Si fuese así estarían planteando una lucha ideológica y de cambio social equivocada o no, pero lo que hacen es arremeter con violencia desenfrenada, no contra un estado o gobierno, sino literalmente contra sus propios hermanos de raza y de sangre, buscando alcanzar poder local para obtener beneficios económicos particulares. Y es ahí donde surgen las preguntas:
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¿Quién o quiénes, en las instancias del poder del Estado y del gobierno, están detrás de semejantes acciones? ¿Quién está interesado en azuzar y permitir la eliminación física de las personas que somos portadoras de una larga y digna tradición de lucha popular? ¿Acaso no es la mejor coartada utilizar a estas bandas para que realicen actos de canibalismo social y político que solo favorece a los poderosos de siempre? O de qué otra manera se explica que no se realicen acciones contundentes contra semejantes manifestaciones, cuando todo el mundo sabe quiénes son los integrantes y por dónde se pasean.
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La alerta de que esto se estaba fraguando, la elevamos ante la composición tripartita del mecanismo de monitoreo y verificación – donde tenía asiento representación del gobierno – desde el mismo momento en que se detectó cuando transcurrían los días de la ZVTN. Pero no pasó nada, y ahí están las consecuencias.
El asesinato de estos 6 ex combatientes se suma a la reciente masacre de campesinos en Tumaco, según denuncian ellos, por parte de la Policía Antinarcóticos; también al homicidio ayer de un líder social de esa misma comunidad quien denunció dicha masacre y había sido amenazado. ¿Dónde están las garantías de seguridad para la paz? Expertos opinan que gobierno debe cumplir con lo acordado para no empeorar la situación en el país. Por ejemplo: en lo relativo con las garantías de seguridad, la unidad para desarticular el paramilitarismo y la protección a líderes sociales que hace parte también de los compromisos de gobierno en el cese al fuego con ELN.
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