Los paros cocaleros son la parte visible de un complejo problema alimentado durante años de guerra y abandono estatal. Viajamos a San José del Palmar (Chocó) para entender el dilema de los cocaleros y la desconfianza de éstos a los programas de erradicación voluntaria. Esta es la historia.
“La paz debe ser con apoyo al campo. El campo no sale adelante con que le den a uno una bolsa de semillas de perejil y cilantro”, explica con firmeza Eladio Gómez Salazar ante 300 vecinos del corregimiento La Italia –San José del Palmar, Chocó– reunidos en asamblea desde el 27 de octubre para rechazar la erradicación forzada de cultivos de coca. “Nos hemos vuelto marionetas de los políticos, sólo existimos en las campañas”, prosigue Eladio Gómez mientras enumera, como buena parte de los presentes, aquel viejo memorial de agravios: no hay vías, no hay puentes, no hay escuelas, no hay electrificación, no hay puestos de salud, no hay proyectos productivos, ni créditos, ni acompañamiento técnico para los campesinos, se llevaron las oficinas del Banco Agrario y del Fondo Ganadero, no hay trabajo, no hay tierras. “Esa es la guerra”, concluye.
En el corregimiento de La Italia todos conocen la barbarie. Quienes sobrevivieron no olvidan que el 29 de septiembre de 2005 miembros de las Autodefensas Campesinas Unidas del Norte degollaron a uno de los muchachos de los Gañán, en el Alto del Oso, para jugar fútbol con su cabeza. A otro campesino evangélico que era dueño de la finca más grande de esa vereda un paramilitar apodado el Perro lo ajustició con estas palabras: “¿Usted cree mucho en Dios? Pues vaya mándele saludes de mi parte”. Un mes más tarde, el 26 de octubre de 2005, en un operativo conjunto de las FARC y el ELN, 200 guerrilleros atacaron la base de los paramilitares en el Alto del Oso durante un combate que se prolongó 15 horas con un saldo de medio centenar de muertos. La gente recuerda que las guerrillas hicieron cinco asaltos fuertes entre 2005 y 2006 hasta que lograron echar a los paramilitares de las veredas de San José del Palmar. Las historias de volquetas cargadas de cadáveres o de ancianos que caminaban jornadas entre el monte para desenterrar los cuerpos de sus hijos son frecuentes en La Italia. La tasa de homicidios del pueblo –la más alta del Chocó durante toda esa década– pasó de 196 por cada 100.000 habitantes en 2004 a 385 en 2005, aquel fue el año más duro de la arremetida paramilitar y la contraofensiva guerrillera. Esta estadística probablemente resultó incompleta porque la violencia sucedía casi toda lejos del casco urbano y muchos cadáveres nunca fueron recuperados. Sólo es posible comprender la magnitud de la confrontación cuando la cifra de asesinatos se compara con el resto del departamento donde el promedio era diez veces menor. Ni siquiera la Medellín de los tiempos de Pablo Escobar alcanzó tasas de homicidio tan altas.
En 2007, las FARC mataron a la alcaldesa Blanca Inés Marín, quien era muy cercana al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, tras acusarla de propiciar y tolerar la expansión de los paramilitares en el municipio. El Perro, Macario y El Enano eran algunos de los temidos jefes paras enviados por Diego Montoya, Dávinson Gómez y otros mafiosos del Norte del Valle para apoderarse de los cultivos de coca en San José del Palmar. Aquella arremetida paramilitar sucedió en medio del estropeado proceso de negociación que las Autodefensas sostenían con el gobierno de Uribe Vélez, varios de los heridos que llegaron al hospital de Cartago después de los combates resultaron ser desmovilizados recientes de algunas estructuras de las Autodefensas que supuestamente ya habían entregado las armas. Los reclutaban por $800.000 mensuales y el dinero era aportado por las mafias del Norte del Valle, interesadas en consolidar un corredor estratégico desde el Valle del Cauca y el Eje Cafetero hacia el Chocó y el océano Pacífico a través del Cañón del río Garrapatas y otros afluentes del Alto San Juan.
El apogeo de la coca llegó a San José del Palmar después del año 2000. En esa época se acabaron las ferias de La Italia, tan famosas en la comarca, en las que los labriegos de veredas como Suramita, Patios, Curundó o San Pedro de Ingará, acudían hasta el corregimiento a vender animales y frutos de la tierra que partían en camiones hacia Cartago. Se ganaba poco, dicen, pero la vida era más barata. La hoja verde reemplazó la vocación agrícola de aquella zona del Chocó que, a diferencia del resto del departamento, era habitada principalmente por colonos mestizos de origen paisa. Desde entonces ha sido exponencial el aumento de la coca en el departamento: en 2001 se reportaron 354 hectáreas que tras altibajos alcanzaron un pico histórico de 3.429 en 2012. Según un informe de la ONU de 2016, en el Chocó había 1.803 hectáreas cultivadas con coca, pero esta cifra parece haber incrementado los últimos meses. En el corregimiento de La Italia fluyeron ríos de dinero con la bonanza cocalera. Se escuchan anécdotas de cultivadores que llegaron a tener cincuenta o cien millones de pesos en la mano después de la cosecha. Se instalaron prostíbulos, discotecas, panaderías y almacenes de insumos agrícolas, una estación de gasolina y hasta una oficina de giros porque el caserío se había llenado de cocaleros de Nariño, Putumayo o Antioquia que llegaban a buscar fortuna.
Los líderes comunitarios calculan que hoy pueden existir más de mil hectáreas sólo en jurisdicción de San José del Palmar. En el municipio vecino de Nóvita, donde el Ejército está fumigando los cultivos con aspersión manual de glifosato desde la primera semana de octubre, la cifra sería menor. No es un secreto que toda la economía de la región depende del narcotráfico y la minería informal.
“Nos preocupa, en esta zona que se ha cultivado tanta coca, que el Gobierno tiene que cumplir si quiere acabar con los ilícitos”, afirma Claudio Chávez, vocero de una de las veredas. “Como campesinos nos tenemos que defender con nuestro sustento”. Aunque la gente firmó los acuerdos de erradicación voluntaria, a nadie le convence la lógica del Gobierno, que propone arrancar las matas sin aclarar de qué van a vivir los meses siguientes. “Nada se gana un campesino con que lo despachen con uno o dos millones de pesos”, dice Gerardo Jaramillo, el coordinador de la protesta; “con eso no vive nadie”. La propuesta de la comunidad a Esteban Casas, el delegado de las Naciones Unidas que participó en las reuniones donde se firmaron los acuerdos, consistió en que ellos mismos iban a erradicar el 25% de la coca mientras llegaban los proyectos de mejoramiento de vías, educación y asistencia técnica. Solicitaron la entrega de la mitad de los subsidios que el Gobierno tiene presupuestados (36 millones de pesos por familia) con el propósito de emprender nuevos cultivos, siempre dejando claro que en menos de dos años será imposible acabar con toda la coca puesto que cualquier otro producto tarda más tiempo en establecerse y rendir resultados. Arrancar las matas en condiciones diferentes traerá hambre, violencia y desplazamiento.
Sin embargo, no todos están convencidos que el tránsito a los cultivos legales sea tan sencillo. “Qué nos ganamos nosotros con dejar la coca y ponernos a sembrar productos si estamos embotellados”, dice Pedro Valencia, “yo llevo 54 años en esta tierra y nunca hemos tenido por donde sacar los productos”. La gente echa cuentas con los costos de fletes y los precios del plátano, el cacao o el borojó en las plazas de mercado, pero las ganancias no se ven por ninguna parte. “Puede que las vías sean parte de la solución”, duda uno al que todos llaman Toñito, “pero tenemos que pensar en el comercio de los productos”. Por eso mucha gente prefiere que el Gobierno les entregue tierras en otra región en lugar de los subsidios por erradicar la coca. Hay fincas que se encuentran a una o dos jornadas en bestia por caminos durísimos que atraviesan la selva, son terrenos tan lejanos y agrestes que ningún producto sería rentable. “Algunos se quieren ir porque no han sido de acá”, explica Gerardo Jaramillo, “entonces no quieren los 36 millones, solicitan mejor la restitución de tierras en otro lado”.
La guerra provocó la huída masiva de miles de labriegos que llegaron desplazados a municipios cercanos, principalmente a Cartago, epicentro económico y político de la región. Los terrenos abandonados fueron repartidos por las guerrillas entre la gente y hay predios que terminaron en manos de nuevos cultivadores, muchos de ellos venidos de otros lugares del país. Así se generó un lío de tierras que el Gobierno no ha mostrado voluntad de resolver. Los antiguos colonos han entablado demandas de restitución y los ocupantes de buena fe que llegaron después de la violencia son quienes van a recibir los subsidios por la erradicación, es posible que esto cause nuevos pleitos y conflictos. La mitad de los predios en La Italia no tiene escrituras ni títulos, o se encuentran en zonas de reserva natural.
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Cuando acribillaron a Giovany Leiton con su esposa en su propia finca de la vereda Zabaletas, el 4 de enero de 2014, todo el mundo por acá supo que le estaban cobrando haber encabezado el paro cocalero del año anterior que había durado dos meses. Fue uno de los ocho paros con que los campesinos de La Italia han enfrentado la erradicación forzosa. Giovany era un indígena oriundo del Putumayo, pertenecía al movimiento Marcha Patriótica y estaba liderando la conformación de una asociación en San José del Palmar. Su muerte fue presentada por la prensa y las autoridades como un crimen pasional.
El paro cocalero más fuerte ocurrió en 2006. El 12 de junio de ese año, 3.000 afros de los Concejos Comunitarios del río Tamaná subieron hasta San José del Palmar y paralizaron el pueblo una semana. Al año siguiente llegó la peor erradicación de la que se tenga memoria en la región, con fumigaciones aéreas en el bajo Tamaná y el Surama. No obstante, la coca nunca se ha acabado. La gente cree que el precio va a repuntar en los próximos meses cuando la sustitución comience en serio en otras partes del país y haya escasez de pasta base. El precio del kilogramo, que llegó a pagarse en La Italia a $1.500.000, subió ya por encima de los $2.000.000, libre del impuesto al gramaje que se lleva la guerrilla del ELN.
Mientras el precio de la cocaína repunta, no llegan ni los proyectos productivos de sustitución, ni las máquinas que van a mejorar la carretera, ni los subsidios del Gobierno, pero si llegaron soldados a la vereda Patios desde el 5 de octubre. Allá las tropas le quemaron unos ranchos a los campesinos, supuestamente porque los dedicaban al procesamiento de cocaína, también arrancaron varios lotes sembrados. Un artículo de La Silla Vacía afirmaba que este año el Ejército ha erradicado 178 hectáreas de coca en el municipio y según la ONU han sido 563 hectáreas en todo el departamento. También llegaron funcionarios de la Fiscalía que el 8 de agosto capturaron a Norberto Betancourt, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Suramita. Norberto es uno de los dirigentes campesinos más queridos de la región, al que todos llaman cariñosamente “Gatoseco”. La Fiscalía lo acusa de ser cabecilla del ELN, imputándole cargos por secuestro, terrorismo, minería ilegal y narcotráfico. Sin embargo, la comunidad cree que aquello fue una represalia para golpear la organización y disuadir las protestas cuando comenzaran las erradicaciones. “El Gobierno pensó que con capturar a Gatoseco iba a parar todo”, dice Eduardo Valencia, otro de los participantes de la protesta.
“Si hubiera un desembarco y comenzara una erradicación forzada mañana ¿qué haríamos?”, le pregunta Gerardo Jaramillo al resto de vecinos concentrados en el corregimiento. La respuesta probablemente se sabrá en los próximos días, cuando San José del Palmar se sume al panorama de violencia y confusión que impera en las demás zonas cocaleras del país. Los cocaleros tienen bastante claro cómo se podría solucionar el problema de los cultivos ilícitos en Colombia. “Nosotros mismos arrancábamos y dejábamos de joder con esa mata”, dice alguien mientras conversa en la panadería del pueblo, “pero el Gobierno no le cumple a nadie. No le han cumplido a las FARC… La guerra es lo que más les da plata”.
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