Afirmaciones de Ministro de Defensa son evidencia de desconfianza hacia las denuncias de los líderes y defensores de DDHH

En la Corporación Nuevo Arco Iris –CNAI- hemos estado tras el análisis del fenómeno paramilitar desde hace años y este seguimiento se ha dado a conocer por medio de la revista Arcanos, publicaciones web, Informes, Ruedas de prensa y de más.

Hace un año, el 15 de diciembre, la CNAI llevó a cabo la rueda de prensa que tuvo como eje principal los resultados del análisis y la socialización con expertos y actores sociales, del acuerdo de La Habana sobre: “el sistema integral para la implementación de garantías de seguridad territorial y desmantelamiento de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo” del punto 3.4., en la que se hace referencia que se cuestiona lo que se afirmaba en esos días sobre que el “Estado cumple con las garantías de seguridad a líderes sociales”.

En enero de este año la Human Rights Watch –HRW- acababa de lanzar su informe mundial para el año 2016 en el que “señaló que los presuntos herederos del poder paramilitar siguen cometiendo asesinatos, desapariciones y actos de violencia sexual”.

El Espectador en el mes siguiente publicó “La amenaza del narcoparamilitarismo” en el que se hace referencia a las 13 estructuras ilegales que hacían presencia en 351 municipios de 31 departamentos del país durante el 2016.

Es en estos seguimientos que la CNAI anuncia, por medio de una editorial denominada ¿Cómo se desmontan las estructuras sucesoras del paramilitarismo?, la publicación de la Arcanos Nº 21 en la que se tiene como eje principal “La persistencia del paramilitarismo, principal amenaza para la paz y los DDHH en Colombia”. Hasta la fecha también se han publicado las diferentes amenazas a movimientos, líderes sociales y de más.

Por lo anterior es que publicamos el Comunicado Público de integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que en calidad de expertos y delegados de las Plataformas de Derechos Humanos, lamentan el pronunciamiento del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicando que la “inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”.

El documento es firmado por Franklin Castañeda y Gustavo Gallón Giraldo, delegados Plataforma de DH y los expertos Vilma Liliana Franco R., Jaime Caycedo Turriago y Camilo González Posso.

Parte del comunicado:

Estas palabras trivializan uno de los problemas más graves que está viviendo nuestro país y ponen en evidencia una actitud de desconfianza hacia las denuncias de los líderes y defensores de derechos sobre multiplicidad de asesinatos y demás hechos victimizantes que son un ataque generalizado. La historia del país está colmada de denuncias desesperadas e indiferencia, en suma, de muertes que pudieron ser evitadas. Muchos de los hechos victimizantes contra la población en mención no son espontáneos y están relacionados con procesos de exigibilidad de derechos que afectan los intereses de agentes privados implicados o beneficiarios de la usurpación en el marco de la guerra; o han ocurrido en escenarios que deberían ser de construcción de la paz.

Los recientes hechos sucedidos en las comunidades de La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla en el Bajo Atrato Chocoano son ejemplo de lo primero. Por eso, es importante el reciente pronunciamiento del Procurador General de la Nación, según el cual: “a diferencia de lo que se ha venido diciendo durante los últimos meses y por tantas personas, aquí sí existe una sistematicidad en relación con el asesinato de estos líderes sociales [de los consejos comunitarios] porque la relación con el conflicto de tierras es evidente. Aquí hay derechos territoriales de estas comunidades que están ligados a la forma como los están eliminando”. El jefe del ministerio público también llamó la atención sobre la responsabilidad del sector privado en el ejercicio de la violencia contra las comunidades y sus vínculos con grupos armados ilegales, asunto que debería ser objeto de preocupación del Ministerio de la Defensa.

Son ejemplo de lo segundo, la muerte de más de una decena de ciudadanos en el marco de protestas sociales, muchas de ellas por el incumplimiento de los planes voluntarios y concertados de sustitución de cultivos de coca; o por el asedio de las fuerzas militares contra las comunidades para imponer la erradicación forzada. Inquieta que hechos como los ocurridos el 5 de octubre en el municipio de Tumaco, en los que varios agentes de la Policía Antinarcóticos estuvieron implicados, aún no hayan sido esclarecidos y los empiece a cubrir el olvido.

En su alocución, el Ministro de Defensa guarda silencio sobre otros hechos victimizantes que cotidianamente son denunciados y que determinan el devenir de esta democracia. Abundan las amenazas individuales y colectivas contra poblaciones que en muchos casos fueron víctimas directas o indirectas en el pasado. Para ello, sus autores, sobre los que ninguna autoridad parece tener noticia, se sirven de panfletos (apócrifos o no), utilizados como un mecanismo de terror porque apelan a la memoria viva de la violencia ejercida por los grupos paramilitares (de antes y de ahora). Algunas de ellas se han materializado y en otros casos han restaurado el miedo que modifica comportamientos, conducido al desplazamiento forzado y suprimido las libertades de expresión y asociación. Resulta, por eso, turbador que no se reconozca la gravedad de lo que es una práctica generalizada contra poblaciones específicas, que se ignore que se trata de un injusto contra bienes jurídicamente protegidos y que tiene impactos nocivos en el orden político.

Ver completo en Comunicado de los representantes de sociedad civil de la Comision Nacional de Garantias de Seguridad