Entre expectativas y escepticismos se reanuda el nuevo ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN. De un lado el gobierno no tiene mucho por ofrecer en la mesa de Quito ante la inminencia de la terminación de su mandato incluida una última agenda legislativa en la que no va a pasar nada especial, pues son las últimas sesiones del actual congreso y el gobierno ya no cuenta con mayorías para impulsar iniciativas en torno a los escenarios de paz con el ELN y de implementación de los acuerdos con las FARC.
Lo máximo que puede ofrecer el gobierno de Juan Manuel Santos es mantener el escenario de la negociación abierta para que las partes establezcan unos parámetros mínimos de entendimiento, en temas de importancia como pactar un nuevo cese al fuego bilateral desde los próximos días y hasta el 07 de agosto fecha en que se posesione el nuevo mandatario de los Colombianos.
Este cese al fuego debe incluir en sus propósitos no solo la suspensión de acciones ofensivas entre las fuerzas en disputa, sino también el compromiso de la institucionalidad de proteger a fondo a todos los líderes y comunidades sociales amenazadas en el territorio. Impartiendo órdenes al aparato militar, judicial y de inteligencia que garantice la vida de hombres y mujeres en altísimo riesgo de perder la vida por el solo hecho de defender los DDHH de sus comunidades por las vías democráticas. Brindar con eficiencia, garantías de seguridad y protección en los territorios y prevenir nuevos atentados y agresiones a los líderes sociales; es el mejor legado ético y político que puede dejar el gobierno actual a todos(as) los colombianos(as).
Otro tanto tiene que ser el compromiso del ELN en este sentido, esta guerrilla debe detener sus actos hostiles que incluyen amenazas, agresiones y asesinatos en contra de líderes de organizaciones que se oponen a sus métodos de copamiento territorial o que hacen parte de grupos de antiguos excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación.
Por otro lado, este nuevo cese bilateral podría dar un salto cualitativo, si además se extiende a las disidencias de las FARC que actúan en distintas áreas del país, a la facción del EPL que opera en el Catatumbo e incluso a las Bacrim u organizaciones sucesoras del Paramilitarismo como el denominado Clan Úsuga. En este sentido el gobierno nacional podría dar señales para integrar a estos actores armados residuales en un escenario de conversaciones o por lo menos realizar esfuerzos para desescalar integralmente el conflicto en las zonas donde se están presentando mayores niveles de violencia rural. Como el litoral, pacífico, el nordeste de Antioquia, el Catatumbo y Arauca, y en el que se están presentando confrontaciones entre actores armados ilegales por disputas territoriales y de control del portafolio de economías ilegales, sumados a los choques armados sostenidos con el ejército y la policía nacional.
Ese marco de garantías para un exitoso cese al fuego entre las partes, depende del marco de garantías que se implemente, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, de paso es clave para desarrollar el punto de la participación de la sociedad en la agenda de negociación entre el gobierno y el ELN.
Lo otro importante de la mesa de Quito es que los negociadores le hablen a los candidatos presidenciaciales sobre el futuro de esta negociación.
¿Cuáles son sus apuestas hacia la paz que las fórmulas presidenciales le proponen al país? ¿Qué candidaturas están comprometidas con continuar los diálogos de Quito e insistir en la salida negociada al conflicto armado o cuáles apuestan por la continuación de la guerra? ¿Qué tipo de modelo de negociación se requiere a partir del 07 de agosto de 2018? ¿Cuáles son las expectativas de las comunidades y el ELN para comprometerse a fondo en una negociación de paz?
Julio Cesar Arenas
Investigador del conflicto armado, Corporación Nuevo Arco Iris.